El alegato de María Farnés, en su informe final en el juicio oral por el llamado «Pelotazo de Las Teresitas» es de una contundencia y de una dureza contra los acusados, especialmente contra Miguel Zerolo, Manuel Parejo y los empresarios, que echa por los suelos todos y cada uno de los argumentos de la defensa y de los peritos.
La fiscal dice que este caso es muy sencillo pero que los peritos y defensas de los acusados se han estado refiriendo en todo el juicio a una realidad virtual, inexistente, inventada, que no tiene nada que ver con la realidad contrastada en base a los hechos ocurridos.
En base a esta realidad virtual, la Fiscal asegura que es esta realidad virtual la que utilizan para tratar de argumentar que se haya triplicado el precio de las parcelas, que los empresarios Antonio Plasencia e Ignacio González vendieron al ayuntamiento de Santa Cruz.
Además, sobre los peritos de los acusados, la fiscal dice que su profesionalidad está fuera de dudas , pero su imparcialidad no.
Con argumentos contundentes, María Farnés fue desmontando uno a uno los argumentos esgrimidos a lo largo de esta larga Vista por las defensas, con un lenguaje contundente pero tambien utilizando en algunos momento el sarcasmo y la ironía.
«¿No saben los peritos de los acusados que en la playa de Las Teresitas, es muy habitual que nos encontremos con chorretones de aguas fecales, como vemos todos los demás» preguntó para referirse a la pretensión de estos de que el suelos era urbano , sin tener saneamiento, ni alumbrado o aceras…
En cuanto al deslinde marítimo terrestre la Fiscal afirma que es imposible entender que los acusados pretendan convencernos de que las parcelas del frente de playa no están afectadas por la linea del deslinde, como lo demuestran varias sentencias y varios funcionarios.
También Farnés destacó como Miguel Zerolo el mismo día que se aprobó la Moratoria turística convocó un Pleno.
En cuanto al Expediente de la compraventa, la Fiscal afirma que «no hay nada, y que solo se puede analizar si hacemos un acto de fe«. Añade que «lo que sabemos que existe no está en el expediente, y lo que dicen que pasó nos lo tenemos que creer!«
Eso sucedió por la mañana. Por la tarde, María Farnés descargó toda su artillería contra Miguel Zerolo y Manuel Parejo. Concretamente acusó al exalcalde Miguel Zerolo de apoyar la compra del frente de la playa de Las Teresitas para beneficiar a los empresarios Antonio Plasencia e Ignacio González, lo que produjo «un auténtico saqueo» a las arcas municipales. Recalcó que es absolutamente imposible que esta operación se pudiera haber realizado sin el conocimiento ni el consentimiento del entonces alcalde de la capital tinerfeña y detalló que el precio de la compraventa era el equivalente al 25% del presupuesto de la Corporación santacrucera en 2001.
María Farnés añadió que no resulta creíble que la operación se realizase a espaldas de la máxima autoridad municipal, insistiendo en que Zerolo es presunto autor de los delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos que, en su caso, calificó de «agravado». Según sostiene la Fiscal, el proceder de Zerolo fue contrario a la ley en una actuación arbitraria y en acuerdo con los empresarios, pues ha quedado acreditado que mantuvo reuniones con ellos para fijar el precio con anterioridad a la formalización de la compraventa.
«El precio estaba más que pactado, y después se montó el expediente administrativo», dijo Farnés, recordando que no se incluyeron en él los informes periciales de la arquitecta municipal Pía Oramas y de la Universidad Carlos III porque los funcionarios entonces jamás habrían avalado la operación. «La decisión tomada por Zerolo fue totalmente arbitraria y con plena consciencia de lo que estaba haciendo para pagar a unos empresarios. No actuó conforme a derecho ni se defendieron los intereses del pueblo de Santa Cruz, sino los intereses particulares de dos personas: Antonio Plasencia e Ignacio González».
Lo que el excalcalde calificó en su declaración como un negocio «magnífico» para la ciudad realmente fue «ruinoso», añadió María Farnés, matizando que lo que se gastó en Las Teresitas fue diez veces más de lo que invirtió el Ayuntamiento en servicios sociales.
Respecto al exconcejal de Urbanismo Manuel Parejo, la fiscal concluyó que llevó su jefatura en esta área «a máximos extremos» y actuó como si fuera de su propiedad, cuando era «un servidor» de lo público. A su entender, Parejo conocía perfectamente los informes periciales que rebajaban el valor de los terrenos a 3.210 millones de pesetas y dio la orden de no incluirlos en el expediente. Parejo era «total y absoluto conocedor» de los informes, aceptó incluir los que aumentaban la edificabilidad y el aprovechamiento lucrativo en el Valle de las Huertas, que era de propiedad privada, y mintió ante el tribunal, dijo la fiscal, cuando dijo que constaban todas las tasaciones necesarias para fijar el precio de la operación.
En el supuesto de que fueran fehacientes los valores catastrales aplicados a las parcelas afectadas por dicha compraventa, se pagó trece veces más por el frente de playa de lo que correspondía, agregó María Farnés Martínez, quien manifestó que, «si alguien tenía conocimiento de que eran propiedad del Ayuntamiento, era Manuel Parejo».
Sobre los exconcejales Emilio Fresco (PSOE) y José Emilio García Gómez (PP), la fiscal admitió que, antes que nada, su postura es de «sorpresa» ante la declaración de ambos de que votaron a favor de pagar 8.750 millones de pesetas a unos empresarios «sin pedir ninguna información ni comprobación». En cuanto a José Emilio García Gómez, afirmó la fiscal que tenía mucho más conocimiento de la operación que se estaba gestando de lo que «quiso hacernos ver» en el juicio, pues incluso Miguel Zerolo admitió que lo había consultado en varias ocasiones al haber sido el edil popular exalcalde de la ciudad (cuando estaba en ATI-CC) y exconcejal de Urbanismo, y haber asistido a varias reuniones sobre la compraventa del frente de playa.
A modo de resumen final, María Farnés dijo que «Existen elementos suficientes en la conducta de ambos concejales de que han contribuido de forma importante y esencial a la pérdida de 8.750 millones de pesetas para las arcas municipales».
Al filo de la noche la defensa de Antonio Plasencia protestó por la duración del informe de la fiscal, que duró seis horas, lo que perjudica la preparación de la intervención de las defensas. Joaquín Astor, Presidente de la Sala, respondió que tiene «derecho al pataleo», pero que todo lo que ha detallado María Farnés Martínez «lo lleva diciendo desde el inicio, el 9 de septiembre, y hoy se ha decidido a recapitular».