Y el negocio de  la intimidación triunfa en Canarias

Por: Eloy Cuadra, escritor y activista social.

Al  final sucedió, y ayer jueves en el programa de la Televisión Pública Canaria La Retranca asistimos a la exhibición pública de un modelo empresarial basado en el miedo, camuflado como un supuesto debate sobre la vivienda. Anoche el Ente Público sentó frente a frente a la activista por el derecho a la vivienda Inma Évora y a Roberto Cristian Pérez, responsable de una empresa dedicada a la desokupación. El debate lo ganó él, sin lugar a dudas. A Inma se le vio nerviosa, y terminó condicionada por la intimidación física evidente que generaba su interlocutor, a lo que hay que sumar los procedimientos judiciales y el historial violento que le precede. Sorprendente, que Inma se presentara en el plató afirmando que desconocía por completo la historia de este señor, cuando sabemos que no es así. Está claro que no quiso entrar, probablemente por miedo, porque Inma vive en Tenerife y es activista por la vivienda, no puede no conocerlo. Él en cambio, muy relajado y dominando la escena, pudo presentarse como un benefactor y defender incluso medidas por el derecho a la vivienda, y aún le quedó tiempo para atacar a Inma con unas supuestas cantidades económicas que se habría llevado, convirtiendo el programa en una magnífica plataforma de promoción gratuita para su empresa. 

Sí señor, un espectáculo muy edificante. Imagino que estarán orgullosos los responsables de la Televisión Pública que decidieron traerlo. El colmo del bochorno lo pusieron los tertulianos posteriores, con Alberto Rodríguez, el liderísimo de Drago, igualmente mudo, incapaz de decir ni media palabra de las actividades de estas empresas, yéndose por las ramas con unos datos sobre vivienda que le parecían la bomba. Con todo, la única que tuvo la valentía y la decencia de decir algo fue Janire Alfaya, la periodista de la Cadena SER. 

Y aquí es donde conviene detenerse en algo que suele pasar desapercibido: la intimidación como herramienta de negocio. Porque no es casualidad que estas empresas recurran siempre a hombres físicamente muy fuertes, corpulentos y con una presencia deliberadamente intimidatoria. Saben que con esta carta de presentación no van a necesitar golpear a nadie. Muchas veces ni siquiera necesitan amenazar expresamente. La superioridad física está ahí para que la otra persona sepa que, si el conflicto llega a mayores, las fuerzas están muy desigualmente repartidas. Y eso funciona.

Una persona sola frente a varios hombres mucho más fuertes puede tener derechos, puede conocer perfectamente la ley y puede saber que aquellos hombres no tienen autoridad para desalojarla. Pero también puede pensar: «No quiero enfrentarme a ellos. No sé hasta dónde pueden llegar». Esto es miedo, y muchas veces es suficiente. Si además la empresa se ha encargado de publicitar situaciones muy violentas en desalojos previos, entonces la ración de miedo se multiplica. Y es curioso, sorprendente, terrorífico, desolador, que pueda parecerle a casi todo el mundo normal esta lógica intimidatoria, siendo la misma lógica que actúa en otro ámbito en España, y ésta sí está fuertemente condenada. 

Me refiero a la la violencia de género de carácter psicológico. La que sufren muchas mujeres que han vivido durante años sometidas al miedo de un hombre físicamente más fuerte que ellas, que la somete sin necesidad de golpearla todos los días, ni de que exista una amenaza explícita en cada momento. A la mujer le basta con saber de lo que el otro podría ser capaz para terminar condicionando su conducta, limitando su libertad y haciéndola callar por el terror a morir. Y a día de hoy, por suerte, la mujer también puede denunciar el terror psicológico y encontrar ayuda en la Justicia. En el caso de la violencia de género se ha entendido que es el miedo el que actúa machacando a la mujer, y no necesita convertirse en violencia física para que la Justicia aparezca. En cambio con la vivienda, el mismo mecanismo de terror de estas supuestas empresas no encuentra respuesta, al contrario, son protegidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, y vistos por muchos ciudadanos incluso como héroes. Esto nos evidencia lo desquiciada y loca que está nuestra sociedad, pero no quiero  entrar por aquí porque me desviaría demasiado.    

Donde sí quiero detenerme es en una cuestión que merece ser analizada también desde el punto de vista jurídico. Y es que el Código Penal contempla como agravante el abuso de superioridad cuando alguien se aprovecha de una situación que reduce las posibilidades de defensa de otra persona. Naturalmente, ser fuerte o contratar a personas corpulentas no constituye en sí ningún delito. Pero la pregunta es otra: ¿qué sucede cuando esa superioridad física deja de ser una circunstancia casual y se convierte deliberadamente en una herramienta para conseguir que alguien ceda? Porque si parte del éxito de un negocio consiste precisamente en que la otra persona tenga miedo de enfrentarse a quienes tiene delante, entonces estamos hablando de algo mucho más serio que de una simple «mediación» o «gestión de conflictos». Estamos hablando del negocio de la intimidación.

Sobre estas prácticas, algunos colectivos llevamos años advirtiendo. Subidos en el tsunami reaccionario en el que estamos, no nos han hecho ningún caso. Lo más preocupante es que esto va a peor, jóvenes ultradererchistas regalan palizas a gente solidaria, a migrantes o a militantes de izquierdas, y no pasa nada, se justifica, incluso por  alcaldes del PP. Y ayer pudimos contemplar en directo la eficacia del miedo, con el silencio vergonzoso de Alberto Rodríguez, el nerviosismo y la amnesia repentina de Inma Évora, y la alfombra roja que le pusieron los de Coalición Canaria que controlan la Televisión Canaria, preparando tal vez un posible futuro pacto con Vox.