Por: Tagoror Permanente Rotativo, Rebelión Científica Canarias, Sr Francisco Galindo, La Gaveta20A y ARCAN (Firmantes de la denuncia penal contra el macroproyecto ECOCIDA Cuna del Alma)
Es un hecho público y conocido que una de las dos familias que aportan el capital que financia el proyecto urbanístico Cuna del Alma es la familia Vandermarliere, vinculada históricamente al grupo Vandermarliere Cigar Family (VCF), una multinacional del sector del tabaco con presencia industrial en distintos países. También está documentado que este grupo opera desde hace décadas con plantas de tratamiento y procesado de tabaco en países como Sri Lanka y Nicaragua, formando parte de una cadena de producción internacional en la que trabajan varios miles de personas.
Igualmente es un hecho ampliamente probado y denunciado por organismos internacionales, agencias de Naciones Unidas, ONG y estudios académicos que ambos países (Sri Lanka y Nicaragua) presentan graves déficits estructurales en materia de derechos laborales, erradicación del trabajo infantil y control del uso de herbicida altamente nocivos en las plantaciones de tabaco, entre ellos el glifosato y otros productos fitosanitarios señalados reiteradamente por sus efectos cancerígenos y su impacto devastador sobre la salud pública.
Que el grupo Vandermarliere Cigar Family (VCF) es uno de los dos inversores capitalistas del proyecto Cuna del Alma, no es una mera conjetura, está claramente documentado en distintas webs, de entre las que destacamos la información que se puede leer en un medio económico belga especializado (se adjunta a continuación), donde la propia familia Vandermarliere expone abiertamente la dimensión de su emporio industrial, su vinculación directa con el sector tabaquero internacional y, de forma expresa, su participación como inversora en el proyecto Cuna del Alma. En dicha publicación, la familia reconoce además que la normativa europea, más estricta en materia social, laboral y medioambiental, limita su capacidad de operar y expandirse en determinados ámbitos, lo que explica su estrategia de deslocalización productiva hacia terceros países y su apuesta por inversiones inmobiliarias en territorios fronterizos como Canarias, con fiscalización más laxa y gobiernos fácilmente corrompibles. Este reconocimiento público refuerza las dudas éticas y políticas planteadas y sitúa el debate en un plano inequívoco: no estamos ante rumores, sino ante un modelo empresarial que cuestiona abiertamente los estándares de buenas prácticas y diligencia debida que la propia Unión Europea exige a las grandes corporaciones.
Ante esta realidad objetiva que nos llega por distintas vías, los colectivos y personas que promovemos la denuncia penal contra Cuna del Alma estamos obligados moral y políticamente a plantear preguntas que no pueden seguir siendo silenciadas. A saber: ¿puede una multinacional del tabaco operar durante décadas en estos países, con plantas de tratamiento y miles de trabajadores locales, sin beneficiarse de unos costes de producción artificialmente bajos derivados de la debilidad o insuficiencia de los controles laborales, sociales y medioambientales? O dicho de manera más clara: ¿se financia Cuna del Alma con trabajo infantil y cultivos expuestos a herbicidas cancerígenos como el glifosato?
Frente a estos cuestionamientos razonables, la experiencia internacional demuestra que la deslocalización industrial hacia países con normativas laxas no es una casualidad, sino una estrategia empresarial deliberada, orientada a maximizar beneficios externalizando costos humanos, sanitarios y ambientales que en Europa serían legal y socialmente inaceptables.
Y las preguntas que nos vienen son claras: ¿Qué controles públicos reales se están ejerciendo sobre el origen del capital que financia Cuna del Alma? ¿Por qué se acepta sin el menor escrutinio público un modelo de financiación basado en cadenas de suministro radicadas en países donde se vulneran sistemáticamente derechos fundamentales?
Lo más grave es que este proyecto no solo no encuentra obstáculos en las administraciones canarias, es que ha sido activamente protegido y amparado por las mismas. En este sentido, conviene recordar que gracias a la participación directa del Gobierno de Canarias, la denuncia penal contra Cuna del Alma fue archivada provisionalmente, decisión que posteriormente ha tenido que ser revocada. Y previamente se levantaron paralizaciones a la obra y se rebajaron multas mostrando un claro trato de favor de nuestra clase política. El entreguismo del Gobierno de Canarias les lleva a afirmar sin ningún rubor que Cuna del Alma beneficia al modelo turístico canario. Lo que nos deja otra pregunta inevitable: ¿de verdad considera el Gobierno que este modelo de financiación tan poco ética proyecta una buena imagen de Canarias frente al mundo? ¿Es este el tipo de capital que merece protección institucional?
Dado que este tipo de prácticas empresariales y modelos de financiación están siendo crecientemente cuestionados por la normativa europea en materia de diligencia debida, derechos humanos y responsabilidad en la cadena de suministro, los colectivos y personas firmantes de esta nota de prensa hemos decidido dar un paso más y plantear formalmente en los próximos días diversas actuaciones y denuncias de carácter político y administrativo ante instituciones canarias, estatales y europeas. El objetivo no es otro que exigir transparencia, control y coherencia institucional, y determinar si las administraciones públicas están cumpliendo su obligación de no amparar, directa o indirectamente, proyectos financiados con capitales cuyo origen plantea serias dudas éticas, sociales y ambientales.
Las administraciones canarias no pueden seguir actuando como escudos políticos de intereses privados ni como blanqueadores de modelos económicos social y ambientalmente destructivos. Quién protege un proyecto, protege también el origen y la lógica del capital que lo hace posible.
¡Tengan un poco de vergüenza! ¡Basta ya de blanquear el capitalismo más salvaje y depredador!
¡Stop Cuna del Alma!