Denuncian coacciones al padre de los menores para retirar las demandas
La Asociación DENIPER y un padre afectado desvelan episodios de autolesiones, intentos de suicidio y la suspensión total de las visitas como presunta represalia institucional.
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La gestión del sistema de protección de menores en Canarias vuelve a situarse en el centro de la polémica. Elsa Baute, representante de la Asociación DENIPER, y Nelson, padre biológico de cuatro menores de 14, 13, 10 y 9 años en régimen de tutela institucional, han denunciado en radio San Borondón una serie de graves irregularidades, presuntos malos tratos físicos y psicológicos dentro de un centro de acogida en Gran Canaria, así como coacciones dirigidas a silenciar el caso.
Lesiones físicas e intentos de suicidio
El caso, que comenzó el pasado 17 de marzo con la retirada de la custodia de los cuatro hermanos basada en informes sociales que el padre califica de «falsos», ha alcanzado una dimensión alarmante. Según relató Nelson, durante los regímenes de visitas semanales en el hogar de acogida comenzó a detectar marcas, hematomas y heridas en el cuerpo de sus hijos. «Mis niños, con miedo, me decían: ‘Papá, las tutoras me tiran de los pelos, me insultan, me pegan'», afirmó el progenitor.
La situación psicológica de los menores es crítica. El padre desveló que su hija de 14 años requirió hospitalización tras un intento de autolesión cortándose las venas, un suceso del que asegura no haber sido notificado formalmente por la administración. Asimismo, denunció que su hijo menor, de tan solo 9 años, intentó quitarse la vida utilizando una soga en el cuello. Ante estos hechos, la respuesta de los psicólogos del centro, según denuncia la Asociación DENIPER, ha sido argumentar de forma genérica que «todos los niños se hacen cortes hoy en día».
Represalias y suspensión del derecho de visita
Tras constatar las lesiones, Nelson interpuso una demanda judicial y notificó los hechos a la Fiscalía, la cual consideró verosímiles los indicios y ordenó abrir una investigación formal sobre el funcionamiento del centro de acogida. Sin embargo, el padre asegura que, en cuanto los responsables de la instalación tuvieron constancia de las acciones legales, suspendieron de inmediato las llamadas telefónicas y el régimen de visitas de dos horas semanales que tenía concedido.
En una reunión mantenida recientemente para intentar solucionar el aislamiento de los menores, Nelson afirma haber sido objeto de graves coacciones por parte de los responsables del centro, quienes además impidieron la entrada de su abogado defensor. Según su testimonio, le amenazaron con que si no retiraba las demandas judiciales y eliminaba de las redes sociales las publicaciones e imágenes que acreditaban los hematomas de los menores, no volvería a ver a sus hijos «hasta el día del juicio».
El «Síndrome de Dios» en la administración
Por su parte, Elsa Baute, de la Asociación DENIPER, criticó con dureza la opacidad y la falta de control judicial sobre las decisiones técnicas en el área de protección de menores. Baute denunció que los departamentos administrativos actúan con «el síndrome de Dios», ignorando de forma sistemática los requerimientos de los juzgados.
«Se saltan todas las leyes, no entregan los expedientes administrativos a tiempo y, cuando los dan, vienen completamente sesgados, dejando a las familias en una absoluta indefensión jurídica», afirmó la portavoz de DENIPER. Baute recordó que el derecho de visitas es un derecho fundamental amparado por tratados internacionales y criticó que se aísle a los menores «para que no se entere nadie de lo que está ocurriendo dentro de los centros».
Campaña nacional para reformar el Código Civil
Fante este escenario, DENIPER anunció que se encuentra coordinando esfuerzos junto a múltiples colectivos a nivel nacional, apoyando una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) impulsada originalmente por la asociación APRISIL. El objetivo prioritario es la recogida de firmas para modificar de forma urgente el artículo 172 del Código Civil.
La reforma pretende retirar a los funcionarios públicos la potestad discrecional de retirar la custodia de un menor por la vía administrativa sin el aval previo de un tribunal. Las asociaciones exigen que sea obligatoriamente un juez quien, tras contrastar de forma independiente informes y pruebas de ambas partes, dictamine si procede o no la separación familiar, evitando así que medidas cautelares tan drásticas se prolonguen indefinidamente en el tiempo mientras los menores sufren secuelas psicológicas y desarraigo.