Denuncia la arbitrariedad y la conculcación del principio del interés general y el de la igualdad ante la ley
{mosimage}SB-Noticias.- Román Rodríguez anunció la presentación de una enmienda a la totalidad a la propuesta legislativa del Gobierno de CC y PSOE para atribuirse el poder de decidir las inversiones estratégicas privadas en Canarias. Rodríguez denunció la arbitrariedad, falta de objetividad, conculcación del principio de interés general y el de la igualdad ante la ley del vigésimo tercer proyecto legislativo que promueve el Ejecutivo en la VIII Legislatura.
Con la “excusa” de reducir los plazos a la mitad para la tramitación de los expedientes, “a costa de los mecanismos de control y participación de las partes afectadas”, según el diputado nacionalista, el jefe del Ejecutivo, Paulino Rivero, pretende eludir los controles del estado de derecho.
“Atribuirse en solitario” la facultad de declarar estratégica una inversión privada, previa valoración del Comité de Inversiones y Proyectos Estratégicos, indicó, es ”inaceptable e inasumible” en un sistema democrático.
A pesar de que la declaración de interés estratégico será acordada por el Consejo de Gobierno, la propuesta es del presidente, cuestionó el portavoz de NC, previa valoración del comité. Este último órgano, además de ser “ineficaz”, está integrado por Rivero y los dos consejeros de Economía y Administraciones Públicas, Javier González Ortiz y Francisco Hernández Spínola, respectivamente, alertó NC.
Conseguida esta catalogación, el texto legislativo dice que las inversiones privadas tendrán un impulso preferente y urgente ante cualquier administración pública canaria. Rodríguez se preguntó si, este precepto, “no vulnera” el principio constitucional de la autonomía de las administraciones locales ya que se les impone una decisión en materias que pueden ser de competencia municipal.
Román Rodríguez dijo que este proyecto de ley es el vigésimo tercero que promueve el Ejecutivo de CC y PSOE en la VIII Legislatura y que su objetivo es cuestionado por el Consejo Consultivo de Canarias (CCC). Su dictamen, informó, dice que “el efecto de la reducción de los plazos de tramitación de los procedimientos, que se establecen en este PL, ya se encuentran recogidos en la normativa estatal básica para todas las administraciones públicas. Incluso la supresión de trámites….,lo que hace la propuesta normativa es legislar sobre algo que ya está vigente”.
El portavoz aseguró además que el proyecto de ley número 23 pone en evidencia el “fracaso” del proyecto de ley número 18 de simplificación administrativa, en trámite parlamentario, al negar su eficacia.