La solidaridad con el pueblo palestino gana
Una reciente sentencia ha estimado el recurso presentado por Canarias Insumisa contra la Delegación del Gobierno en Canarias, declarando la nulidad de una sanción por 3.200 euros, impuesta a un participante en concentración en solidaridad con el pueblo palestino.
El colectivo celebra esta sentencia que reconoce el derecho a la protesta y considera la sentencia como una importante victoria judicial en defensa del derecho fundamental de reunión y manifestación.
El fallo judicial es contundente: la sanción queda anulada, se revoca la resolución administrativa recurrida y la Administración es condenada en costas, sin posibilidad de recurso.
La multa, de 3.200 euros, se impuso tras una concentración autorizada en la que, una vez finalizada, se produjo el encendido de una bengala por parte de una persona no identificada. El sancionado negó cualquier relación con los hechos, señalando que desconocía a la persona responsable y que no podía identificarla.
A pesar de ello, la Administración consideró al organizador responsable de una supuesta infracción grave, alegando una conducta obstruccionista por no identificar al autor del hecho.
La sentencia desmonta de forma clara los argumentos de la Administración y establece varios puntos fundamentales:
• No existía infracción tipificada: la negativa a identificar a un tercero no constituye una infracción administrativa.
• Se vulneró el principio de culpabilidad al atribuir responsabilidad por hechos ajenos.
• Se vulneró la presunción de inocencia, al no existir pruebas de participación en los hechos.
• Se produjo indefensión durante el procedimiento, al impedir la práctica de pruebas relevantes.
El fallo subraya además que el encendido de la bengala no generó riesgo para la seguridad ni alteración del tráfico, desmontando así la base de la sanción.
Para Canarias Insumisa, esta resolución judicial confirma lo que siempre se ha defendido: la sanción nunca debió imponerse y la actuación sancionadora responde a una estrategia de represión administrativa contra la movilización social.
“Intentaron sancionar la solidaridad. Se quiso castigar el ejercicio de un derecho fundamental como es manifestarse pacíficamente. Hoy la justicia nos da la razón: la solidaridad no es delito”.
Canarias Insumisa considera que esta sentencia marca un precedente importante y lanza un mensaje claro: las sanciones injustas pueden y deben ser recurridas.
Asimismo, el colectivo reafirma su compromiso con la defensa de los derechos civiles y la denuncia de la situación del pueblo palestino, y anuncia que continuará ejerciendo su derecho a la protesta.
“Ni la represión ni las multas nos van a detener. Seguiremos en las calles denunciando la injusticia y defendiendo los derechos humanos”.