Si los Cabildos o el Gobierno de Canarias no presentan denuncia acogiéndose al artículo 281 del Código Penal, «no hace falta que denuncien, aunque tendrían que hacerlo.
Pues el Fiscal tiene la obligación legal de intervenir. Basta con que conozca por la prensa la “noticia criminis”. (Así opina el ex fiscal General del Estado y ex magistrado y juez, el jurista Eligio Hernández Gutiérrez.
La «noticia criminis» es el conocimiento o la información obtenida sea por agentes de policía o la Fiscalía, ante la comisión de una o varias conductas que revisten las características o presupuestos de un delito, puesta de manifiesto de distintas formas, pudiendo ser verbales, escritas o formuladas por algún medio de información.
¿Quiénes son los autores, golfos y delincuentes de este presunto delito que recoge el citado artículo 281del Código Penal provocando un desabastecimiento de papas con una subida de precios abusiva propia de especuladores indecentes y mafiosos sin escrúpulos?
La Fiscalía tiene la obligación y la responsabilidad de abrir un proceso judicial para activar los mecanismos de investigación y poder castigar a los «jefes» de esa banda de sinvergüenzas y depredadores.
¿Dónde empieza y acaba esta «cadena» de mercenarios de la alimentación donde se venden las papas a 5 euros el kilo? ¿Qué presunta connivencia existe o pudiera existir entre la cadena de producción y la cadena de venta? ¿En qué lugar, cuevas, naves o frigoríficos tienen escondidos los millones de kilos de papas?
¿A qué espera la Fiscalía para denunciar este atentado contra la economía de los bolsillos de los ciudadanos y amas de casa que se ven impotentes para poder afrontar económicamente los brutales precios de la cesta de la compra?
La Fiscalía está tardando en denunciar e investigar a todos los presuntos implicados en este delito de alteración de precios intencionadamente. Con la gravísima y maligna finalidad de desabastecer el producto.
Estamos ante una actuación delictiva escandalosa donde, presuntamente, podrían estar implicados en connivencia directa la «cadena de producción» y la «cadena de venta». Si así no fuera, ¿porqué están callados sin publicar ningún comunicado oficial a través de la Confederación Canaria de Empresarios (CCE) y de las Organizaciones Agrarias como la COAG Canarias?
La realidad de esta banda delictiva es que «están forzando una alteración de precios perjudicando gravemente a los consumidores». (Art. 281/Código Penal) en el que centra su autorizada opinión el abogado penalista, José Manuel Rivero.
«El Fiscal tiene la obligación de intervenir ante una presunta actuación delictiva», asegura con firmeza el ex fiscal General del Estado, Eligio Hernández.
Hay que actuar con luz y taquígrafos y publicar el retrato de los especuladores en todos los medios informativos. Es hora de que veamos las caras de estos delincuentes. ¿A qué espera la Fiscalía?
Saludos,
Armando Marcos
PD: deseo expresar mi agradecimiento por su asesoramiento a los juristas José Manuel Rivero, abogado penalista. Y a Eligio Hernández, abogado, ex magistrado, juez, y ex fiscal General del Estado.