Por: José Antonio Linares
La Real Academia de la lengua española define al despotismo como “el conjunto de actitudes y prácticas de quien abusa de su superioridad o poder en el trato con los demás”. Ya sólo con el autonombrarse “sus señorías” ya imponen un trato diferencial superior al resto de la ciudadanía, llegando a utilizar otros medios y medidas para que las personas no podamos acceder a la información que debería ser pública y consultable.
La Ley de fomento y participación ciudadana de canarias, así como el Reglamento del Parlamento de Canarias dicen que amparan el derecho a la ciudadanía a participar en las acciones políticas y gobernanza, eludiendo que los organismos públicos pueden poner todo obstáculo posible para que las personas desistamos de tal derecho y, quienes lo hacemos se nos vulnere flagrantemente ese derecho.
Al realizar preguntas en el parlamento de Canarias, dirigidas al gobierno, ya cuenta con las reticencias en el formato de las preguntas, haciéndote sentir como “intruso” en lo que de forma déspota llaman la representación popular. Tras presentar las preguntas te requieren subsanación del escrito y preguntas tales como la finalidad de la respuesta. Obviamente se recurre tal comunicación y es aceptado, procediendo a la admisión por la mesa del parlamento. La admisión conlleva la publicación en el Boletín oficial del parlamento y la comunicación a cada grupo parlamentaria y diputada no adscrita.
El reglamento del parlamento de Canarias establece que las preguntas de iniciativa popular deben ser recogidas por una diputada o diputado del parlamento, otro déficit democrático o impedimento a la ciudadanía, ya que podría tramitarse directamente. Por lo que se mantiene conversaciones con el grupo parlamentario de la oposición (PSOE), ya que una de sus misiones es la de fiscalización del ejecutivo, al tiempo que se comunica a cada “señoría” la publicación de la admisión de las preguntas, solicitándole que realicen las gestiones pertinentes para continuar con su tramitación. Transcurrido el tiempo determinado por el reglamento del parlamento, ninguna de “sus señorías” las asumen y decaen, dándose por finalizado el procedimiento.
Actitud y comportamiento de las parlamentarias y parlamentarios canarios que solo pueden calificarse de vergonzantes, humillantes y despreciativos a la sociedad que dicen representar. Aunque visto el silencio, también se puede pensar que es una actitud premeditada para persuadir a cualquier persona a que realice preguntas y no “moleste” o “incomode”, no vaya ser que tenga una oposición real en la calle.
Las preguntas en cuestión estaban dirigidas en el sentido de esclarecer la grave situación en la que se encuentra nuestro sistema publico de sanidad. Miles de camas hospitalarias ocupadas por personas con alta médica, así como la saturación de los servicios de urgencias, donde se solicitaba que se remitiese la relación de nacionalidades de las personas que hacen uso de dichas camas, y del uso de urgencias, alertados por las declaraciones del personal sanitaria que dice que deben hablar distintas idiomas para poder atender a estas personas y, a sabiendas del modelo socio económico que tenemos no es de extrañar que turistas y europeos hagan uso de dichas instalaciones, pudiendo confirmar este dato o desmentirlo, al tiempo que se silencia las voces de los racistas que afirman que la saturación del sistema es consecuencia de la inmigración irregular (dato que sabemos que es falso).
Con la irresponsabilidad, incompetencia e ineptitud de “sus señorías” han dejado la puerta abierta a cualquier conspiración, paranoia o especulación. Entre ellas, que hay una “intencionalidad” en dejar crecer el número de personas que ocupan camas hospitalarias con alta médica, ya que cada cama hospitalaria ocupada tiene un coste medio diario de 800 euros, que, por más de mil, actualmente ocupadas, supone unos 300 millones al año, sólo las de Tenerife, lo que equivale casi al 10% del presupuesto de sanidad de toda la comunidad autónoma, pudiendo alegar y “justificar” que el sistema es un modelo insostenible procediendo a su privatización, para mayor gloria de bastardo negocio que se enriquece del sufrimiento de las personas.
No es de extrañar el alejamiento de la ciudadanía del poder político y, tomando como ejemplo los resultados electorales del 2023 tenemos que había 1.788.706 personas con derecho a voto, de las cuales 897.991 votaron a las distintas candidaturas que se presentaron, un 50,20%, y los partidos que obtuvieron representación consiguieron 769.630 apoyos en las urnas, un 43,03%, dejando claro que la mayoría de la ciudadanía canaria no se ve representada en el parlamento y, en lugar de acercar la política a los ciudadanos se alejan aún más.
El poder democrático, el día que lo tengamos, debe ser justo, solidario, amable y participativo con el pueblo, todo lo contrario, es despotismo.