El activista y cooperante canario Manolo ‘Lolo’ Rodríguez, integrante de la Asociación Social la Casa de los Pueblos de Canarias y de la Red de Solidaridad Popular de Jinámar en Gran Canaria (RSP), ha compartido -en una entrevista en Radio San Borondón- su visión crítica sobre la política internacional y la gestión de recursos públicos en el archipiélago, tras culminar una reciente campaña de cooperación en Centroamérica.
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Energía comunitaria en Guatemala
Al frente de la Asociación Canarias Siembra, Rodríguez ha impulsado la construcción de cinco centrales hidroeléctricas comunitarias en la Zona Reina de Guatemala, una de las regiones más aisladas y empobrecidas del país. El activista explicó que el proyecto busca dotar de autosuficiencia a las comunidades indígenas frente a las grandes compañías eléctricas, cuyas infraestructuras transitan por la zona pero no abastecen a estas aldeas. Durante los últimos meses, su labor se ha centrado en formar a 30 electricistas locales para garantizar la gestión autónoma de unas turbinas que son propiedad del pueblo.
El cooperante puso en valor el respaldo de la Consejería de Solidaridad Internacional del Cabildo de Gran Canaria en esta iniciativa, aunque lamentó la extrema vulnerabilidad de la región, marcada por la desnutrición, el impacto del integrismo religioso y la persecución a los movimientos sociales, los docentes y el periodismo libre. Asimismo, denunció la inminente salida de los médicos cubanos del territorio guatemalteco debido a presiones políticas externas, y criticó la continuidad de estructuras oligárquicas tradicionales en Latinoamérica que perpetúan la entrega de recursos a intereses extranjeros.
El negocio de la moratoria turística
En el plano autonómico, Rodríguez se mostró sumamente crítico con el reciente acuerdo del Gobierno de Canarias para abonar 500 millones de euros a diversas patronales hoteleras en concepto de indemnizaciones por la moratoria turística de 2001 y 2003. El activista calificá esta medida de artimaña financiera y aseguró que no existe ninguna sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias que obligue al pago por lucro cesante. Según su análisis, el pacto exime de responsabilidad a gestiones de ejecutivos anteriores que no protegieron el territorio ni fijaron límites al crecimiento, beneficiando principalmente a grandes grupos empresariales de las islas. Además, censuró que el Ejecutivo autonómico haya evitado clasificar dicho suelo como rústico, permitiendo que se pueda volver a construir en las parcelas afectadas.
Millones para el fútbol, crisis de vivienda
Esta transferencia de capitales coincide, según el portavoz social, con una gestión insular que prioriza proyectos megalómanos por encima de las urgencias de la ciudadanía. Rodríguez cuestionó con dureza la licitación de 234 millones de euros destinados a la reforma del Estadio de Gran Canaria para el Mundial 2030, una cifra que contrasta con la grave crisis habitacional que sufren las islas. Desde su perspectiva, destinar tales cantidades a las exigencias de la FIFA desvirtúa el carácter multifuncional original del recinto deportivo y desatiende una inversión que podría resolver gran parte de las necesidades de vivienda en la isla.
Si bien elogió las partidas específicas de un millón de euros aprobadas por la Consejería de Solidaridad Internacional para el Sáhara, Cuba y Palestina, insistió en que el modelo económico actual responde mayoritariamente a los intereses de las rentas más altas.
Alerta por el colapso de Cuba
Finalmente, el cooperante hizo un llamamiento urgente a la solidaridad internacional con Cuba, cuyo pueblo, afirmó, mantiene una dignidad ejemplar a pesar del severo impacto del bloqueo económico estadounidense. Rodríguez instó al Consejo de Seguridad de la ONU a abordar de forma prioritaria la situación límite de la isla frente a lo que considera políticas ilegales que buscan desestabilizar el país. Advirtió del riesgo de que Cuba pueda derivar en un escenario de colapso y control de mafias similar al que sufre actualmente Haití, y concluyó que la izquierda y las organizaciones populares deben articular frentes comunes más fuertes para dar respuesta real a las demandas vitales de la población.