Intersindical Canaria denuncia el cumplimiento del Gobierno de Canarias sobre el plazo para la implantación de las nuevas tecnologías en la administración de justicia y las múltiples deficiencias
Indican que el plazo legal para la implantación obligatoria del expediente judicial electrónico venció ayer, día 8 de julio, y desde INTERSINICAL CANARIA denunciamos el incumplimiento grave de la Ley por parte de la Comunidad Autónoma de Canarias con competencias transferidas al no haber dotado de los medios tecnológicos suficientes a la inmensa mayoría de los juzgados y tribunales y a ninguna de las fiscalías.
«Sin ser adivinos ni videntes INTERSINDICAL CANARIA ya adelantó este incumplimiento en el mes de enero en su escrito de alegaciones al documento remitido por el Servicio de Modernización y Organización de la Dirección General denominado nada más y nada menos que Estrategia de comunicación y gestión de certificados, tendente a la implantación del papel 0 en la Comunidad Autónoma de Canarias, denunciando el caos y el perjuicio que se iba a ocasionar a los trabajadores/as y al ciudadano en general. El tiempo lamentablemente nos ha dado la razón en todo lo expuesto en nuestro escrito de alegaciones; la puesta en marcha del papel 0 sin la formación y la información adecuada a los compañeros/as no nos parece seria, la implantación de un sistema tan complicado, como es este, requería de una plataforma virtual donde poder hacer simulacros de cómo funciona el sistema, y ver qué problemas y dudas se podían plantear a la hora trabajar con él. No se puede enseñar con prisas y a lo loco, arremolinados ante un ordenador y en veinte minutos, pero claro el tiempo se echaba encima y el papel 0 tenía que implantarse con calzador si era necesario».
Desde esta Sección Sindical se preguntan para cuándo la formación y la información al resto del personal. La convivencia de los dos sistemas, el papel 0 (o papel doble) y el sistema de toda la vida, ha dado lugar a la paradoja que en muchos Juzgados el papel se ha agotado porque se está imprimiendo lo que se recibe por vía Lexnet para poder integrarlo en los expedientes judiciales en papel, por lo que trabajamos dos veces (con la pérdida de tiempo que ello supone y el cabreo e indignación de los compañeros y compañeras). Esto va a producir, y no es un chiste, que el gasto en papel aumente.
La federación de justicia de IC ha solicitando información ante la Administración sobre los gastos de papel y toner desde enero de 2016, sin respuesta hasta la fecha. La situación descrito ha causado también el caos de los Decanatos y Juzgados de Canarias, que han comprobado cómo las prisas por implantar este sistema han dado lugar al retraso en la tramitación, numerosas disfunciones y multitud de tareas inútiles, así como al lógico cabreo, malestar e indignación del colectivo que se ve impotente a la hora de desarrollar adecuadamente y de forma digna su trabajo, lo que ha obligado a poner en marcha un plan de refuerzos y un plan de actuación, que a nuestro parecer es insuficiente. Aseguran que una vez más el gobierno de Canarias ha negado la participación a la parte social, a pesar de estar regulado en el DECRETO 40/2014, de 15 de mayo, por el que se regulan determinados aspectos relacionados con la modernización de la Administración de justicia en Canarias , al no convocarnos a los sindicatos ni convocar el grupo el Grupo de Trabajo funcional de seguimiento del Proyecto Atlante, del cual forma parte los representantes de los trabajadores y cuyas funciones son la siguientes:
a)La revisión del repertorio documental de plantillas y los esquemas de tramitación existentes en el sistema de gestión procesal, y análisis y resolución de peticiones de eliminación, modificación, inclusión y configuración de plantillas formuladas de oficio o a instancia de los usuarios.
b) El análisis de propuestas de acomodación del sistema de gestión procesal a los requisitos que se fijen en cada momento por el Consejo General del Poder Judicial para garantizar la interoperabilidad de las aplicaciones y servicios informáticos.
c) El análisis de propuestas de mejora, formuladas de oficio o a iniciativa de los usuarios respecto a nuevas funcionalidades del sistema de gestión procesal.
d) El análisis de la adecuación a las bases para el desarrollo del esquema judicial de interoperabilidad y seguridad de modo que permita, a través de las plataformas tecnológicas necesarias, la interoperabilidad total de todas las aplicaciones informáticas al servicio de la Administración de justicia.
e) El análisis del cumplimiento de las guías de interoperabilidad y seguridad de las tecnologías de la información y las comunicaciones, aprobadas por el Consejo General del Poder Judicial.
El propio gobierno de Canarias ha reconocido que el expediente digital en Justicia – lo que el ministro Rafael Catalá anunció como el «papel cero» para enero de 2016– no será una realidad a pleno rendimiento en los juzgados de Canarias hasta mediados de 2017 .
INTERSINDICAL CANARIA apuesta por la modernización de la justicia pero exige que se haga de forma pausada, consensuada con los operadores jurídicos, negociada con los representantes de los trabajadores y con dotación presupuestaria expresa para los medios personales y materiales necesarios y con formación profesional exhaustiva para el personal usuario de las nuevas tecnologías.