En una entrevista realizada este viernes en radio San Borondón, el expresidente de Canarias Román Rodríguez, defiende la legalidad de los decretos de 2001 y 2003, desvincula su gestión del pago de 485 millones a los promotores y alerta de una «ola involucionista y casi fascistoide» que amenaza los derechos sociales en España y el mundo.
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La gran mentira de los 485 millones
El reciente acuerdo extrajudicial anunciado por el Ejecutivo autónomo, que compromete el pago de 485 millones de euros en indemnizaciones a promotores turísticos afectados por la histórica moratoria, ha desatado una tormenta política. Román Rodríguez, presidente del Gobierno canario entre 1999 y 2003 y actual secretario nacional de Estrategia de Nueva Canarias acusa directamente al actual presidente, Fernando Clavijo, de orquestar una campaña de manipulación mediática para culpar a su gestión de un desembolso multimillonario que, según afirma, no guarda relación alguna con las leyes que él promovió.
Rodríguez sostiene que el actual Gabinete miente de forma categórica para confundir a la opinión pública. Recuerda que las leyes de la moratoria de 2001 y 2003 se aprobaron por unanimidad en el Parlamento autonómico y que la totalidad de los pleitos judiciales subsiguientes fueron ganados por la Administración en el Tribunal Supremo, sin que se derivara de ellos ni una sola indemnización económica. Esta versión coincide plenamente con los informes técnicos oficiales y con los análisis de expertos universitarios como Moisés Simancas, quienes certifican que la intervención pública de aquellos años fue un éxito jurídico y ambiental.
El origen del pufo: la ley de 2009
El exmandatario localiza el verdadero origen del problema en una normativa posterior, aprobada en 2009 por el Gobierno de Coalición Canaria y el Partido Popular. Aquel texto incluyó un artículo calificado por Rodríguez como «temerario, impudente y negligente», que abría la puerta a que las empresas privadas solicitaran voluntariamente la desclasificación de sus suelos a cambio de compensaciones económicas o expropiaciones. En plena crisis del ladrillo, varios promotores hábiles aprovecharon este resquicio legal ante la total inacción administrativa del Ejecutivo de la época.
Para Rodríguez, resulta inadmisible que ahora se pretenda premiar a los empresarios con cerca de 500 millones de euros —300 de ellos destinados al grupo Lopesan— permitiéndoles, además, conservar la propiedad y el derecho a edificar en unas parcelas que se desbloquean en Gran Canaria y Fuerteventura. Anuncia que Nueva Canarias exigirá de inmediato el expediente completo de este acuerdo, criticando que la noticia se haya introducido con nocturnidad durante el mes de agosto.
Frenar el colapso de las islas
Detrás de este movimiento propagandístico, el líder nacionalista identifica una estrategia ideológica muy peligrosa: la de consagrar la idea de que el mercado es sagrado e intocable, infundiendo el miedo a que cualquier regulación pública suponga la quiebra de las arcas comunes. El dirigente defiende que intervenir la economía no solo es legal, sino urgente, tal como demostró su Gobierno al desclasificar más de 300.000 camas turísticas y blindar parajes de alto valor ecológico como Veneguera.
La maniobra actual busca, a su juicio, silenciar el clamor popular de las calles del archipiélago. La sociedad canaria actual ya no soporta una mayor presión demográfica ni infraestructuras saturadas. Los problemas diarios de vivienda, los atascos crónicos en las carreteras y las deficiencias en el suministro eléctrico y de agua están directamente vinculados a un modelo turístico desbocado. Por ello, sitúa como prioridad absoluta que el Parlamento que surja de las elecciones de 2027 aborde de forma inaplazable la imposición de límites severos al crecimiento para evitar el colapso de las islas.
La amenaza global de la ultraderecha
El análisis de Rodríguez trasciende las fronteras insulares para alertar sobre una preocupante ola neoconservadora de alcance mundial, liderada por figuras de tintes totalitarios como Donald Trump. Este movimiento está alterando el comercio internacional mediante aranceles unilaterales y debilitando de forma flagrante la arquitectura de las Naciones Unidas y el derecho internacional. Desde la inestabilidad en América Latina hasta el auge de fuerzas radicales en Europa central, los países nórdicos y Portugal, el escenario geopolítico se dibuja sombrío.
En el caso de España, donde la extrema derecha consolida una cuota electoral relevante, Rodríguez matiza que los discursos locales no son una excepción cultural, sino el reflejo de un fenómeno globalizado de fascistización política. A este auge reaccionario se suma el control de la economía global por parte de un puñado de corporaciones tecnológicas norteamericanas y una pasividad intolerable ante conflictos internacionales sangrientos, como el exterminio del pueblo palestino en Gaza.
Unidad de la izquierda ante la involución
Frente a la posibilidad real de que una alianza entre el Partido Popular y Vox alcance el Gobierno del Estado, el dirigente nacionalista dibuja un panorama especialmente duro para Canarias. Advierte que un Ejecutivo central de esas características bloquearía el traslado de las decenas de miles de personas migrantes que llegan a las costas de las islas, convirtiendo el archipiélago en una cárcel fronteriza.
La única receta posible frente a este escenario de involución de derechos sociales es la movilización y la confluencia de las fuerzas progresistas. Aunque las encuestas muestran un retroceso del PSOE y una fuerte fragmentación del espacio confederal e institucional de las izquierdas, Rodríguez apela a la responsabilidad histórica. En el ámbito autonómico, confirma que Nueva Canarias ya mantiene conversaciones abiertas con los sectores de la izquierda confederal y nacionalista del archipiélago para articular un frente común, un proceso complejo debido a la falta de cultura unitaria, pero imprescindible para proteger a los sectores más vulnerables de la sociedad.