La rabia, la violencia y la transferencia de rentas

Una primera mirada a lo que ha pasado este miércoles en España, nos devuelve la imagen de la rabia de algunos manifestantes antifascistas y antisistema y, de la mano, la violencia “legítima” de la Policía, con gas pimienta, palos y numerosos detenidos en distintas ciudades, en el contexto de una huelga general por el derecho a la vivienda. Pero la obligación del buen observador es mirar más allá de las cifras de seguimiento, los paros, las manifestaciones y los incidentes que han terminado con cargas policiales, escaparates rotos, personas heridas y detenidas.

¿Qué está pasando realmente? ¿Qué se está jugando? ¿Qué hay detrás de la rabia de una parte cada vez más numerosa de la ciudadanía, especialmente entre los jóvenes? Créanme: hay algo mucho más profundo que una simple reivindicación laboral o una protesta coyuntural. Es la rabia de quienes saben que les han robado el futuro. Una rabia que, por fortuna, se manifiesta mayoritariamente de forma pacífica en España, todavía. Pero siempre existe el riesgo de que una minoría encuentre en la violencia una vía de expresión. Y eso es precisamente lo que hemos visto en Barcelona este 11N.

Sin futuro, sí. No lo hay para mucha gente cuando acceder a una vivienda digna exige empeñar muchos años de sueldo y renunciar a mil cosas más, y en muchos casos ni por esas. Dicho de otra manera: el trabajo ya no vale, trabajas y eres pobre igualmente. Una realidad que rompe por completo el contrato social que sostenía nuestra sociedad.

¿Recuerdan cómo era antes? Durante décadas, el salario constituía el principal instrumento de redistribución de la riqueza. Con todas sus limitaciones, trabajar permitía aspirar a cierta estabilidad, construir un proyecto de vida y, con esfuerzo, acceder a una vivienda. Hoy, esa ecuación ha dejado de funcionar para una parte muy importante de la población. Tener un empleo ya no garantiza poder emanciparse, formar una familia o vivir con un mínimo de seguridad económica. Y no hablamos exclusivamente de jóvenes. Cada vez hay más trabajadores de mediana edad, familias e incluso personas con empleos relativamente estables que viven permanentemente en precario, condicionados por el coste de su vivienda y con la maleta preparada.

Pero hay una cuestión económica que pocas veces se aborda con la profundidad que merece y que constituye una de las claves para entender lo que está ocurriendo. Me refiero a la gigantesca transferencia de rentas desde las clases populares y medias hacia los propietarios de vivienda y los grandes rentistas. Y esto no es una metáfora, es un proceso económico perfectamente identificable.

Cuando los alquileres aumentan muy por encima de los salarios, una parte creciente de los ingresos de los trabajadores deja de destinarse al consumo, al ahorro, a la educación o al ocio para terminar en manos de los propietarios. El trabajador sigue realizando el mismo esfuerzo y dedicando las mismas horas de su vida a producir, pero cada vez dispone de menos dinero para vivir. Al otro lado, el propietario recibe una renta mayor sin que necesariamente haya aumentado la productividad, la calidad o el valor real del inmueble.
Cuando hablamos de quienes poseen varias viviendas, grandes tenedores, sociedades y fondos de inversión, hablamos de una acumulación de riqueza que se alimenta directamente de la necesidad de los demás. Y asistimos aquí a uno de los mayores mecanismos de acumulación regresiva de riqueza de nuestro país en la historia reciente. Se deja actuar a la ley de la oferta y la demanda y, con una demanda creciente y una oferta insuficiente, los precios suben. Así, quienes no tienen vivienda en propiedad pagan cada vez más por acceder a ella, mientras quienes tienen varias acumulan rentas que reinvierten en comprar más viviendas para seguir obteniendo beneficios. ¿Entienden el mecanismo de trasvase? Es perverso, pero está ocurriendo de manera generalizada.Pero lo verdaderamente preocupante es que esta transferencia de rentas no se queda en el mercado inmobiliario. Funciona como una especie de sistema de vasos comunicantes: el dinero que pierde una parte de la sociedad no desaparece, cambia de manos, y ese trasvase termina alterando los equilibrios económicos y sociales de prácticamente todos los sectores.

El mecanismo es sencillo: se expulsa a los trabajadores de los lugares donde se necesitan, encareciendo los costes empresariales (las empresas deben pagar más o facilitar vivienda), dificultando la contratación y comprometiendo la viabilidad de sectores enteros. Algunos estratégicos, como sanidad, educación o seguridad; otros con menos valor añadido, pero igualmente fundamentales, porque emplean a una parte muy importante de nuestra población activa: hostelería, comercio, limpieza, cuidados, transporte y buena parte del sector servicios.

¿Cómo puede una economía turística como la española, y particularmente la canaria, mantener su actividad si quienes trabajan en sus hoteles, restaurantes, comercios y servicios no pueden permitirse vivir donde trabajan? ¿De qué sirve hablar de competitividad, productividad o crecimiento económico si una parte cada vez mayor de los salarios termina en el bolsillo de los propietarios de viviendas? Es de locos, y ya no estamos ante un simple problema inmobiliario: están en riesgo nuestro modelo económico y nuestra continuidad como sociedad.

