Diversas organizaciones y plataformas sociales del archipiélago se han sumado a las movilizaciones estatales convocadas por la Red Solidaria Contra la Ocupación de Palestina (RESCOP) contra la multinacional farmacéutica israelí Teva. Bajo el lema «Canarias Libre de Teva», la iniciativa reclama el fin de las relaciones comerciales con esta compañía y pide tanto a los profesionales sanitarios como a la ciudadanía que prescindan de sus productos.
La campaña hace un llamamiento directo al personal médico para que evite prescribir medicamentos de este laboratorio, a las oficinas de farmacia para que no los dispensen y a los pacientes para que opten por otras marcas. Según sostienen los promotores tras consultar con profesionales de la salud, todos los fármacos comercializados por Teva cuentan con alternativas equivalentes de idéntica composición y eficacia en el mercado farmacéutico español, lo que facilita su sustitución sin perjuicio para los tratamientos.
Denuncia de vínculos y exigencia de transparencia
Las organizaciones convocantes justifican esta medida de presión señalando a Teva como una de las principales empresas de la bolsa de Tel Aviv y una pieza relevante dentro del entramado económico de Israel, país al que acusan de cometer genocidio en Gaza y de mantener políticas de ocupación y apartheid sobre el pueblo palestino.
En el ámbito autonómico, los colectivos denuncian que llevan meses solicitando datos sobre el volumen de inversión que la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias destina a la compra de suministros de esta empresa. A pesar de las trabas administrativas alegadas para acceder a los expedientes completos, los portavoces de la campaña aseguran haber confirmado la existencia de gasto público vinculado a la farmacéutica.
Llamamiento a las instituciones
Desde la plataforma «Canarias Libre de Teva» subrayan el carácter accesible de esta protesta, destacando que el boicot al consumo de estos medicamentos no requiere esfuerzos adicionales para la población y posee un alto impacto potencial.
Finalmente, los colectivos instan al Gobierno de Canarias y a las autoridades sanitarias a cumplir con la normativa europea y a suspender cualquier vínculo comercial con empresas de países acusados de vulnerar el derecho internacional, exigiendo que los fondos públicos del archipiélago no financien directa o indirectamente conflictos armados.

