Con motivo del Día Internacional de las Personas de Edad, la portavoz de la Plataforma de Residencias Dignas de Gran Canaria, María Rosa Pulido, ha alzado la voz en radio San Borondón, para exigir el cumplimiento estricto de los derechos de la población mayor y denunciar el arraigo del edadismo en las instituciones y la sociedad. Pulido señala que, a pesar de que el 80% de las personas mayores mantiene un rol activo y contribuye de forma decisiva a la economía y al sustento familiar, el sistema actual tiende a marginarlas y desatender sus necesidades más básicas.
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El impacto del edadismo y la inflación
La portavoz subraya que el rechazo por motivos de edad se manifiesta tanto en la falta de oportunidades como en la pérdida de poder adquisitivo. Según explica Pulido, la reciente subida del Índice de Precios de Consumo (IPC) en un 4,9% durante el mes de septiembre se traduce de manera directa en que los mayores pierden cinco euros de cada cien. Esta situación asfixia a un sector de la población que tradicionalmente ha percibido salarios bajos y que hoy en día continúa sosteniendo a sus familias, cuidando a sus nietos y apoyando económicamente a hijos que se encuentran en situación de desempleo o precariedad habitacional.
Desahucios y vulnerabilidad habitacional
Uno de los puntos más críticos de la denuncia pública de la plataforma se centra en el desamparo residencial. Pulido expone con indignación casos recientes de desahucios que afectan a personas de avanzada edad y con discapacidades reconocidas, como el de una anciana de 85 años en el barrio de Guanarteme, presionada a abandonar su vivienda debido a un proyecto de expropiación municipal. La portavoz lamenta que los intereses inmobiliarios y de fondos buitre prevalezcan sobre los artículos de la Constitución Española y los dictámenes de Naciones Unidas, provocando un deterioro drástico en la salud de los afectados.
Residencias terminadas pero cerradas
En el ámbito sociosanitario, la situación en Gran Canaria presenta graves deficiencias de gestión. La plataforma denuncia que el Cabildo de Gran Canaria mantiene cerradas cuatro residencias terminadas con unidades convivenciales y centros de día, a pesar de las promesas públicas de apertura. Esta inacción bloquea la implantación del nuevo modelo asistencial exigido desde 2023, el cual aboga por centros más pequeños, integrados en el entorno de los usuarios y limitados a un máximo de 120 plazas para evitar las macroresidencias obsoletas masificadas durante la pandemia.
La falta de personal y la gestión privada
La diferencia entre la gestión de los centros públicos y los concertados con empresas privadas agrava las condiciones de los usuarios, en su mayoría grandes dependientes de grado dos y tres. Pulido detalla que mientras la planta de gestión pública directa en centros como Taliarte Sur cuenta con una dotación de personal estable, las plantas gestionadas por empresas privadas sufren una falta crónica de trabajadores que no se sustituyen en tiempo y forma en casos de baja o vacaciones. La ausencia de una plantilla de refuerzo estructural provoca que los empleados asuman sobrecargas severas de tareas, lo que pone en riesgo la dignidad, el cuidado y la alimentación diaria de los residentes. Además, La brecha salarial en el sector evidencia que una trabajadora de las plantas privadas gestionadas por la empresa Clece (bajo servicio concertado) percibe un sueldo de 1.050 euros al mes, una cifra muy inferior a los 1.500 y 1.600 euros mensuales que cobran por el mismo trabajo en los centros públicos del IASS del Cabildo de Gran Canaria.
La portavoz de la plataforma denuncia deficiencias graves, plagas de insectos y casos de maltrato en los centros, mientras las administraciones incumplen las leyes de protección
María Rosa profundiza en una realidad alarmante que afecta a la gestión de la dependencia y la discapacidad en el archipiélago. Pulido denuncia que, a pesar de que normativas como la Ley de Dependencia, la Ley de Discapacidad, la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la propia Constitución Española garantizan la protección de los mayores, los responsables políticos «se las pasan por el forro de la manga», dejando a los ciudadanos más vulnerables en una situación de desamparo absoluto.
El pilar de una sociedad intergeneracional
La portavoz insiste en que el 80% de las personas mayores contribuye de forma activa y sostiene el tejido social actual. Los abuelos no solo actúan como cuidadores esenciales —llevando a los nietos al colegio o al pediatra para que los padres no pierdan sus empleos—, sino que también actúan como el último flotador económico de las familias. Desde la plataforma recuerdan que las pensiones de los mayores sufragan la luz, la comida, la contribución o las hipotecas de hijos que no llegan a fin de mes. Para Pulido, resulta incomprensible que una sociedad que se autodenomina «progresista» permita que estas mismas personas acaben desahuciadas en la calle o desatendidas en camas y sillones destrozados.
Negocio y desatención en los centros privados
Sobre las diferencias entre la gestión pública y la privada, Pulido se muestra tajante: las empresas privadas priorizan el beneficio económico por encima del bienestar. La portavoz expone el caso de un centro en Gran Canaria donde los familiares llegan a abonar 3.400 euros mensuales, pero se ven obligados a suplicar un cambio de pañal adicional para evitar que los residentes sufran quemaduras en la piel debido a la orina y las altas temperaturas.
Las quejas recibidas de forma masiva por la plataforma constatan deficiencias higiénicas, problemas severos en la alimentación, infraestructuras en mal estado y la presencia de plagas de cucarachas y ratas en centros como Taliarte o El Pino. Estas pruebas ya fueron trasladadas de primera mano en 2023 al entonces Diputado del Común, Rafael Yanes, para evidenciar el estado de la comida y de las instalaciones.
La sombra del maltrato institucional y directo
La falta de personal cualificado deriva, según la plataforma, en situaciones de maltrato tanto directo como indirecto. Pulido relata casos documentados de violencia física y alimentación forzada en el archipiélago. Asimismo, detalla cómo las familias han llegado a fotografiar a sus familiares antes y después de los turnos de aseo, descubriendo hematomas inexplicables en el rostro de los residentes tras haberles pedido que abandonaran la habitación. La escasez de cuidadores provoca que los grandes dependientes pasen horas desatendidos, lo que acelera la aparición de llagas y un grave deterioro de su salud.
Un llamamiento urgente a los responsables políticos
Respecto a las políticas sociales actuales, la portavoz critica que el modelo más humano que defienden los colectivos sociales no se está aplicando de forma real. Aunque algunos responsables públicos manifiestan su rechazo teórico al sistema de macroresidencias, la falta de presupuesto y de voluntad política bloquea el avance.
Por ello, la Plataforma de Residencias Dignas lanza una exigencia directa al presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, a la consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado, y al consejero de Hacienda, Matías Domínguez, para que reclamen y activen los fondos necesarios. Pulido concluye que, ante la perspectiva de un aumento en la edad de jubilación y la necesidad de cotizar hasta los 70 años, la creación de un nuevo modelo de cuidados dignos con plantillas de refuerzo y ratios adecuadas a la gran dependencia es una urgencia inaplazable.