El punto 3.4 de la Resolución 73/2026 (publicada el 28 de mayo por la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias para el curso 2026-2027) establece directrices sobre neutralidad institucional. Específicamente, indica que no podrán autorizarse actividades impulsadas por colectivos caracterizados por una determinada opción ideológica que no sea neutral.
Docentes, sindicatos y Asociaciones han criticado esta norma como una imposición de censura intolerable en democracia.
El STEC-IC denuncia la deriva autoritaria de la Consejería de Educación
El Sindicato STEC ha denunciado públicamente esta orden a través del siguiente comunicado:
«Desde el STEC-IC queremos expresar nuestro más absoluto rechazo al contenido del punto 3.4 de la Resolución 73/2026 sobre organización y funcionamiento de los centros educativos de Canarias. Bajo la excusa de la “neutralidad institucional”, la Consejería introduce un mecanismo ambiguo y peligrosamente arbitrario que puede convertirse en una herramienta de censura ideológica en la escuela pública.
La nueva redacción establece que no podrán autorizarse actividades impulsadas por colectivos “caracterizados por una determinada opción ideológica que no sea neutral”. Esta formulación, impropia de una administración democrática avanzada, abre la puerta a vetos discrecionales contra sindicatos, asociaciones y movimientos sociales incómodos para el poder político de turno.
¿Quién decide qué es “neutral”? ¿La propia Administración? ¿Los equipos directivos sometidos a presión? ¿La inspección educativa? Prácticamente cualquier organización social, sindical o cultural tiene una visión ideológica del mundo. También la tienen quienes hoy pretenden presentarse falsamente como neutrales.
La escuela pública no debe ser un espacio de pensamiento único, ni un territorio sometido al miedo administrativo. Debe ser un lugar de pluralismo, debate democrático, pensamiento crítico y participación social. Lo verdaderamente preocupante no es que existan ideas diversas en los centros educativos; sino que una Administración pretenda decidir cuáles son aceptables y cuáles deben ser excluidas.Además, la normativa vigente ya contempla límites suficientes frente a discursos de odio, violencia, racismo o xenofobia. Por tanto, este nuevo apartado no responde a una necesidad jurídica real, sino a una voluntad política de controlar el discurso público dentro de los centros educativos.
La realidad es que esta deriva no comienza con la aprobación del punto 3.4. La Consejería de Educación lleva meses aplicando prácticas sectarias y un preocupante sesgo ideológico en su relación con las organizaciones sindicales del sector. El STEC-IC, sindicato histórico del profesorado canario y una de las organizaciones mayoritarias de la enseñanza pública en Canarias, lleva más de seis meses solicitando reuniones y espacios de diálogo con la Administración sin obtener respuesta real, acumulando evasivas, silencios y dilaciones injustificables.
De hecho, el año pasado se le prohibió al STEC-IC que convocara ruedas de prensa en los centros públicos de Canarias en defensa de la FP DUAL.
No parece casualidad que este bloqueo institucional recaiga precisamente sobre el sindicato más crítico con las políticas educativas de este y de todos los anteriores gobiernos. Sin embargo, mientras se margina y ningunea al STEC-IC, sí se mantiene interlocución fluida con organizaciones sindicales más próximas ideológicamente a la Administración. Esta doble vara de medir desmonta por completo el discurso oficial sobre la supuesta “neutralidad institucional” que ahora se pretende imponer a los centros educativos.
Desde el STEC-IC no vamos a permanecer en silencio ante esta deriva autoritaria ni vamos a permitir que la escuela pública canaria se convierta en un espacio de censura, miedo o pensamiento único. Defenderemos con firmeza una educación basada en el pluralismo, el respeto y la convivencia democrática, donde todas las organizaciones sociales, sindicales y culturales puedan participar libremente en los centros educativos desde el respeto a los derechos humanos y a los valores democráticos, aunque sus posiciones sean diferentes, e incluso contrarias, a las nuestras.
La democracia no consiste en escuchar únicamente a quienes piensan igual, sino precisamente en garantizar que todas las voces puedan expresarse en igualdad de condiciones».