El político y profesor de derecho constitucional ha planteado en radio San Borondón que el Gobierno debería presentar de nuevo los decretos de vivienda para forzar la votación en el Congreso y obligar a las fuerzas de la oposición a posicionarse ante la opinión pública. Ante la no convalidación de las recientes normas sobre vivienda, plantea una salida jurídica viable: que el Ejecutivo central vuelva a aprobar el decreto ley, bien introduciendo ligeras modificaciones o refundiendo los dos textos derogados en uno solo.
Entrevista a Santiago Pérez
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Pérez explica que no existe ningún precepto constitucional que impida este reenvío al Congreso. Al publicarse en el Boletín Oficial del Estado (BOE), la norma entraría en vigor al día siguiente, otorgando un respiro inmediato a inquilinos y arrendatarios. El Gobierno podría agotar el plazo constitucional de un mes para su convalidación —aprovechando la mayoría progresista en la Mesa del Congreso— y solicitar después su tramitación como proyecto de ley. Esta maniobra situaría al Partido Popular y a Junts bajo el foco por segunda vez y frenaría, según el político, la obsesiva exigencia de elecciones de una derecha envalentonada por el complejo escenario internacional.
Esta propuesta llega en un contexto en el que el panorama político actual genera una profunda pesadumbre y desmoralización. Santiago Pérez afirma con contundencia que tanto al capitalismo occidental como al gran capitalismo español les sobra la democracia y el estado social. Según su análisis, la derecha española, cuando se muestra desafiante, es capaz de cometer las mayores atrocidades, algo que a su juicio demuestra la propia historia del país. En este escenario, sostiene que la derecha ya se encuentra en plena formación de combate, aclarando que no se refiere principalmente a la derecha política —a la que califica como una representación mediocre y carente de escrúpulos—, sino a la «derecha real», compuesta por el gran poder económico, la jerarquía eclesiástica y sectores incrustados en los altos niveles del poder judicial y el Tribunal Supremo.
Pérez denuncia que esta concentración de poder en las mismas manos hace irrespirable la libertad y atenta contra el principio histórico de los contrapesos de poderes. Explica que la derecha española no acepta ningún resultado electoral ni ningún gobierno de orientación progresista desde el año 1994, momento en que se reorganizó bajo el liderazgo de José María Aznar. Desde entonces, manifiesta que son incapaces de asimilar cualquier Ejecutivo que no esté bajo su control, negándose por completo a alcanzar acuerdos en asuntos de Estado.
A su juicio, la estrategia actual de la derecha emula a la de los sectores conservadores norteamericanos: acusar de manipulación electoral allí donde no gobiernan para, en caso de perder, alegar un «pucherazo». De este modo, ejecutan una estrategia preventiva de impugnación del resultado para deslegitimar al Gobierno, a pesar de que en un sistema parlamentario como el español el Ejecutivo legítimo es aquel que logra el respaldo de la mayoría parlamentaria en la investidura.
Respecto a los vetos cruzados en el Congreso, Pérez argumenta que para los nacionalistas catalanes resulta sumamente difícil apoyar opciones lideradas por quienes los han tildado de «golpistas» desde el proceso de 2017. El político matiza que lo ocurrido en Cataluña fue una quiebra de la Constitución, pero no un golpe de Estado, recordando que el propio Tribunal Supremo no los condenó por rebelión, sino por un delito contra el orden público. No obstante, critica las contradicciones de magistrados como Manuel Marchena, quien posteriormente se opuso a la aplicación de la Ley de Amnistía alegando que sí se había cometido un golpe de Estado.