La titular del órgano judicial y la fiscalía denuncian reiterados retrasos en la entrega de expedientes e informes clave para el control de los menores tutelados, tras suspenderse una vista por la ausencia de técnicos de la Administración canaria.
La Plaza número 1 del Tribunal de Instancia, Sección de Familia, Infancia y Capacidad de Santa Cruz de Tenerife, ha lanzado una seria advertencia sobre la situación del sistema de protección de menores en Canarias. La magistrada titular de este órgano judicial ha calificado de «insostenible» el funcionamiento actual de la Dirección General de Protección a la Infancia y las Familias del Gobierno de Canarias, alertando de las graves deficiencias estructurales que dificultan el control judicial de las medidas de protección.
La alarma saltó tras la suspensión de una vista judicial que debía analizar la situación de protección de tres hermanos menores de edad tutelados por la Administración autonómica. El acto no pudo celebrarse debido a la ausencia de todos los profesionales y técnicos que la propia Entidad Pública había propuesto como prueba para defender la necesidad de mantener las medidas adoptadas.
Falta de coordinación institucional
Al inicio de la jornada, la letrada de la familia afectada, Margarita López Anadón, y la representación jurídica de la Administración comparecieron en la Sala. En ese momento se constató que los servicios jurídicos de la Entidad Pública no tenían constancia del señalamiento de la vista. Como consecuencia directa de este error de comunicación interna, ninguno de los peritos acudió a la cita judicial, forzando la suspensión del encuentro.
Este incidente derivó en un debate en la propia Sala entre la defensa de los menores, la Administración, el Ministerio Fiscal y la jueza, donde se expuso el malestar por una problemática que los operadores jurídicos consideran crónica.
Retrasos sistemáticos en los informes
La magistrada, Sofía Elena Valdivia López, manifestó su profunda preocupación por las trabas burocráticas a las que se enfrenta diariamente el tribunal. Según detalló la juzgadora, el órgano judicial encuentra reiteradas dificultades para que la Dirección General remita dentro de los plazos legales las actualizaciones de los expedientes administrativos y los informes necesarios para resolver sobre el futuro de los menores.
La jueza incidió en que, tras emitir requerimientos judiciales para la aportación de documentos esenciales, las respuestas se demoran en exceso. Además, señaló la enorme complejidad que existe actualmente para identificar qué departamento o profesional concreto de la Administración debe dar cumplimiento a las órdenes dictadas por el tribunal. Ante la gravedad de los hechos, la magistrada ha expresado su disposición a atender directamente a los medios de comunicación para detallar las carencias del servicio.
Preocupación en el Ministerio Fiscal
A las quejas del tribunal se sumó la Fiscalía adscrita al caso. La representante del Ministerio Fiscal, incorporada recientemente a la plaza de Santa Cruz de Tenerife tras ejercer su labor en Valencia, mostró su indignación y aseguró no haberse encontrado con una situación similar en toda su trayectoria profesional.
La fiscalía coincide en que la falta de información actualizada y de documentación suficiente no responde a un hecho aislado, sino a una dinámica constante que obstaculiza la función constitucional y legal de fiscalizar las decisiones administrativas que afectan a la infancia vulnerable.
El impacto real en los menores
Los profesionales del ámbito legal recuerdan que estos retrasos no representan meros fallos de agenda o trámites burocráticos sin importancia. Los procedimientos de familia deciden cuestiones de extrema gravedad, tales como la separación de un niño de sus progenitores, la permanencia en centros de acogida, el régimen de visitas o la separación de grupos de hermanos.
La falta de valoraciones actualizadas impide conocer si las circunstancias que originaron la retirada de la tutela han cambiado o si es viable una reunificación familiar. Mientras los expedientes de miles de páginas se acumulan sin actualizar, el tiempo transcurre de forma irreversible para los menores afectados.
Próximas movilizaciones
Fuentes cercanas al caso confirman que ya se están valorando la presentación de quejas formales ante los organismos competentes para denunciar las trabas que sufren familias, fiscales y jueces.
Asimismo, se prevé la convocatoria de un acto público de protesta ante la sede de la Dirección General de Protección a la Infancia y las Familias en la capital tinerfeña. Los promotores de la iniciativa aclaran que el objetivo no es atacar el sistema público de protección, sino exigir la máxima rigurosidad, transparencia y agilidad a una Administración pública que tiene la potestad de separar a los niños de sus familias.