Las Plataforma de Afectados por la Hipoteca-PAH Tenerife y Acción Social Canarias (ASC) se han dirigido de forma directa al Presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, para manifestar su profunda alarma ante la severa crisis habitacional que asola al Archipiélago. Los colectivos han registrado una solicitud formal de reunión con carácter de máxima urgencia con el objetivo de consensuar y abordar soluciones estructurales antes de que se produzca la próxima convocatoria electoral.
Ambas plataformas denuncian que la Comunidad Autónoma se encuentra sumida en una emergencia de vivienda provocada por la «especulación voraz» de fondos de inversión bancaria e inmobiliaria, grandes tenedores y sectores rentistas que, poseyendo más de tres inmuebles en titularidad, perciben rentas que en su mayoría no son declaradas. Según exponen las organizaciones, esta dinámica socioeconómica expulsa sistemáticamente a la población local, impidiendo el acceso efectivo a una vivienda digna e incumpliendo de forma flagrante los mandatos del Artículo 47 de la Constitución Española y del Artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Criminalización de las víctimas ante la inacción pública
Critican con dureza la «inacción de las administraciones públicas» a la hora de garantizar alternativas reales de realojo y frenar los abusos del sector bancario. En este sentido, tachan de «inadmisible» la criminalización sistemática de las familias vulnerables. Desde los colectivos sostienen que, cuando las instituciones no dan respuesta, las familias se ven obligadas a buscar soluciones habitacionales autónomas frente a inmuebles vacíos de grandes tenedores para garantizar un techo. Por ello, argumentan que no se puede responsabilizar penal ni socialmente a quienes actúan por pura necesidad de supervivencia residencial.
Asimismo, desmontan el relato de la supuesta «inseguridad jurídica» esgrimido por ciertos sectores de la patronal rentista, señalando que son estos mismos actores quienes incurren en graves irregularidades de manera sistemática. Entre estas prácticas destacan la vulneración contractual mediante la imposición de cláusulas abusivas a los arrendatarios, subidas indiscriminadas de los precios del alquiler y rescisiones unilaterales con fines puramente especulativos en el mercado libre.
Opacidad fiscal y «terror ambiental»
A las irregularidades contractuales se suma la opacidad y el fraude fiscal, operando al margen del fisco al no declarar los rendimientos económicos del alquiler, al tiempo que eluden garantizar las condiciones mínimas de habitabilidad y mantenimiento de los inmuebles. Además, denuncian una impunidad generalizada en las fianzas. Al cruzar datos públicos con el Instituto Nacional de Estadística (INE), las organizaciones constatan que apenas un porcentaje marginal de los alquileres residenciales en uso cumple con la obligación legal de registrar la fianza en el Instituto Canario de la Vivienda (ICAVI), un fraude que la administración pública no inspecciona ni sanciona.
Por otra parte, alertan sobre situaciones de coacción extrajudicial y lo que denominan «terror ambiental». Ante la paralización de los procedimientos judiciales, los colectivos aseguran que grandes fondos traspasan bloques enteros de inmuebles a sociedades pantalla, citando explícitamente como ejemplo a Oceanside 42, S.L., administrada por Eduardo Ratón Aspiunza. Estas firmas subcontratan presuntamente a empresas de desocupación para ejecutar desalojos forzosos extrajudiciales mediante prácticas de acoso que encajan en el delito de coacciones del Artículo 172.1 del Código Penal, sembrando el pánico en edificios y barrios enteros.
El caso de Ingenio: vulnerabilidad extrema
La PAH y ASC señalan que este entramado de desamparo e impunidad institucional se materializa actualmente en un caso crítico detectado en el municipio de Ingenio, en Gran Canaria. Allí, una familia compuesta por una madre que padece cáncer, su pareja y cuidador, y dos menores de edad de 8 y 12 años, sufre un asedio inmobiliario directo. El procedimiento civil original, instado en su día por CriteriaCaixa, se encuentra formalmente suspendido por el Juzgado de Telde desde el año 2020.
Las organizaciones jurídicas vinculadas a los colectivos advierten que nunca se ha celebrado un juicio para determinar la legalidad de las pretensiones de la entidad bancaria. Por este motivo, la acción procesal civil se encuentra presuntamente caducada en virtud del artículo 237 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC), tras años de inactividad de una Caixa que concluye en este 2025 la liquidación total de su parque de alquileres sociales. A pesar de la suspensión judicial, la actual propiedad instrumental ha recurrido al hostigamiento extrajudicial y a la presión directa de la Policía Local para intentar forzar una entrega de llaves de facto, agravando la situación de indefensión y vulnerando de forma flagrante los derechos de los menores de edad a las puertas de su propia morada.
Demandas urgentes al Ejecutivo Autonómico
Ante la gravedad del escenario descrito, las organizaciones ciudadanas exigen formalmente a la Presidencia del Gobierno de Canarias la adopción de dos medidas inmediatas. La primera de ellas es la creación de una mesa de contingencia preelectoral, que requiere la convocatoria inmediata de una reunión urgente antes de los comicios para trazar de forma conjunta un plan de contingencia eficaz contra los desahucios sin alternativa habitacional, así como para perseguir las prácticas delictivas de acoso inmobiliario en el archipiélago.
La segunda medida urgente se centra en la protección de la infancia en Ingenio. Los colectivos exigen la paralización cautelar e inmediata del cerco y acoso extrajudicial que sufre la familia afectada en dicho municipio, con el fin de garantizar la tutela efectiva de la salud de la madre y salvaguardar los derechos fundamentales de los dos menores de edad.