Por: Joaquín Hernández
CUADERNO DE BITÁCORA
Nunca lo podré entender, jamás. Ver a la policía practicando el desahucio de la vivienda donde Mari Carmen, anciana de 87 años, discapacitada grado II, viviendo de alquiler durante 70, con una renta de 500 euros al mes, era desalojada por la demanda de desahucio planteada por un fondo buitre.
La historia es la de siempre: Un “fondo buitre” compra un bloque de viviendas, inmediatamente decide aumentar la renta en un 200%. Aquellos inquilinos que pagaban 500 euros al mes pasan a pagar 1.600.
Aquí no importa la condición del inquilino, si es mayor de edad, si es un discapacitado, si no tiene recursos y es una persona vulnerable.
La empresa, que es la nueva propietaria del piso donde habitaba Mari Carmen se llama URBAGESA. Urbagesa es una empresa española dedicada a la inversión, gestión y asesoramiento en activos inmobiliarios —incluyendo locales, edificios, suelos y farmacias— con sedes en Madrid y Valladolid, especializada en operaciones de compra, venta, alquiler y análisis de rentabilidad.
La cronología de los hechos es la siguiente:
Maricarmen (María del Carmen Abascal) es una vecina del barrio de Retiro (Madrid) que ha vivido más de 70 años (desde 1956) en el piso del número 46 de la calle Alcalde Sainz de Baranda. El contrato original de renta antigua lo firmó su padre; se subrogó a su madre y, tras la muerte de esta en 2005, a ella. Tiene reconocida una discapacidad del 50 % (derivada de operaciones de cadera que limitan su movilidad; se desplaza con andador o silla de ruedas) y cobra una pensión de alrededor de 1.400-1.450 euros.
El inmueble cambió de manos a partir de 2018 y fue adquirido por el fondo Urbagestión Desarrollo e Inversiones (o Urbagestión Desarrollo e Inversión S.L.). La empresa reclamó una fuerte subida del alquiler (de unos 500 euros mensuales a entre 1.650 y 2.650 euros, un incremento de alrededor del 275-300 %), que Maricarmen no podía asumir. El proceso judicial empezó hacia 2020. En primera instancia un juzgado le dio la razón, pero la Audiencia Provincial y el Tribunal Supremo fallaron a favor del propietario, al considerar extinguido el contrato de renta antigua (según la doctrina del Supremo, ciertas subrogaciones adicionales requieren un grado de discapacidad superior, como el 65 %).
Hubo varios intentos de desahucio previos (al menos tres) que se aplazaron o frenaron gracias a la presión vecinal, del Sindicato de Inquilinas de Madrid, protestas y la falta de alternativa habitacional por parte de las administraciones. La ONU llegó a pedir la suspensión cautelar del desalojo. Se ofreció incluso que una escritora anónima cubriera la diferencia del alquiler para que Maricarmen pudiera quedarse pagando los 500 euros, pero el fondo rechazó negociar.
Este miércoles 23 de septiembre de 2026 se ejecutó el cuarto y definitivo intento. Hubo acampada nocturna de apoyo, concentraciones de cientos de personas (con presencia de figuras como la eurodiputada Irene Montero, el diputado Enrique Santiago y la cantante Ana Belén), tensión, cargas policiales y acordonamiento de la zona que limitó el acceso de la prensa. La comisión judicial procedió al lanzamiento pese a las negociaciones de última hora y a la oferta de pago de la renta. El fondo se negó a cualquier aplazamiento humanitario o acuerdo.
Maricarmen ha manifestado en varias ocasiones su deseo de permanecer en la casa donde murieron sus padres y ha criticado la especulación: “Me quieren echar por el puto dinero. He vivido aquí 71 años. No me quiero ir”. Su salud se ha deteriorado por el estrés del proceso.
El Ministerio de Vivienda (Isabel Rodríguez) criticó al fondo, afirmó haber mediado e intentado comprar la vivienda, y pidió intervención al Ayuntamiento de Madrid y a la Comunidad de Madrid (Ayuso y Almeida). Señaló que el caso ilustra las consecuencias de la falta de control del mercado inmobiliario. El Ayuntamiento indica que se le ofrecieron recursos de emergencia (SAMUR Social y alojamiento provisional), que según algunas fuentes ella habría rechazado. No había una alternativa habitacional definitiva preparada en el momento del desalojo.
El caso se ha convertido en un símbolo de la crisis de vivienda, la vulneración de derechos de personas mayores y con discapacidad, y el papel de los fondos inversor (“fondos buitre”) frente a contratos de renta antigua.
¿Qué es lo que nos está ocurriendo? ¿Ha desaparecido la humanidad, la empatía? ¿Por qué no se legisla a favor de los más necesitado y se apoya al capital carroñero?
Las competencias en este asunto son de la Comunidad de Madrid y del Ayuntamiento capitalino, que están más preocupados por el circuito de formula I, la vivienda de la presidenta de la Comunidad, que por salvar del desahucio, provocado por el capital carroñero, a una anciana de 87 con una discapacidad importante. Pero el gobierno no se queda atrás, parece legislar a favor de los fondos buitre permitiendo leyes que extorsionan a las personas al mejor estilo mafioso. Da vergüenza, asco, provoca nauseas todo este drama que no es único en España, desgraciadamente es más común de lo que nos gustaría.
Habrá que salir a la calle con cacerolas, en todas las capitales españolas diciendo ¡¡BASTA YA!!
¡¡USTED PUEDE SER MARI CARMEN MAÑANA!!
¡¡QUE ASCO DE PAÍS!!