Derecho al techo acusa a la gran tenedora Xizdecor
La Asociación Derecho al Techo ha denunciado la situación de ocho familias residentes en un edificio de Carrizal de Ingenio que tienen previsto enfrentarse a un procedimiento de desahucio el próximo 11 de noviembre, a las 9:30 horas, sin disponer de ninguna alternativa habitacional.
Según los datos difundidos por la organización, las familias llevan años residiendo en el inmueble en una situación de precariedad habitacional. Hace aproximadamente un año, los afectados recibieron la visita de empresas de desokupación, lo que agravó su sensación de inseguridad y desprotección. Los procedimientos de desahucio han sido promovidos por XiZdecor, empresa que, de acuerdo con la información disponible, actúa como gran tenedora.
Desde Derecho al Techo han señalado que, a pesar de la vulnerabilidad que concurre en el caso, inicialmente no se habían solicitado los correspondientes informes sociales. La plataforma, que acompaña a los afectados, ha solicitado que se recaben dichos informes y se incorporen formalmente al procedimiento judicial para que su situación sea valorada antes de adoptar cualquier decisión sobre la ejecución del lanzamiento.
Entre las personas afectadas se encuentran menores de edad y personas con discapacidad. Todos los niños y niñas están escolarizados y las familias se encuentran plenamente integradas en el barrio, donde han tejido sus vínculos sociales, educativos y comunitarios.
El colectivo reclama que no se ejecute ningún lanzamiento sin que previamente se valoren los informes de vulnerabilidad y se garantice una alternativa habitacional digna para todas las personas implicadas. Asimismo, la organización subraya que no se trata únicamente de un proceso judicial o de un inmueble, sino de ocho familias vecinas y de menores que pueden perder su entorno.
Finalmente, Derecho al Techo recuerda que la responsabilidad de garantizar el derecho a la vivienda y de atender las situaciones de emergencia habitacional recae en las administraciones públicas, y no puede trasladarse a las propias familias ni a las entidades sociales que les prestan apoyo.