El que fuera alcalde de Santa Cruz, Miguel Zerolo, que en la actualidad cumple condena por el Caso Las Teresitas, está llamado a declarar este martes en el Juzgado de Instrucción número 3 de Santa Cruz de Tenerife, junto a Pablo Abril Martorell, como máximos responsables de la gestión privatizada del ciclo del agua en Santa Cruz de Tenerife, cuando se decidió devolver a Sacyr el canon que Sacyr había abonado al Ayuntamiento como precio por la privatización de la gestión de EMMASA.
Ramón Trujillo, portavoz de Unidas Podemos (Izquierda Unida, Podemos, Equo) en Santa Cruz de Tenerife, se congratula de que finalmente tengan que dar cuenta de estos hechos ante la Justicia a raíz de la denuncia de Unidas Podemos.
Miguel Zerolo y Abril Martorell están imputados por los presuntos delitos de malversación de caudales públicos y prevaricación administrativa, a raíz de las denuncias presentadas por Unidas Podemos en la Fiscalía y en el Juzgado.
Trujillo señala que el objetivo de la decisión de los investigados por la Justicia era devolver a Sacyr los 59 millones de euros pagados como precio de la privatización del ciclo del agua durante 25 años. El Ayuntamiento habría estado permitiendo el abono progresivo de tal cuantía, sin soporte legal alguno, a razón de unos 2,3 millones de euros anuales, sin detectar su presunta ilegalidad, pese a las auditorías que provocó la desastrosa gestión del agua privatizada por Coalición Canaria.
El portavoz de Unidas Podemos afirma que Coalición Canaria y el Partido Popular se han negado a constituir la comisión de investigación propuesta por la formación progresista, para esclarecer el descontrol de la gestión privatizada de EMMASA, averiguar los motivos de que no se detectara la salida de 2,3 millones de euros hacia Sacyr, en principio con periodicidad anual, y adoptar medidas para que no se repita tal perjuicio a los intereses públicos.
Asimismo, Trujillo denuncia que el actual grupo de gobierno también se ha negado a integrar la acusación particular en este caso. La conducta de CC y el PP es contraria a esclarecer lo que ha sucedido y a liderar la exigencia de responsabilidades legales. Responsabilidades que no se investigarían judicialmente de no haber sido presentada la denuncia de Unidas Podemos justo antes de que prescribieran los presuntos delitos investigados.