Por: Javier Marrero Santana
Las garantías para los propietarios deben ir acompañadas de garantías reales para las familias inquilinas.
El Gobierno de Canarias anunciaba esta semana un seguro gratuito durante tres años para garantizar el cobro del alquiler a los propietarios que incorporen sus viviendas a la bolsa de “alquiler asequible”. La iniciativa incluye servicios de intermediación, asesoramiento jurídico, evaluación de la solvencia de los inquilinos y posibles ayudas para rehabilitar viviendas.
Dicen que es una medida para movilizar viviendas vacías y aumentar la oferta de alquiler. Pero, ante una emergencia habitacional como padecemos en Canarias, ¿ a quién beneficia realmente esta iniciativa y qué garantías ofrece a las personas, familias y a la juventud que se quiere emancipar y necesitan una vivienda?
Garantizar el cobro del alquiler a un propietario, puede ser una herramienta útil pero para los rentistas. Porque no garantiza que una persona o familia pueda acceder a una vivienda digna, pagarla sin renunciar a sus necesidades básicas y mantenerla sin vivir bajo la amenaza de perder su hogar. Y esto es lo que debería ser prioridad.
No basta con incorporar viviendas a una bolsa de alquiler para calificarlas de asequibles, porque hay que saber cuánto se cobrará, a cuánto es el alquiler que ya son desorbitados y qué porcentaje de los ingresos individuales o familiares representará ese alquiler. Además un alquiler por debajo del precio de mercado puede seguir siendo inasumible para personas con ingresos bajos y ya sabemos que por este Archipiélago, los salarios son una mierda.
También debemos preguntarnos qué ocurrirá con quienes no superen los criterios de solvencia económica, porque si la capacidad de pago se convierte en el principal filtro, pues apaga y vámonos…porque se dejaría fuera a las familias vulnerables, las personas con ingresos precarios y los hogares que están al borde de un desahucio.
La Administración no puede garantizar el cobro al propietario y desentenderse de la capacidad de las ciudadanas y las familias para pagar. Y si se utiliza dinero público para reducir los riesgos de los arrendadores, debe existir una contraprestación social clara y verificable, que ya hemos tenido rescates de bancos que hemos pagado nosotros.
Lo mismo sucede con las ayudas para rehabilitar viviendas privadas. Recuperar inmuebles vacíos y ponerlos en condiciones de habitabilidad puede ser positivo, pero las ayudas públicas deben estar vinculadas a compromisos de alquiler asequible, precios regulados dentro del programa y permanencia durante un periodo determinado. No tendría sentido que la ciudadanía financiara la recuperación de viviendas privadas sin obtener a cambio un beneficio social duradero.
Además, el Gobierno debe explicar cuánto costará el seguro a las arcas públicas, cuáles serán sus coberturas y qué obligaciones asumirán los propietarios. También debe publicar cuántas viviendas se incorporan, qué alquileres se aplican, qué requisitos se exigen a las familias y cuántas personas consiguen finalmente una vivienda.
Canarias necesita, asimismo, conocer la dimensión real de las viviendas vacías y actuar sobre ellas. Hace falta una política decidida para recuperar viviendas desocupadas, combatir la especulación y ampliar el parque público de alquiler.
La bolsa de alquiler asequible puede complementar esa política, pero no sustituirla. Las administraciones tienen la responsabilidad de garantizar el derecho a la vivienda, con más vivienda pública y medidas que permitan a las familias acceder a un hogar sin quedar atrapadas en alquileres imposibles.
Por eso, el anuncio del Gobierno de Canarias me genera grandes dudas. No porque ofrecer garantías a los propietarios sea necesariamente negativo, sino porque esta medida, por sí sola, no resuelve el problema de quienes no pueden pagar los precios actuales ni el de quienes están a punto de quedarse sin casa y mucho menos de la juventud que quiere independizarse.
Y cuando una iniciativa institucional se presenta como respuesta a la emergencia habitacional sin concretar suficientemente sus resultados sociales, es legítimo preguntarse si estamos ante una política capaz de transformar la situación o ante una medida que también puede buscar rentabilidad política de cara a las próximas elecciones.
Canarias no necesita solamente más viviendas disponibles en el mercado. Necesita viviendas a las que pueda acceder la gente que vive y trabaja aquí, sin que pagar el alquiler signifique renunciar a comer, atender a sus hijos o cubrir otros gastos esenciales.
Por eso mis preguntas siguen siendo: ¿qué garantías tendrán las familias inquilinas?, ¿qué protección recibirán quienes no puedan asumir el alquiler? y ¿qué alternativa se ofrecerá a quienes estén en riesgo de desahucio?
La seguridad de un propietario no puede construirse sobre la inseguridad de las inquilinas. El dinero público debe servir para garantizar derechos, no únicamente para proteger rentas privadas.
Esto sigue siendo más de lo mismo, beneficiar al rentista y que se fastidien lo arrendatarios.
La vivienda es un derecho, no un negocio y ese derecho debe estar por encima de cualquier estrategia electoral, porque esto huele mucho a eso.