El caso Cuna del Alma alcanza por primera vez a un alto cargo político de Coalición Canaria
Antonio Manuel Acosta Felipe, director General de Costas, nombrado por el Ejecutivo de Fernando Clavijo, ha sido citado como investigado a petición del Ministerio Fiscal.
Los colectivos y particulares denunciantes del caso Cuna del Alma, Asociación de Taxistas Asalariados Costa Adeje, Familia Galindo, Sr Juan Francisco Galindo, ARCAN y La Gaveta20A, valoran positivamente la decisión del Juzgado de Instrucción de ampliar la investigación penal al actual Director General de Costas y Gestión del Espacio Marítimo Canario del Gobierno de Canarias, Antonio Manuel Acosta Felipe, veterano militante de CC y candidato a la alcaldía de Santa Cruz de La Palma en 2019, quien ha sido citado a declarar en calidad de investigado el próximo mes de septiembre.
Aunque la jueza ha rechazado por el momento la paralización cautelar de la totalidad de las obras solicitada por la acusación popular apoyada en un extenso y detallado informe pericial, y sigue sin citar como investigado al Alcalde de Adeje, la nueva resolución incorpora una decisión de enorme trascendencia, pues por primera vez la investigación penal alcanza a un alto cargo político del Gobierno de Canarias.
Hasta ahora las diligencias se habían dirigido contra empresarios de la promotora Segunda Casa y funcionarios de nivel técnico, cuyas primeras declaraciones están previstas para este 16 de julio. La citación del Director General de Costas supone un salto cualitativo en la investigación, al extender el escrutinio judicial al máximo responsable político de la gestión autonómica del litoral. No se trata por tanto de un funcionario más ni de un cargo técnico. Se trata del responsable político designado por Fernando Clavijo para ejercer las competencias en materia de Costas y gestionar uno de los expedientes urbanísticos y ambientales más controvertidos del archipiélago.
La decisión judicial cobra aún más relevancia al haberse adoptado a petición del Ministerio Fiscal, lo que pone de manifiesto que no somos solo los denunciantes los que entienden que es necesario esclarecer la actuación del máximo responsable político de Costas en relación con este procedimiento, y a partir de aquí que se llegue hasta el final.
«Sin embargo no podemos esconder nuestra profunda preocupación, por la continuidad de unas obras que avanzan a gran velocidad mientras la investigación judicial sigue su curso. Pues cada día que pasa prosigue la destrucción de valores ambientales, arqueológicos, geológicos y patrimoniales cuya protección constituye precisamente el objeto de esta causa. Y de mantenerse este ritmo de ejecución, esta dinámica de hechos consumados terminará privando de efectividad una eventual resolución judicial favorable, al haber desaparecido o resultado irreversiblemente alterados los bienes cuya protección se pretende garantizar», afirman los portavoces de los colectivos denunciantes.
Sea como fuere anuncian que seguirán colaborando con la Justicia, aportando toda la documentación y las pruebas de las que disponemos, actuando también en otros ámbitos, con la confianza de que la investigación permita esclarecer plenamente los hechos y depurar, en su caso, todas las responsabilidades que pudieran derivarse de ellos.