Por: José Manuel Rivero, abogado y analista político
El materialismo histórico nos impide leer la realidad como un álbum de fotografías desconectadas; nos exige analizarla como una totalidad donde cada encuadre revela los intereses de clase en pugna. La coyuntura que atraviesa el Estado español no responde a una sucesión accidental de crisis —migratoria, habitacional, judicial—, sino a una operación de desestabilización a gran escala. Es una ofensiva orquestada por el bloque dominante para someter a un Gobierno que, débil y claudicante, ha perdido el control efectivo de sus propios aparatos represivos. Asistimos, en definitiva, al levantamiento del Estado profundo.
Para descifrar esta ofensiva, el análisis debe partir del laboratorio del horror en el que han convertido a Ceuta. La crisis desatada a finales de julio trasciende el drama humanitario: es un episodio de guerra híbrida donde Estados Unidos, Israel y Marruecos han instrumentalizado la migración como arma y la frontera como trinchera. Este escenario ha operado como el caldo de cultivo perfecto para la fascistización acelerada de las fuerzas de seguridad del Estado. La normalización de agresiones y emboscadas con intervención militar, así como el despliegue de 4.100 efectivos y la dotación de gas pimienta a patrullas admitidos por el Ministerio de Defensa, evidencian una deriva autoritaria alarmante. Una impunidad que envalentona a los sectores neofascistas, tal como demostró el intento de linchamiento a una diputada de Ceuta Ya! el pasado 21 de septiembre. Cuando la violencia parapolicial se dirige contra cargos electos ante la mirada pasiva del Estado, presenciamos los prolegómenos de un fascismo de nuevo cuño.
Este asalto no ocurre en un vacío geopolítico, sino en un marco deliberado por el imperialismo atlantista. Washington y Tel Aviv, utilizando a Rabat como gendarme delegado, tejieron las condiciones propicias para golpear al Ejecutivo de Pedro Sánchez. Aprovechando la vulnerabilidad de la frontera sur, inyectaron una dosis letal de inestabilidad para castigar y neutralizar cualquier atisbo, por mínimo que fuera, de autonomía política y diplomática.
Esta bestialidad represiva no es una anomalía periférica; es la misma maquinaria coercitiva que opera en las calles de Madrid para blindar la especulación inmobiliaria. El infame desahucio de Maricarmen, arrancada de su hogar a los 87 años vulnerando frontalmente los mandatos sobre derechos humanos de la ONU, es la prueba de cargo de un Gobierno aislado y asediado. La claudicación gubernamental ante la no convalidación parlamentaria del Real Decreto Ley antidesahucios en marzo hizo que se entregara a la clase trabajadora a las fauces del rentismo. Y la respuesta del Estado fue, invariablemente, la fuerza bruta: antidisturbios, dando porrazos, retorciendo brazos, aplastando cabezas y cuellos ante resistencias pacíficas y posteriores cargas con pelotas de goma en el Paseo de la Castellana contra las 10.000 personas que salieron a protestar. No son frentes inconexos. Obedecen a una lógica unívoca: la vivienda como mercancía, la frontera como trinchera, la protesta como delito. El Estado burgués no arbitra entre clases; administra la correlación de fuerzas y, ante la rebelión de la mayoría social, enseña la porra y ejerce la brutalidad policial.
En este análisis de la totalidad, la crítica marxista debe apuntar inexcusablemente a quienes, arrogándose la representación obrera, eluden las últimas consecuencias de su posición. Como certeramente se ha apuntado desde reflexiones como las publicadas en Hojas de Debate, el desahucio de Maricarmen exigía ejercer una posición neta de vanguardia. Es cierto que figuras como el secretario general del PCE, Enrique Santiago, o la eurodiputada Irene Montero, asistieron a las movilizaciones posteriores, pero lo hicieron resguardados en un cómodo segundo plano. Desde posiciones comunistas o feministas de genuina transformación, el lugar histórico en el momento crítico no era la presencia testimonial en la retaguardia, sino la puerta de esa vivienda. Dejar a la ciudadanía sola frente a la crudeza de la represión es una renuncia política inaceptable. Un liderazgo conectado con los intereses de clase no busca el foco mediático; planta el cuerpo en primera línea junto a los desahuciados para intentar detener la violencia estatal con su presencia. La vanguardia no se decreta desde las actas parlamentarias; se ejerce poniendo el cuerpo. Si se reclama representar a la clase trabajadora, hay que asumir su riesgo, su represión y su dignidad. Lo contrario no es táctica institucional, es la simple gestión de la derrota.
