Los comités organizadores de la huelga del próximo 11 de noviembre han denunciado la falta de respuesta por parte de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) y del Consejo de Estudiantes (CEST) ante la convocatoria de una movilización estatal en defensa del derecho a la vivienda, salarios justos y control de precios.
Según señalan los portavoces de la iniciativa, el estudiantado lleva años reclamando mejoras en las residencias universitarias y condiciones de vida dignas. Pese a ello, denuncian que la institución académica no ha informado adecuadamente sobre la convocatoria y que las solicitudes formales presentadas al Rectorado, junto con las hojas de firmas para respaldar el paro académico, no han obtenido respuesta. Por su parte, el CEST ha optado por no secundar la movilización sin haber hecho públicos los motivos de esta decisión.
La problemática de la vivienda, subrayan los organizadores, afecta de igual modo al profesorado, en particular a aquellos docentes que deben desplazarse entre las islas o desde otros territorios para desempeñar su labor. Asimismo, aclaran que la movilización no responde a la indiferencia del cuerpo docente —diversos profesionales participan de forma activa en la organización y coordinación con el alumnado—, sino a la falta de iniciativa de las estructuras sindicales para acompañar estas reivindicaciones desde la base.
Ante este escenario, la movilización está gestándose de forma horizontal a través de comités y espacios de coordinación que integran a estudiantes universitarios, alumnado de Formación Profesional y profesorado de centros públicos, tanto de educación superior como de institutos.
Los convocantes defienden que la crisis habitacional constituye también un asunto educativo, al condicionar quién puede acceder a los estudios, desplazarse por motivos laborales o permanecer en su isla. Bajo esta premisa, reclaman al Rectorado y al Vicerrectorado de Estudiantes que atiendan las peticiones del alumnado y garanticen información y participación en el paro; solicitan al CEST explicaciones sobre su postura; y exigen a los sindicatos una implicación activa en la defensa de las condiciones laborales y de vida de los docentes.