La Acampada Reivindicativa Lolo Dorta denuncia un caso de acoso escolar. Se trata de un caso de desprotección que ha sufrido un niño de 9 años con diagnóstico de síndrome de TEL (Trastorno Específico del Lenguaje) en un colegio público del sur de Tenerife, en Arona.
Comunicado de la Acampada Reivindicativa Lolo Dorta
«El menor, residente canario de nacionalidad española ha sido víctima de acoso escolar físico y continuado por parte de tres compañeros del centro de origen extranjero. Y a pesar de que se trataba de un menor especialmente vulnerable, con dificultades de comunicación, el centro educativo no activó de forma adecuada el protocolo oficial de actuación frente al acoso escolar, obligatorio en todos los centros educativos canarios. En su lugar, el equipo directivo justificó por escrito ante la familia que los alumnos agresores “también lo hacían con otros menores”, restando así gravedad al caso y normalizando una conducta claramente violenta, zanjando el problema con una expulsión mínima que no solucionó nada.
Entre los argumentos del colegio para no actuar citamos textualmente algunos fragmentos:
«Hay dos alumnos que tienen una actitud disruptiva de molestar en clase a los compañeros de forma reiterada»
«No se observa en los alumnos autores del conflicto que tuvieran conductas de maltrato dirigidas específicamente contra el alumno xxxxxxx sino que son alumnos que presentan conductas disruptivas en el aula y de molestar a los compañeros en general»
Esta forma cobarde, tibia e incomprensible que tuvo el centro de resolver (en lugar de un agravante, que los acosadores lo hagan indiscriminadamente con más alumnos es un atenuante) constituye, a nuestro juicio, una inadmisible relativización del sufrimiento individual del niño, en contra de lo que marca el protocolo, que exige valorar siempre el impacto específico sobre cada víctima y adoptar medidas de protección personalizadas, más aún cuando se trata de alumnado con dificultades y vulnerabilidades reconocidas.
Como consecuencia directa de la inacción del centro y las agresiones repetidas, el menor no ha vuelto al colegio desde el mes de mayo, por el terror persistente que padece a volver y tener que enfrentarse a los acosadores, obligando a sus progenitores a trasladarlo forzosamente a otro centro educativo, incapaz de superar el miedo y el impacto emocional de la violencia sufrida. A día de hoy, ni el colegio ni la Consejería de Educación han ofrecido reparación alguna.
La madre del menor denunció los hechos por escrito ante la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias, sin haber recibido respuesta alguna hasta la fecha. Esto supone un grave incumplimiento de sus obligaciones institucionales, que el protocolo también contempla: ante casos de acoso graves o persistentes, la administración educativa debe intervenir directamente a través de Inspección Educativa y los Equipos de Convivencia Escolar.
Más allá de este caso, denunciamos que la Consejería no está adoptando ninguna medida efectiva para evitar la formación de guetos culturales en diversas zonas del archipiélago, como ocurre en este caso. El colegio donde sucedieron los hechos se encuentra en un barrio de Arona en el que la población migrante de distintos continentes es mayoritaria, y donde se están consolidando dinámicas de segregación, falta de integración y abandono institucional, que afectan tanto al alumnado local como al inmigrante.
Desde nuestro colectivo, exigimos explicaciones urgentes a la Consejería de Educación por su gestión de este caso y por su inacción estructural en el ámbito de la convivencia escolar. Además, trasladaremos también esta denuncia al Parlamento de Canarias y al Ayuntamiento de Arona, solicitando:
I.- Una investigación completa del caso, con entrega del expediente íntegro a la familia y rectificación;
II.- Una auditoría del cumplimiento de los protocolos en los centros educativos de la zona;
III.- Y la creación de un plan efectivo de mediación, integración y convivencia que impida que nuestros barrios escolares sigan fragmentándose y segregando a los menores por motivos económicos o de procedencia.
Recordamos que la infancia tiene derecho a una protección efectiva frente a toda forma de violencia, y que el sistema educativo no puede permitir que un niño con discapacidad sea expulsado de hecho del aula y del colegio (con las consecuencias tan negativas que estos cambios forzados tienen para los niños a esas edades) por falta de amparo y por la negligencia institucional de quienes tienen el deber legal de protegerlo.
Dada la gravedad de los hechos denunciados rogamos le den difusión».