Se revela así un doble cortocircuito: por un lado, una izquierda institucional incapaz de asumir la vanguardia en la calle; por otro, un Ejecutivo sin control sobre unas fuerzas de seguridad que emplea la saña con la protesta social, ni sobre algunos efectivos militares que aplican lógicas de guerra sucia en la frontera. Este desgaste basal es instrumentalizado sin piedad por las altas magistraturas en su particular cruzada de lo que puede parecer un «golpismo judicial», cuando se concatenan hechos objetivos. Al suspender la ‘Ley de Nietos’, avalar desahucios y procesar al entorno familiar presidencial mas estrecho, la judicatura conservadora abona objetivamente el terreno reaccionario. No es una disputa técnica: es una guerra de posiciones gramsciana, librada con togas y sumarios, mientras las porras garantizan el orden material del capital.
La culminación de esta estrategia cristalizó el sábado 26 de septiembre de 2026, en Madrid. Bajo el pretexto de defender Ceuta, una supuesta «Sociedad Civil Española» marchó arropada abiertamente por el PP y Vox. En la cabecera, Santiago Abascal se dio un baño de multitudes al grito de «¡presidente!». La ausencia de Núñez Feijóo, sustituido por Miguel Tellado, evidenció la sumisión discursiva del Partido Popular. Tellado clamó contra una supuesta «invasión», comparó al Gobierno con el narcotráfico y evadió rechazar la exigencia de Vox de juzgar a Sánchez por traición. El fascismo vertebra ya a la derecha española: Vox impone el marco y el PP se pliega. No es un estallido espontáneo, sino una ofensiva coordinada donde judicatura, cúpulas policiales, medios, extrema derecha e imperialismo convergen para derribar cualquier posibilidad de gobierno autónomo y disciplinar a las clases populares.
Pero ese mismo sábado 26 de septiembre, mientras la reacción exhibía un músculo, que resultó desinflado, en el “Arco de la Victoria”, la dialéctica de clases materializó su réplica. Una marea de 300.000 personas desbordó el centro de Madrid bajo el lema «Ni una Maricarmen más». Convocada por el Sindicato de Inquilinas, esta marcha intergeneracional trazó una línea nítida de confrontación: «O con el capital o con la clase obrera». El clímax llegó con la acampada en la tarde noche en la Puerta del Sol, un eco ineludible del 15-M, coronado por el mensaje de la propia Maricarmen instando a convertir su drama en el motor del cambio legislativo. Al repicar de llaves y bajo la consigna «O cae el rentismo, o cae el gobierno», los manifestantes demostraron que el espacio público sigue en disputa.
La movilización, extendida a 40 ciudades en todo el Estado (en Las Palmas de Gran Canaria convocó 20.000 personas, aproximadamente) marca un ultimátum al Consejo de Ministros de cara al inminente decreto de vivienda. Las exigencias son innegociables: obligación de causa justificada para no renovar contratos, rebajar, topar o congelar precio de alquileres, conversión contractual a modelos indefinidos y regulación estricta de los alquileres de temporada. La advertencia del Sindicato de Inquilinas a CCOO y UGT para convocar una huelga general por la vivienda evidencia que el motor de la historia vuelve a girar por la base.
Esta irrupción no es un accidente. Es la respuesta organizada de la clase trabajadora a la ofensiva del bloque dominante. Un actor colectivo como el Sindicato de Inquilinas, nacido de la necesidad popular, ha asumido la posición de vanguardia que la izquierda parlamentaria dejó vacante. La conclusión es nítida: el aparato estatal está operando con una autonomía relativa que lo erige en ariete de las oligarquías. Frente a un Estado en guerra contra la mayoría social y una izquierda institucional que no comparece donde se la necesita, las clases populares no pueden limitarse a hacer de escudo humano del progresismo.
Urge la articulación de un contrapoder real: democratizar de raíz los aparatos de seguridad y justicia, desmilitarizar las fronteras, regularizar a los migrantes como sujetos de derecho, articular mecanismos solidarios de reubicación temporal en la Península y la UE, y expropiar de forma implacable a los especuladores que han convertido la vivienda en un botín. La acampada en Sol es la semilla de ese contrapoder. No basta con resistir; hay que organizar, disputar y gobernar desde abajo. La disyuntiva histórica no es entre orden y caos, sino entre democracia popular y autoritarismo oligárquico. Y esa batalla, contra el fascismo y la especulación inmobiliaria, no se libra solo en los escaños, sino en los barrios, en las plazas ocupadas y en las fronteras. Ayer la mayoría social dio un paso al frente; la pregunta ya no es si el contrapoder es posible, sino con qué firmeza seremos capaces de construirlo.