La activista política y directora del Observatorio de Derechos Sociales de Canarias (ODESOCAN), Emma Colao, analizó en una entrevista para Radio San Borondón los motivos detrás de la convocatoria de huelga general en el archipiélago. Colao desgrana la realidad socioeconómica de las islas tras quince años de letargo movilizador, señalando la complicidad entre las élites económicas y los partidos tradicionales, así como el desgaste de una izquierda institucional que, a su juicio, ha defraudado a la ciudadanía.
El fin de la pedagogía del silencio
La ausencia de una huelga general en Canarias durante la última década y media no responde a una falta de motivos, sino a una «pedagogía de la conducta» que ha adiestrado a la población para protestar de manera inofensiva. Colao explica que la sociedad se ha acostumbrado a ser educada y silenciosa en sus reivindicaciones, llegando al extremo de asumir que para ocupar el espacio público hay que pedir permiso.
Sin embargo, el trabajo de colectivos como el Sindicato de Inquilinas y la confederación Poder Inquilino ha logrado romper este esquema en los últimos años. Estos movimientos han abierto un debate público necesario sobre la legitimidad de ocupar los espacios en defensa de las mayorías sociales. La huelga general rompe con el descreimiento y apela directamente a la gente, sin importar su origen o militancia previa, ante la incapacidad de la agencia política-partidista para resolver los problemas del presente y del futuro.
La vivienda en el centro de la precarización
La crisis de la vivienda en Canarias no puede entenderse de forma aislada, ya que atraviesa y condiciona todos los derechos fundamentales. Para la directora del ODESOCAN, el empobrecimiento y la vulnerabilización económica impactan de manera transversal en la salud, el empleo, la supervivencia en el territorio e incluso la salud mental de la población.
Colao señala que en Canarias se sufre el resultado de 30 años de extractivismo puro y duro, un modelo que destruye el territorio y perjudica a las personas, reduciendo el acceso a los derechos básicos a una mera lógica de caridad, favores o conexiones personales.
Redes de favor y privilegios estructurales
La estructura de poder en las islas ha convertido la política y, en ocasiones, a ciertos sectores del funcionariado público, en guardianes de la ley que preservan los privilegios de unos pocos en lugar de erradicarlos. Colao denuncia que formar parte de determinados partidos políticos funciona como una vía de acceso a ingresos y estatus inalcanzables para la mayoría de los ciudadanos.
Según Colao, de esta realidad no se libra ningún partido hegemónico que haya gobernado las islas, incluyendo al PSOE, al que define como la «derecha democrática».
Amnesia histórica y demérito de la izquierda
El panorama político actual se ve agravado por un proceso de desmemoria colectiva donde las generaciones más jóvenes, al carecer de conocimiento sobre la historia reciente, llegan a romantizar la dictadura franquista. Colao alerta sobre la instalación de una especie de «defensoría de la ignorancia», donde se promueve la falsa idea de que el desconocimiento aporta bienestar emocional y salud mental.
Este escenario ha permitido el avance de la derecha, impulsado principalmente por el demérito de la izquierda institucional. Colao argumenta que mientras la derecha ejerce un rol claro tanto en el gobierno como en la oposición, la izquierda ha caído en un descrédito absoluto al desgastar el discurso de los derechos sociales sin lograr que estos se materialicen en la vida real de los ciudadanos.
Finalmente, la activista rechaza que exista una apolitización de la sociedad. Al contrario, afirma que la ciudadanía está más politizada que nunca, pero advierte del grave peligro de que esta politización se esté construyendo desde la rabia. Al ser una mala consejera que no evalúa ni observa, la rabia amenaza con derechizar los espacios sociales, empujando a la población a votar contra sus propios intereses. Este fenómeno es el resultado del fracaso de quienes se proclamaron adalides de la izquierda en las instituciones y entendieron la unidad simplemente como una suma de siglas para retener el poder.
La política de las cosas frente a la burocracia de los datos
La idoneidad de los indicadores macroeconómicos actuales frente a las realidades materiales de la ciudadanía centra el debate sobre la calidad democrática del Estado. Diversas voces críticas señalan que las discusiones institucionales sobre el crecimiento económico o las relaciones diplomáticas internacionales, como los recientes acuerdos respecto al estatus de autonomía del Sáhara Occidental, se perciben ajenas por una población que afronta serias dificultades para cubrir necesidades básicas como la luz, el agua, la alimentación o el alquiler. Desde esta perspectiva, la falta de tiempo y recursos para la participación política activa responde a una situación de supervivencia diaria impuesta por la precariedad material, lo que cuestiona los discursos oficiales sobre el desarrollo y la madurez de la democracia actual.
Los indicadores de la calle
Frente a las estadísticas de organismos internacionales o los datos de gestión de las administraciones regionales, los sectores críticos defienden la urgencia de situar en el centro de la acción pública la realidad social palpable. Se argumenta que los desahucios, las viviendas sin suministro eléctrico, el abandono escolar o las dificultades de las personas dependientes para recibir asistencia en su vida cotidiana constituyen los únicos baremos válidos para evaluar la eficacia de las políticas. En este sentido, se denuncia que la complejidad administrativa ha sido utilizada con frecuencia por distintas formaciones políticas como una justificación para la inacción, obviando la exigencia ciudadana de aplicar indicadores de clase en la planificación y evaluación de los recursos públicos.
Movilización social hacia la huelga
En el ámbito de la acción sindical, se ha convocado una asamblea de colectivos y organizaciones en Gran Canaria de cara a la preparación de la próxima huelga general. Los promotores de este encuentro subrayan la importancia de articular espacios de colaboración que sumen apoyos más allá de las estructuras sindicales mayoritarias o sectoriales ya implicadas en el proceso. La iniciativa busca descentralizar la organización de la jornada de protesta, extendiendo la movilización hacia los barrios y comunidades bajo una premisa de responsabilidad compartida y defensa de la dignidad social, con el objetivo de asegurar un seguimiento mayoritario en la convocatoria del próximo mes de noviembre.
Autocrítica en los procesos de unidad
Respecto al panorama electoral y los acuerdos de confluencia alcanzados por las fuerzas de izquierda en territorios como Canarias y la Comunidad Valenciana, se reclama un análisis profundo sobre los objetivos de estas alianzas ante el avance de las opciones de derecha. Las posiciones más exigentes dentro del activismo social recuerdan que la unidad no debe convertirse en un mero reparto de escaños. Asimismo, se señala que diversos colectivos vulnerables, entre los que se incluyen personas migrantes, trabajadoras sexuales y la comunidad LGTBI, han sido históricamente apartados de las prioridades de los partidos tradicionales. Por ello, se condiciona el respaldo a estos frentes unitarios a un compromiso real de transformación que altere de forma efectiva las condiciones de vida de los sectores más desfavorecidos.