Ya la derecha tiene otro leit motiv para continuar, previsiblemente con mayor artillería mediática, la ofensiva antidemocrática y anticonstitucional de deslegitimación de un Gobierno progresista en la que llevan embarcados desde 2018: se trata de la posible amnistía.
Cuentan, como en los últimos años, con la colaboración imprescindible de personajes de la vetusta guardia socialista. Allá ellos.
El nuestro es un régimen parlamentario. ¿Habrá que recordárselo a todos ellos todos los días?
Y es un régimen constitucional en el que la Norma Suprema es la que establece las garantías frente al poder. Frente al poder de la mayoría en que descansa la esencia de la democracia. Porque la democracia constitucional se sustenta en el poder de la mayoría, pero es un poder limitado constitucionalmente por los derechos individuales y por los de las minorías: políticas, religiosas, étnicas…todas.
Sólo así la sociedad se preserva como sociedad abierta. Y eso, en el plano estrictamente político, como un sistema en el que la alternancia es real y no sólo teóricamente posible. Son las diferencias entre la democracia constitucional, de matriz liberal, y las democracias autoritarias.
En nuestro sistema el poder legislativo, que representa la soberanía popular, tiene capacidad para regular las relaciones sociales y tomar las decisiones más relevantes para la gobernación del país sin más límites que los que fije taxativamente la Constitución. Límites que, por cierto, no pueden interpretarse extensivamente. Ni menos, a conveniencia política de la mayoría gubernamental. Ni tampoco de la oposición, por mucho que la respalden influyentes poderes fácticos.
Los que callaron cuando se indultó al general Armada Comyn, inspirador del Golpe de Estado del 23-F (eso sí que fue un coup d´êtat), no pueden inventarse exigencias novedosas cuando los posibles beneficiarios de medidas de gracia sean los independentistas que protagonizaron una grave ruptura del orden constitucional, pero no un golpe de Estado.
El Gobierno y la mayoría parlamentaria pueden (y deben) tomar las medidas políticas que valoren como necesarias para restablecer las relaciones de convivencia en Cataluña y mejorar la integración entre todos los territorios que integran esa comunidad política que es España. Comunidad plural, compleja pero no excepcional en el contexto europeo. Como no son excepcionales las dificultades que han caracterizado su formación como Estado, ni los conflictos territoriales que ha habido que superar en todo ese largo proceso histórico.
Dónde está constitucionalmente establecido que para concederse una amnistía debe formalizarse un acto de contrición y una proclamación de “no lo volveré a hacer” por parte de los beneficiados por ella.
El Gobierno debe actuar de acuerdo con su criterio sobre qué es lo que conviene al interés general y dentro de los límites establecidos constitucionalmente.
¿Y si no formalizan una declaración de arrepentimiento público los dirigentes o participantes en el Procés? ¿Y si, a pesar de proclamar que no lo volverían a hacer, volvieran a intentar una nueva secesión unilateral? Pues será de la exclusiva responsabilidad de quienes reincidan y el Estado de Derecho tendrá que volver a activar los mecanismos para preservar el orden constitucional y restablecer la convivencia democrática. Y, por cierto, pondrán más difícil -si cabe- la adopción futura de nuevas medidas de gracia. Y la ciudadanía, también la catalana, valorará los comportamientos de cada quien y se pronunciará electoralmente cuando le corresponda. Igual que lo viene haciendo reiteradamente en Cataluña y en toda España desde el 1-O.
Hay pronunciamientos recientes que, si no estuviéramos hablando de cosas muy serias, sería mejor tomarlos a broma.
Primero se escandalizan diciendo que cómo la gobernabilidad de España puede estar en manos de Puigdemont. Pues porque esto es un régimen parlamentario y gobierna quien logra articular una mayoría en el Congreso. Y todos los diputados ostentan la misma representación popular, la misma; y, en consecuencia, los mismos derechos y obligaciones. Así somos y así lo dispone la Carta Magna.
Pero a renglón seguido pretenden que el Gobierno no pueda tomar bajo su responsabilidad constitucional las decisiones que considere adecuadas para preservar los intereses generales, sino que -sin el menor anclaje constitucional- la concesión o no de una amnistía quede en manos del “golpista” Puigdemont, según le dé por arrepentirse públicamente o no, que así tendría exclusivamente en sus manos (y no en las del Gobierno) la decisión sobre si hay Gobierno y legislatura o convocatoria de nuevas elecciones.
Eso se llama transferir prácticamente la dirección política del país, que es la principal atribución del Gobierno (art. 97 CE), a un “golpista” “prófugo”…y todos los demás calificativos que se les ocurran. A la derecha y a sus adláteres, espontáneos colaboradores y demás socialistas “de los de verdad”.
Santiago Pérez