Denuncian vertidos ilegales al mar, construcciones en zonas protegidas —como el polémico proyecto de “Cuna del Alma” o intervenciones en las dunas de Maspalomas— y más de cien actuaciones que vulneran normativa europea, estatal y autonómica.
Podemos Canarias ha presentado ante la relatora de la ONU un dossier con más de un centenar de agresiones medioambientales en el Archipiélago, perpetradas con la complicidad de diversas instituciones públicas. En la rueda de prensa ofrecida hoy en Las Palmas de Gran Canaria, la diputada en el Congreso Noemí Santana, la concejala Gemma Martínez y el secretario de comunicación Fernando Ruiz han expuesto la gravedad de los hechos y exigido responsabilidades políticas a quienes han permitido este expolio ambiental.
El documento fue registrado la semana pasada en la sede de Naciones Unidas en Ginebra y entregado a Astrid Puentes, relatora especial para la protección del medioambiente.
Desde Podemos Canarias subrayan que estos atentados no son solo visuales o paisajísticos, sino que impactan directamente en la calidad de vida de la población: encarecen el acceso a la vivienda, precarizan el empleo turístico y degradan el patrimonio natural y cultural. “Hemos llevado estas denuncias a todos los niveles: municipal, insular, autonómico, estatal y europeo. Al no obtener respuestas, acudimos a la ONU”, explicó Noemí Santana.
Gemma Martínez, teniente de alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, enfatizó que “el modelo colonialista de la derecha canaria expone nuestro territorio al beneficio de unos pocos, mientras expulsa a quienes vivimos aquí”. Como ejemplo, comparó el récord turístico de Brasil (9,2 millones de visitantes) con los 18 millones recibidos por Canarias, “un territorio 17 veces más pequeño y mucho más frágil”.
Juantxo López de Uralde, exdiputado y activista ecologista, fundador del partido Alianza Verde respaldó la acción de Podemos Canarias ante Naciones Unidas: “Estas agresiones son consecuencia de un modelo de desarrollo depredador que no solo destruye el medioambiente, sino también la capacidad de las personas para vivir con dignidad en Canarias. Por eso pedimos a la ONU que actúe y ponga freno a esta deriva”.
Además de la denuncia internacional, Podemos Canarias propone declarar Las Palmas de Gran Canaria como zona tensionada en vivienda. Pese a que el Ayuntamiento lo solicitó hace un año, el Gobierno de Canarias —con Coalición Canaria al frente— no ha respondido. “Solo en esta ciudad hay al menos 5.000 viviendas vacacionales censadas. Eso significa 5.000 familias canarias expulsadas de sus barrios”, denunció Martínez. La formación ha presentado diez medidas para sacar vivienda vacía al mercado y prepara un contencioso administrativo para forzar al Ejecutivo autonómico a actuar.
“Queremos que la relatora visite Canarias, emita un informe y, si lo considera, active mecanismos de sanción. Hay leyes que proteger y responsables que deben rendir cuentas”, sentenció Santana, apelando a la justicia ambiental como un derecho de la ciudadanía.