SB-Noticias.- «Este viernes nos desayunamos» con la noticia de que más de 7.500 personas no pudieron matricularse en estudios de FP reglada por no ajustarse la oferta de la Consejería de Educación a la demanda de los solicitantes.
Esta discrepancia entre los estudios ofertados por la Consejería de Educación y los demandados por la sociedad no es nueva, ya el curso pasado quedaron fuera del sistema público de FP más de 12.000 solicitantes y el anterior fueron unos 4.000 alumnos y alumnas quienes no pudieron cursar los estudios que solicitaron.
Por otra parte, también nos enteramos que las poco mas de 22.000 plazas de FP ofertadas por la Consejería de Educación -habría que ver cuántas de ellas corresponden a estudios vía internet- se han visto absolutamente superadas por los casi treinta mil solicitantes de plaza en el sistema público de Formación Profesional reglada.
En un territorio frágil como el nuestro, en el que el índice de paro se sitúa en torno al 26%, no parece de recibo que haya personas que no consigan acceder a la formación que desean para obtener un puesto de trabajo acorde a sus expectativas.
Por otro lado el pasado 23 de noviembre, el presidente del Gobierno de Canarias y la consejera del ramo presidieron un acto en el que se presentó a los directores de los centros educativos el proyecto de reforma de la FP en Canarias basado en un modelo como el vasco, con muchos más medios que los previstos por nuestra Administración educativa. Un proyecto que por cierto, no han tenido la deferencia de presentar a las organizaciones sindicales con representación en el sector.
Desde el STEC-IC entendemos que es bueno modificar lo que puede funcionar mejor, pero también creemos que, sin necesidad de afrontar grandes reformas, hace años que se podía haber solucionado el tema de la diferencia entre la oferta y la demanda de plazas, con estudios serios que combinen adecuadamente la demanda de la sociedad con las necesidades del mercado de trabajo.
Si realmente se quiere mejorar la Formación Profesional en Canarias, no es necesario copiar otros modelos que poco o nada tienen que ver ni con nuestra realidad social, ni con nuestro tejido empresarial, ni con las condiciones laborales de los docentes canarios. Basta con que sepamos adaptarnos a las demandas de nuestra sociedad y con que la inversión en educación se ajuste a lo marcado por la tan olvidada Ley Canaria de Educación.