CUADERNO DE BITÁCORA
Es evidente que no existe en nuestra Constitución pronunciamiento expreso que permita conceder amnistías, no es menos cierto que no existe precepto alguno que prohíba su concesión.
Así están las cosas, por un lado, cuando se dice que todo se hará de acuerdo con la Constitución, en el aspecto a una hipotética amnistía a los implicados en los sucesos secesionistas catalanes, no existe ningún artículo que permita conceder este privilegio constitucionalmente, pero tampoco lo prohíbe, lo que quiere decir que deja a la libre interpretación del legislador la amnistía.
Pero no es menos cierto que si se produce debería hacerse con el consenso de la mayoría parlamentaria, es decir, por votación de los 350 diputados del Congreso.
Pero la cuestión es: ¿es necesaria la amnistía para “pacificar” a los separatistas catalanes? ¿Cuál es el coste político de acceder a las pretensiones de Carles Puigdemont? ¿Está justificado acceder al chantaje para conseguir un gobierno de coalición de izquierda progresista?
A la primera pregunta, está clarísimo que no solo no pacificaría el ambiente político secesionista, todo lo contrario, visto que el chantaje tiene sus beneficios, seguirían chantajeando durante toda la legislatura, hasta que, hartos de estar hartos, se produzca la ruptura de los pactos y acuerdos y volvamos a unas nuevas elecciones.
A la segunda pregunta, el coste político de amnistiar a Puigdemont y por ende a la familia Pujol-Ferrusola y compañía será considerable, sobre todo por el sentimiento de fraude en los votantes socialistas (entre los que me cuento) que consideramos que acceder a las peticiones de un chantajista, fugado y en vías de búsqueda y captura, nos recuerda a los chantajes de ETA y sus famosos “impuestos revolucionarios”.
No, en absoluto estaría justificado el gobierno de coalición si Pedro y Yolanda se someten al chantaje, porque supondría olvidar las bases de una democracia. El Estado de Derecho implica que cada persona está sujeta a la ley, incluidas las personas que son legisladores, encargados de hacer cumplir la ley y jueces. Cualquier medida o acción debe estar sujeta a una norma jurídica escrita y las autoridades del Estado están limitadas estrictamente por un marco jurídico preestablecido que aceptan sus formas y contenidos. Por lo tanto, toda decisión de sus órganos de gobierno ha de estar sujeta a procedimientos regulados por ley y guiados por absoluto respeto a los derechos.
Es imposible gobernar con la espada de Damocles encima de tu cabeza, El chantaje de Puigdemont, caso de conseguir la amnistía en esta legislatura, dará lugar a nuevas extorsiones.
La convivencia entre las distintas comunidades que conforman el Estado español no debe basarse en el chantaje como medida de presión, “o me das o conmigo no cuentes”, convierte en mafia lo que debería ser acuerdos que beneficien a la totalidad de los ciudadanos españoles.
Quizás llega la hora de pensar en que la solución a la jaula de grillos que se ha convertido el Estado de las Autonomías se convierta en un Estado Federal.
Amnistiar a delincuentes no es la mejor solución a la investidura de Pedro Sánchez, pero si con toda la problemática existente lo consigue, estoy seguro de que la XV legislatura durará menos que un caramelo en la puerta de un colegio. Después del descalabro de la coalición Psoe/Sumar, la XVI legislatura será bajo el gobierno del PP/VOX. Esta es la crónica de una muerte anunciada.
En tal caso amnistía si, pero para todos, para los del procés y la familia Pujol-Ferrusola, para los de la Gürtel, para los del ERE andaluz, para el tito Berni y compañía, para los chorizos que hicieron negocio con la pandemia del covid19, para los condenados por delitos menores, los roba gallinas y los chorizos de guante blanco y cuello duro. Y todos tan felices.