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Con la narración de la «Bajada a los infiernos» de la sanidad tinerfeña por parte del magistrado Astor Landete, quien pasó una noche sentado en una silla de plástico con un gotero, se reanudó el juicio de hoy.
El perito Jordi Duatis (por Inversiones Las Teresitas) aseguró que fue «un error» considerar que se podía construir un hotel de cinco estrellas en la parcela once de Las Teresitas, que tiene un 70 por ciento de inclinación, y ha aseverado que si tuviera que repetir ahora este proyecto «lo cambiaría de sitio». No obstante Joaquín Jalvo, otro de los peritos cree que en la citada parcela 11 podría haber el doble de la edificabilidad prevista y que es «la que menos problemas tiene».
La exarquitecta municipal Pía Oramas subrayó que ninguna previsión de edificar hoteles en la playa podía incluirse en las excepciones contempladas por la moratoria turística. Pía Oramas consideró «obvio» la imposibilidad de distribuir varios hoteles en los 90.000 metros cuadrados del frente de playa, de lo que la mitad corresponden a la ladera, y puso como ejemplo que sólo un campo de golf acapara más de cien mil metros cuadrados. También reiteró reiteró que Las Teresitas está calificada como suelo urbano no consolidado y por lo tanto no cumplía los requisitos previstos en la moratoria para edificar lo que popularmente se llama «hoteles urbanos», que están admitidos en suelos urbanos no consolidados de carácter no turístico. Por ese motivo discrepó de otros peritos presentes en el juicio que a su juicio han hecho una interpretación «muy sui generis» del Plan Insular de Ordenación del Territorio de Tenerife en el que, recordó, la capital tinerfeña quedaba «fuera» del futuro desarrollo turístico en la isla.
Para Pía Oramas, Las Teresitas no tenía un proyecto de urbanización aprobado «y no se puede estar a la vez en un sistema de expropiación y en otro de compensación» y detalló que en la época en que era edil de Urbanismo Pablo Matos (PP) el objetivo era dotar a la zona de ámbitos deportivos y de uso ciudadano y los técnicos «teníamos que ofrecer vías para lograr» esta finalidad.
Ana Ormas añadió que a ella se la invitó a una reunión para hacerla recapacitar «en mis planteamientos» y detalló que en el encuentro el abogado Mauricio Hayek argumentó que los promotores podían construir en el frente de playa en un ámbito de unos 169.000 metros cuadrados ya que la operación se consideraba aprobada por silencio administrativo. Sien embargo dijo que a ella no se le permitió hablar en el citado encuentro porque había una circular interna por la que los funcionarios de la Gerencia de Urbanismo no podían expresar su opinión sin una autorización previa del entonces concejal de Urbanismo Manuel Parejo. Ese fue el motivo por el que el 29 de diciembre de 2000 a ella y a la también arquitecta municipal Ana Zurita se les notificó la apertura de un expediente de información reservado, trámite previo a un expediente disciplinario, por haberse pronunciado en una reunión convocada en el Cabildo de Tenerife con la consejera de Planificación Mónica Méndez.
El abogado de la acusación José Pérez Ventura solicitó que se incluyese este expediente en la documentación del juicio, a lo que el letrado de Manuel Parejo argumentó indefensión por no haberlo citado antes Oramas, condicionó su inclusión a que el Ayuntamiento aportase toda la documentación relativa a este asunto y advirtió con la posible recusación de la perito por mostrar «enemistad manifiesta».
También otros abogados de la defensa rechazaron este trámite por «extemporáneo» y porque la posible apertura de un expediente es un hecho habitual en las administraciones públicas «con el que se trata de desacreditar a uno de los encausados».
Finalmente Oramas aseveró que se le comunicó verbalmente que se sobreseía el expediente al haberse aceptado sus explicaciones y el magistrado Joaquín Astor precisó que se incluía el documento en la instrucción.
También aseveró la exarquitecta municipal que el funcionario Víctor Reyes trató de inducirla a cambiar los criterios por los que había efectuado su tasación y consideró que no tiene datos acerca de cómo finalmente se llegó al precio de 8.750 millones de pesetas. El apoderado de la Sociedad de Tasaciones, José Luis Estevas, afirmó que el primer conocimiento que «en mala hora» tuvo de este asunto fue cuando desde el servicio de control de la entidad le comunicaron que había una tasación «un tanto anómala» ya que nunca se había hecho la valoración de acuerdo a la información que aportaba el cliente. Estevas indicó que en estos datos no se contemplaban las restricciones a la urbanización que implicaban la ley de Costas, los estándares turísticos y la normativa de plazos por lo que el resultado era un valor «totalmente condicionado». Sin embargo entendió que era «aparentemente correcto» si se cumplían unos determinados condicionantes que se expusieron en un informe adjunto, el «B», que era parte indisoluble del documento elaborado por la Sociedad de Tasaciones «pero que no sé por qué desapareció».