Y en esas estamos hoy. Esto es lo que nos estamos jugando, no solo en las movilizaciones de estos días, también en las urnas del próximo 29 de noviembre. Porque después de décadas de alternancia y gobiernos de distinto signo, en Madrid y en las comunidades autónomas con competencias en vivienda y suelo -y aquí conviene no engañarnos ni hacernos trampas por ser de izquierdas-, ni unos ni otros han demostrado verdadera voluntad o capacidad para frenar esta transferencia de rentas y el progresivo desequilibrio en la distribución de la riqueza. Conviene no olvidarlo.

Cierto, si finalmente llegan al gobierno la derecha extrema (PP) y la ultraderecha (Vox), es razonable pensar que este mecanismo de transferencia de riqueza hacia los propietarios y grandes rentistas seguirá funcionando a pleno rendimiento, pues esa es su esencia económica. Pero pecaríamos de ilusos si diéramos por hecho que un nuevo gobierno progresista vaya a revertir esta dinámica. Hasta ahora no lo ha hecho en ocho años, y está por ver si existe voluntad política para enfrentarse de verdad a los intereses económicos que se benefician de esa transferencia, cuando muchos de sus propios representantes también forman parte de quienes reciben esas rentas. Recordemos, sin ir más lejos a Fraga, presidente del PSOE de Canarias, con 31 inmuebles declarados y alguna que otra empresa familiar dedicada a ganar dinero con la vivienda.

Y este es el verdadero reto. Nos jugamos mucho, muchísimo: nuestro futuro como sociedad y el de varias generaciones de jóvenes. En esta disyuntiva, si hay que elegir entre derechas e izquierdas, aun desconfiando de ambas, es razonable pensar que las izquierdas harán algo más por frenar la desigualdad y a los rentistas, por no hablar de la regresión social, cultural y de derechos que traen de propina las derechas. Pero no basta con proclamar en campaña que se defiende a las clases trabajadoras y agitar el miedo a la ultraderecha que viene. Hay que estar dispuestos a enfrentarse a esa transferencia continua de rentas e invertir el proceso de concentración de riqueza. ¿Lo harán esta vez?

Y llegamos así a la otra cara de esta jornada de huelga: la violencia. Pero no seríamos justos si habláramos solo de la que hemos visto en las calles. Hay otras violencias, mucho menos visibles, que preceden a los enfrentamientos y que, en buena medida, los explican: la violencia económica y la violencia estructural. La primera se ejerce sobre quienes, aun teniendo empleo, no pueden acceder a una vivienda digna y terminan instalados en la precariedad permanente. La segunda se reproduce a través de las propias estructuras económicas, sociales e institucionales, perpetuando la desigualdad y convirtiéndola en algo normal. Son violencias que no necesitan porras ni gases lacrimógenos, pero que también golpean y matan.

No sé a ustedes pero a mí me resulta paradójico y hasta contradictorio, el poco caso que la sociedad hace a estas violencias silenciosas y las altas dosis de violencia que se aplican contra quienes se rebelan y protestan contra ellas. Entonces aparece la violencia policial, esta sí visible, física y revestida de autoridad institucional, repartiendo palos a discreción.

Y si nos vamos a casos concretos, lo ocurrido hoy en Madrid y otras ciudades merece una reflexión seria. Las cargas policiales, el empleo de gas pimienta, los golpes y las personas heridas durante los piquetes y las movilizaciones de una jornada de huelga general dibujan un escenario que va mucho más allá de algunos incidentes aislados. Pude ver en televisión a un profesor de matemáticas, lo más alejado de un alborotador, rociado con gas pimienta hasta el punto de no poder ver y tener dificultades para respirar. ¿Qué necesidad había de llegar a eso?

Por supuesto que la Policía tiene la obligación de garantizar la seguridad y el cumplimiento de la ley. Pero también debe respetar los derechos fundamentales y actuar con proporcionalidad. Y aquí hay otra cuestión que no deberíamos pasar por alto: el creciente posicionamiento político de determinados sectores policiales. Lo hemos visto en los últimos años en el enfrentamiento de algunas de las organizaciones sindicales más representativas de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad con Pedro Sánchez y el actual gobierno. Sus declaraciones, exigencias de dimisión y posicionamientos políticos, en ocasiones muy próximos a los postulados de las derechas, no son anecdóticos. Hemos llegado a ver incluso a un neonazi vinculado a una empresa de desocupación firmando acuerdos con la Policía para impartir cursos de autodefensa. No hablamos de todos los policías, cierto es, pero sí de sectores cuya hostilidad política hacia el gobierno es manifiesta. ¿Eligieron ya el bando de los que las encuestas vaticinan que ganarán?

Y cuidado, porque tenemos un serio problema de seguridad democrática cuando empezamos a necesitar más policías para contener el malestar social que para perseguir a los delincuentes económicos que están detrás de tantas desigualdades. ¿Cuál es el plan? ¿Moler a porrazos o rociar con gas pimienta el futuro de toda una generación de españoles? ¿Acaso creen que quienes ya no tienen nada van a temer unos cuantos palos más?

En conclusión: si no hacemos nada por frenar esta locura, tendremos a una sociedad que le ha robado el futuro a sus jóvenes y además les exige silencio y sumisión; pero eso, eso es una nueva forma de esclavitud sin cadenas. ¿En serio es lo que queremos?