El abogado y analista político José Manuel Rivero ha calificado de «una fase más del golpe de estado» la decisión del juez Juan Carlos Peinado de enviar a juicio a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. La medida judicial incluye la retirada del pasaporte, la prohibición de salir del territorio nacional y la obligación de comparecer quincenalmente en el juzgado.
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El jurista ha cuestionado la legitimidad y la proporcionalidad de estas medidas cautelares, advirtiendo que atentan contra un Ejecutivo constituido democráticamente. «Mayor humillación, imposible», ha sentenciado Rivero, quien critica que el magistrado haya asumido las peticiones de la acusación popular —vinculada a la extrema derecha— frente al criterio del Ministerio Fiscal, que solicitaba el sobreseimiento de la causa al no apreciar indicios de delito.
Para el analista, el impacto real de las restricciones impuestas a Gómez equivale a un decreto de prisión preventiva encubierto. Rivero argumenta que no existen los presupuestos legales para tales medidas, como el riesgo de fuga o la destrucción de pruebas, especialmente al tratarse de una persona bajo instrucción desde hace dos años y que cuenta con escolta policial permanente.
Ante este escenario, el abogado considera que la Fiscalía, la defensa de Gómez y la Abogacía del Estado deberían interponer una querella contra el juez Peinado, por un presunto delito de prevaricación y vulneración del derecho a la libre circulación. Según su análisis, esta acción obligaría a la cúpula judicial a posicionarse ante una estrategia que, a su juicio, busca forzar la caída del Gobierno.