Por José Manuel Rivero. Abogado y analista político.
El Eje Atlántico: la rúbrica de la pleitesía de la oligarquía canaria a Msrruecos. La escenografía desplegada en Agadir este 26 de enero de 2026, con la firma de diez acuerdos entre el Gobierno de Canarias, presidido por Fernando Clavijo y el Consejo Regional de Souss-Massa presidido por Karim Achengli, constituye uno de los capítulos más oscuros de nuestra historia reciente. Lejos de ser un acto de buena vecindad, lo que se nos vende bajo la retórica vacía de la «cooperación estratégica» es la formalización del entreguismo absoluto de la oligarquía canaria a los designios de la satrapía marroquí. Asistimos, con estupefacción e indignación, a una operación de blanqueo donde el bloque de poder de las islas capitalinas del Archipiélago Canario —empresarios, autoridades portuarias, clubes deportivos y, lo que resulta intelectualmente imperdonable, las universidades públicas canarias— ha decidido validar la zona de influencia que Rabat impone unilateralmente sobre nuestras aguas, el espacio aéreo y nuestro futuro.
Esta alianza es la legitimación de facto del expansionismo marroquí. Al abrazar este mal llamado «Eje Atlántico», el Gobierno de Canarias no solo acepta la anexión de las aguas territoriales saharauis, sino que otorga carta de naturaleza al control marroquí sobre los recursos estratégicos del lecho marino, desde las codiciadas tierras raras del monte Tropic hasta la reactivación de las prospecciones petrolíferas. Es un acto de traición a la memoria popular: aquellos sondeos que el pueblo canario frenó en las calles y en el mar con masivas protestas frente a las costas de Lanzarote y Fuerteventura, hoy son validados en los despachos, al no oponerse que se perfore el subsuelo marino, que nos concierne y afecta, bajo la tutela y el beneficio de Rabat. La élite político empresarial canaria ha decidido que si el negocio lo gestiona el vecino del sur, la amenaza medioambiental y la soberanía dejan de importar. Poniendo, incluso, a su disposición los puertos canarios.
Resulta de una hipocresía atroz celebrar este pacto ignorando deliberadamente que se construye sobre un territorio en guerra. Mientras los dignatarios canarios brindan en Agadir, en el Sáhara Occidental se libra un conflicto armado contra la ocupación ilegal marroquí. Al normalizar relaciones comerciales y logísticas con el ocupante, el Gobierno de Canarias traiciona infamemente al pueblo saharaui, convirtiéndose en cómplice necesario del expolio de sus recursos y del silenciamiento de sus legítimos derechos. En estos documentos oficiales la palabra «Paz» ha sido desterrada, al igual que cualquier mención al respeto a la legalidad internacional o los Derechos Humanos. No es un olvido, es una declaración de principios: el lucro de unos pocos vale más que la dignidad de un pueblo hermano oprimido.
No podemos ser ingenuos ante la naturaleza de este acuerdo. El «Eje Atlántico» no es un puente de prosperidad, sino un eslabón en una cadena de dominación geopolítica de alto riesgo. Marruecos, aliado preferente de la entidad sionista y gendarme de los intereses imperialistas en la zona, arrastra a Canarias hacia un escenario de inestabilidad crónica que conecta con el Sahel y el Golfo de Guinea. La violencia es real y cercana: el bombardeo de Estados Unidos sobre Nigeria el pasado 25 de diciembre es el recordatorio brutal de que esta no es una zona de paz, sino un tablero militarizado. Al integrarnos en esta arquitectura de seguridad ajena, el Gobierno de Canarias nos coloca en el punto de mira, hipotecando nuestra seguridad y nuestra ética política a cambio de las migajas que caen de la mesa de una autocracia expansionista. La historia y, sobre todo, esperemos, el pueblo canario juzgará esta claudicación con la severidad que merece.