El Plan de Reactivación Social y Económica de Canarias destina menos de 15 millones a Educación de los 87 que recibirá del Estado para el plan de prevención del COVID en las aulas
La Plataforma por el 5% para Educación afirma que los 72 millones de euros desviados son imprescindibles para afrontar el incremento del gasto educativo derivado de la puesta en marcha de las medidas de prevención y los protocolos de seguridad que requerirá la vuelta a las aulas (aumentos de plantilla, acondicionamiento de espacios, dotación de material, etc).
A través de un Comunicado, la Plataforma, tras la lectura detenida del primer BALANCE DEL PLAN PARA LA REACTIVACIÓN SOCIAL Y ECONÓMICA DE CANARIAS firmado por PSOE, CC, Nueva Canarias, ASG, Sí Podemos, UGT, CC.OO, CEOE-Tenerife y CCE, Cabildos, Ayuntamientos, Cámaras de Comercio, instituciones del tercer sector y los colegios profesionales de Trabajo Social, observa con alarma y preocupación que, de los 87 millones de euros que el Estado tiene previsto transferir a la nuestra comunidad para cubrir el incremento del gasto educativo para hacer frente a las medidas de prevención y seguridad que requerirá la vuelta a las aulas en septiembre y que el Plan de Reactivación consigna como parte de los ingresos en los 914 millones previstos para financiar las 247 medidas de la primera fase del plan, solo 14,5 millones de euros se destinan al capítulo de Educación, por lo que deducimos que los 72 millones de diferencia se han dedicado a otros capítulos y acciones del plan.
«De confirmarse este hecho, resultaría grave e inaceptable», afirman. Lo que consideran sería una prueba del bajo compromiso real con la educación y de la escasa conciencia política y social de su importancia como servicio público esencial, compensador de desigualdades y palanca poderosa sobre la que impulsar el futuro formativo y laboral de la infancia y juventud canaria. Esperamos una aclaración o explicación convincente al respecto.
Desde la Plataforma no cuestionan el Plan de Reactivación Social y Económica de Canarias, al que han mostrado su apoyo y su necesidad, aportando sugerencias para su elaboración. Pero solicitan que además de respetar los 87 millones transferidos por el Estado para afrontar el incremento del gasto educativo derivado de la puesta en marcha de las medidas de prevención y seguridad que requerirá la vuelta a las aulas en septiembre, se aborde los compromisos derivados del desarrollo de la Ley Canaria de Educación que requiere, entre otras medidas, impulsar la escolarización de la educación infantil 0-3 años, reducir la brecha educativa con otras comunidades, potenciar y adecuar la oferta de formación profesional, reducir el abandono escolar temprano y planificar el próximo curso escolar con las medidas y aumentos de plantilla necesarios que permitan ofrecer a las comunidades educativas las condiciones de presencialidad, seguridad y salud que todos los informes sanitarios y pedagógicos recomiendan.