La Plataforma por el 5% para la Educación asegura que es cuestión de “prioridades y voluntad política” llegar al objetivo que la Ley viene exigiendo desde 2014.
La Plataforma por el 5% para la Educación considera que Canarias tiene una “oportunidad histórica” para mejorar sustancialmente su sistema educativo y cumplir con la Ley Canaria de Educación (LCE), aprovechando para ello el incremento de la financiación autonómica. Considera que los 1.300 millones de euros de incremento anual que recibirá Canarias del Estado se pueden destinar preferentemente a la mejora cualitativa de nuestros servicios públicos (Sanidad, Educación, Dependencia…) que beneficiaría a la mayoría de nuestra sociedad en lugar de establecer nuevas “rebajas fiscales” que benefician exclusivamente a una minoría ya privilegiada y que tanto han reivindicado los partidos conservadores de Canarias.
Para la Plataforma es cuestión de “prioridades y de voluntad política” llegar al objetivo que la Ley viene exigiendo desde 2014. El salto hacia adelante de nuestra educación es posible, ya lo ha demostrado Extremadura invirtiendo más del 5% de su PIB en su educación desde hace dos décadas y que le está reportando importantes avances y resultados: plantillas de profesores suficientes para atender la diversidad y la inclusión, impulso decidido a la escolarización pública del ciclo 0-3 años, mejora de las infraestructuras educativas obsoletas, ratios adecuadas a las condiciones de cada ciclo y entorno, etc.
La nueva bajada de la inversión educativa prevista para 2027 se corresponde con lo aprobado por el Gobierno de Canarias en su Plan Plurianual de Inversiones.
Educación como prioridad
El colectivo señala que, al contrario de lo que afirma el consejero de Educación del Gobierno canario, es factible cumplir con la LCE e invertir el 5% del PIB en nuestra educación desde el próximo curso, destinando una parte del incremento de la financiación que recibirá Canarias del Estado a partir de 2027. Es innegable que se dan las condiciones económicas para hacerlo. De nuestros responsables políticos depende hacer de la educación su prioridad con más hechos y menos propaganda o demagogia.
Cuando el consejero de Educación afirma que vamos a tener el presupuesto más alto de la historia dice una obviedad sin mayor trascendencia estadística: siempre, históricamente, el presupuesto de educación de cada año supera al del año anterior por la subida del IPC entre otros factores. Lo que sí es significativo, es que, en la legislatura actual, el presupuesto de educación ha crecido un promedio anual de 111 millones de euros (en un contexto de crecimiento del PIB y del IPC), mientras que en la legislatura anterior el promedio de crecimiento anual fue de 137 millones de euros (pese a la crisis del COVID y la erupción del volcán en La Palma). Estos datos reflejan, sin lugar a dudas, el esfuerzo inversor realizado y pone en evidencia el contraste entre la propaganda que se intenta vender y la realidad.
La Plataforma por el 5% para la educación insta a los responsables políticos de Canarias a mejorar la financiación de los centros educativos y universidades públicas por responsabilidad social. Y se pregunta en qué tipo de centro educativo o universidad tienen nuestros responsables políticos a sus hijos e hijas. ¿Tendría la mejora de la educación pública la misma prioridad si estuvieran escolarizados en ella?
Y recuerdan que los datos son contundentes. Canarias ha pasado de ser la segunda comunidad que más invertía en la educación en 2002, a retroceder hasta el penúltimo lugar en la actualidad. Y, en la actual legislatura, se ha alejado en lugar de acercarse al objetivo del 5% del PIB al que obliga la Ley Canaria de Educación de 2014. ¿Cómo hemos podido permitir esto? La Plataforma finaliza destacando que el Gobierno de Canarias podría cumplir con la Ley y dar un avance cualitativo al sistema educativo si tuviera la valentía política de incrementar en 800 millones el presupuesto educativo de 2027, derivando hacia este servicio público esencial parte de los 1.300 millones de incremento financiero que recibirá del Estado.
Déficits presupuestarios de cada año respecto a la senda para alcanzar el 5% del PIB de inversión.