Por: Eloy Cuadra , escritor y activista social.
Hay decisiones políticas que solo persiguen un objetivo de fondo, ampliar poder, aunque públicamente te digan otra cosa. Solo a veces, muy de vez en cuando, los políticos sí toman decisiones pensando en el interés general, pero eso: muy de vez en cuando. Y desde hace unos días, estamos sabiendo que la protectora de animales de Tenerife que desde 1989 gestiona la ONG Adepac, de manera formidable por cierto, va a dejar de prestar ese servicio a través de esta asociación, para, presumiblemente pasar a ser gestionada por la empresa pública Tragsa, como, de hecho ya sucede con otro centro de animales de Tenerife, Tierra Blanca. Un centro en el que por cierto, la gestión no ha mejorado, si nos atenemos a lo mal que estuvieron los perros durante largo tiempo tras las inundaciones de hace unos años, o lo poco que los animales salen de sus jaulas desde que la gestión ha pasado a esta empresa. En cualquier caso, es un cambio en la gestión, que es mucho más que un cambio, es apostar por otro modelo de gestión radicalmente distinto. Es quitarle una protectora de animales gestionada por una ONG de trabajo directo y especializado, con un alto componente de voluntariado, de vocación y de amor por los animales, donde el lucro no está como prioridad, para entregársela a una macro empresa pública cuyo presidente gana más de 233.000 euros al año, factura cerca de 2.000 millones de euros y emplea a más de 23.000 personas.
En este punto alguien probablemente diga: «Bien, una empresa pública, vamos a poner en valor lo público, profesionalizando los cuidados de los animales». El problema es que no es eso, hay más, mucho más, que no se ve tras la primera mirada inocente. Para empezar, el Cabildo de Tenerife está gobernado por CC y el PP, así que olvídense de un amor repentino por lo público y empiecen a sospechar. Por no hablar de los precedentes de la señora Rosa Dávila, que poco o nada ha destacado por preocuparse por la fauna o la flora de Tenerife (vía libre a Cuna del Alma, al circuito del motor, y negativa a la ecotasa, entre otras decisiones). Pero la clave del asunto es que el Cabildo es accionista del Grupo Tragsa. Y este detalle convierte a la empresa en un medio propio instrumental, conforme a la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público. ¿Traducción práctica? El Cabildo puede encargar directamente a Tragsa la gestión de la protectora sin licitación pública, sin concurrencia abierta y sin que otras entidades puedan competir en igualdad de condiciones. Es legal, sí, pero que algo sea legal no significa que sea políticamente inocuo ni éticamente aceptable. La concurrencia pública cumple una función democrática: introduce competencia, transparencia y comparación de méritos. Cierto, que es muy fácil y habitual amañar las concurrencias públicas para favorecer al amigo empresario de turno, pero esa es otra historia. Cuando ya no hay ni concurrencia, como parece que será en este caso, menos filtros todavía, y más impunidad.
Y lo que pasará si se queda Tragsa con la gestión, es que el servicio pasará a integrarse en la órbita instrumental del propio Cabildo, como pasa con la protectora Tierra Blanca. Y aunque formalmente el personal lo contrate Tragsa, la arquitectura del encargo -estructura, perfiles, dirección del servicio- lo va a decidir alguien en el Cabildo. En una isla donde el empleo vinculado al sector público tiene un peso ya bastante importante, ampliar la esfera instrumental del control político significa ampliar la capacidad de influencia del político. Y esto, en este país tiene un nombre claro: se llaman redes clientelares. Y aclaro, para que no se me interprete mal, no es esta una conducta necesariamente ilegal, pero es más que evidente que se orienta a concentrar poder y lealtades en torno a quien gobierna. No hace falta que haya sobres ni delitos. Basta con que el diseño permita que el servicio dependa cada vez más de la estructura política y menos del tejido asociativo independiente.
A este riesgo claro de clientelismo político se suman los precedentes que ya hay en torno a Tragsa, que podrán comprobar a poco que busquen. Así, mirando muy por encima, se sabe que fue en el Grupo Tragsa donde colocaron a la supuesta amante del exministro José Luis Ábalos, cobrando durante bastante tiempo sin aparecer por la oficina, y el asunto acabó judicializado. También sabemos que asociaciones empresariales en distintos territorios -Canarias incluida- han denunciado que las administraciones recurren a Tragsa para evitar procesos abiertos de licitación, generando lo que califican como competencia desleal al operar con respaldo estatal y sin riesgo de mercado. Bomberos forestales gestionados por Tragsa en comunidades como Madrid han protagonizado huelgas denunciando precariedad salarial, incumplimientos en prevención de riesgos y falta de negociación colectiva. Y en la última década cientos de empleados de Tragsa han sido sancionados por absentismo, según datos difundidos públicamente, lo que revela tensiones estructurales en la gestión interna. Esto es: que las cosas no van bien en Tragsa.
Los precedentes que se citan, y la experiencia previa de Tragsa con Tierra Blanca, nos llevan a temer que la gestión -y sobre todo la calidad de vida de los animales- va a empeorar con este cambio. Pero además de lo ya dicho hay una cuestión de fondo importante, en la que el Cabildo no parece reparar ni dar explicaciones. Si Adepac lleva desde 1989 gestionando el servicio y en el Cabildo han decidido que hay que quitarle la gestión, como mínimo habrá informes contrastados que justifiquen ese cambio. ¿Qué informe técnico ha demostrado que el modelo de gestión de Adepac es ineficiente o perjudicial para los animales? ¿Dónde está la auditoría que prueba que el bienestar animal mejorará pasando a una empresa cuyo presidente cobra 233.314 euros anuales y acumula tantas irregularidades? ¿Se ha publicado una comparativa objetiva de resultados? ¿O simplemente se ha decidido concentrar el encargo en la gran empresa pública porque es administrativamente más cómodo? Si no hay una justificación técnica clara y pública para retirarle la gestión a Adepac, la decisión es únicamente política, y huele mal.
Y bueno, esto es lo que hay, serio riesgo de que sus señorías sigan ampliando sus redes clientelares, esas que tanto daño hacen a la democracia. Lástima que los perros no hablan, ni pueden votar. Pero alrededor de ellos hay recursos, hay empleo y hay estructura, y era de esperar que tarde o temprano sus señorías le vieran el interés a los animales. Aquí en Tenerife parece que ya lo han visto, y van a por ellos. Pero nosotros todavía tenemos voz y voto, y ha llegado la hora de hablar por ellos. Yo al menos lo tengo claro: Adepac debe seguir gestionando la protectora. O dicho de manera más directa: ¡señores políticos, dejen a los animales en paz!