La La audiencia provincial ha decidido llamar a declarar al antiguo dueño de Autogrúas Poli y a los trabajadores despedidos que denunciaron inicialmente las irregularidades en la empresa, dirigida por los amigos de Fernando Clavijo.
El pasado mes de mayo, la jueza del caso Grúas, Celia Blanco, rechazaba la comparecencia como testigo del que fuera primer dueño de la empresa concesionaria del servicio de retirada de vehículos de las vías públicas, José Padilla, a pesar de que la habían solicitado las diversas partes de la acusación: Unidas Se Puede y XTF-NC y la propia Fiscal Anticorrupción, María Farnés.
Por ello, los denunciantes, Unidas Se Puede y XTF-NC, recurrieron esta decisión de dejar fuera a Padilla, dado que consideran muy relevante que ratifique en sede judicial las afirmaciones que ya ha hecho fuera de ella: ante la Guardia Civil, ante la comisión de investigación municipal sobre este asunto y en Radio San Borondón, con relación a supuestas presiones recibidas desde el Ayuntamiento e incluso del entonces alcalde, Fernando Clavijo ex presidente del Gobierno canario, e investigado en esta causa.
Rubens Ascanio, Teniente Alcalde del Ayuntamiento de La Laguna, ha afirmado: “Nos parece un acuerdo muy importante que ratifica la posición de la Fiscalía que comparte la necesidad de declarar a estas personas y es el paso definitivo para clarificar este caso donde se evidencia que Coalición Canaria ha hecho un uso político vinculado a intereses partidistas y particulares”.
Ascanio destaca que ahora, con la declaración de Padilla, quedará en evidencia la forma en que Fernando Clavijo diseñó el proceso de privatización del servicio de grúas para poner a sus amigos al frente, para colocar a dedo a personas afines.
“Lo que no pudo ser en el Caso Corredor, por la desaparición de los papeles, será gracias a la declaración de Padilla y los trabajadores el caso Grúas”, concluye.