La Asociación de Vecinos Vechisur ha convocado una movilización de protesta el 5 de septiembre, entre las 18:00 y las 21:00 horas, en San Isidro
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El núcleo de Las Rosas, en el barrio de Chimiche (Granadilla), sufre una grave crisis ambiental y sanitaria tras la reactivación, hace un año, de la cantera de Las Cármenes. Esta instalación industrial permaneció inactiva durante más de tres décadas, pero su reapertura ha transformado el día a día de los residentes en una pesadilla. Montse Gómez, presidenta de la Asociación de Vecinos Vechisur, ha denunciado en radio San Borondón que la actividad genera nubes constantes de polvo que invaden las viviendas y un colegio cercano, destruyendo el patrimonio etnográfico local, pero sobre todo amenazando de forma directa la salud de la población.
El principal foco de preocupación vecinal es la presencia confirmada de sílice en el ambiente, un componente que los afectados califican de veneno puro y cuyo análisis ya ha ratificado su existencia en la zona. La presidenta vecinal recuerda que el polvo de sílice provoca silicosis, una enfermedad pulmonar grave e irreversible. Chimiche y sus alrededores se ubican en una zona conocida como la cuna del viento; la empresa minera ya limpió la montaña y depositó ese polvillo sobre el suelo, por lo que las fuertes ráfagas de aire locales lo levantan y lo esparcen de forma continua. Ante este escenario, la única solución admisible para los afectados es la paralización inmediata de la actividad hasta que se completen todas las auditorías pendientes.
La indignación social aumenta al constatar que la cantera se sitúa a menos de 50 metros de las casas y del centro escolar, saltándose la normativa que exige una distancia mínima de 1,5 kilómetros respecto a los núcleos poblacionales. Para los residentes resulta incomprensible que las autoridades hayan otorgado una concesión de explotación con una vigencia de 30 años en un emplazamiento tan próximo a la comunidad. Gómez señala directamente a las instituciones públicas que concedieron los permisos y les exige que muestren públicamente los informes técnicos que avalan la legalidad de la obra.
Los vecinos aseguran sentirse indefensos y discriminados por la gestión del territorio. Critican que a las familias locales se les prohíba construir viviendas para sus hijos en terrenos de su propiedad, adquiridos con esfuerzo, mientras que a una empresa privada se le permite operar con impunidad y destrozar el entorno. Los afectados relatan que la calidad de vida en el barrio ha desaparecido, ya que no pueden abrir las ventanas ni tender la ropa debido a la acumulación de suciedad. Esta problemática afecta ya a otras localidades cercanas como El Río, y los vecinos temen que el modelo extractivo se replique pronto en los sectores de Atogo y San Isidro.
La respuesta de las administraciones locales y autonómicas ha sido calificada de insuficiente por los residentes. El Ayuntamiento de Granadilla sostiene que la empresa cumple con la mitigación al mojar la carretera, pero la maquinaria sigue picando piedra y cargando camiones de tierra de forma ininterrumpida. Si se aplicara el precedente del cierre de las jableras en 1995, la solución técnica correcta pasaría por cubrir el terreno con picón para evitar la dispersión por el viento. Además, el informe emitido por el Cabildo de Tenerife presenta numerosas lagunas técnicas y carece de la documentación obligatoria que la empresa minera debió aportar.
El colectivo vecinal denuncia un abandono institucional absoluto. La Consejería de Industria, organismo responsable de otorgar la licencia, se niega a recibir a los portavoces de la asociación. En el mes de junio se produjo una reunión con el consistorio municipal, un encuentro al que la empresa acudió defendiendo que sus informes estaban en regla. La asociación rebate tajantemente esta versión apoyándose en sus propias analíticas y estudios independientes. Los vecinos lamentan que el ayuntamiento no decretara el cierre al inicio del conflicto, permitiendo que comience el nuevo curso escolar con los niños expuestos diariamente a la respiración del polvo.
La comunidad lamenta que las instituciones pongan los beneficios económicos de una entidad privada por encima de la salud de las personas, los animales y la flora local. Ante la falta de respuestas y de indemnizaciones por la devaluación de sus propiedades, la Asociación de Vecinos Vechisur ha convocado una movilización ciudadana. La concentración de protesta se celebrará el próximo 5 de septiembre, entre las 18:00 y las 21:00 horas, en la plaza de la iglesia pequeña de San Isidro, con el objetivo de exigir de manera unánime el cierre cautelar de la explotación minera de Las Cármenes.