Por: Santiago Pérez
Es casi litúrgico empezar cualquier opinión sobre la estrategia de una parte de la judicatura contra el Gobierno progresista con una especie de jaculatoria, una laica persignación: la inmensa mayoría de jueces y juezas cumplen solvente e imparcialmente su primordial función en este, España, Estado democrático de Derecho. Pues ya me he persignado y puedo empezar.
Pero esa no es la cuestión cuando de Lawfare contra ESTE Gobierno se trata. Son solamente unos “cuantos pocos” jueces y juezas, pero ¡qué bien situados están!. Es el resultado de un componente sociológico conservador de la judicatura; pero sobre todo del secuestro por parte del PP durante años y años del Consejo General del Poder Judicial, para controlar -y los han controlado- sus nombramientos y ascensos DISCRECIONALES para los principales tribunales.
La gente que, por unas u otras razones, tenemos cierta familiaridad con las garantías constitucionales en materia de la tutela judicial efectiva -pero no sólo esas, sino también las de muchos otros derechos fundamentales- y alguna experiencia en el territorio de la jurisdicción penal nos quedamos atónitos e indignados con un tabla-rasa de esas garantías, cada vez más descarado. Pero eso sí: siempre en la misma dirección.
La falta de proporcionalidad de las intervenciones judiciales en casos como el del registro de la documentación y dispositivos de la Fiscalía y del Fiscal General, recientemente reproducida respecto a las agendas de ZP. Y mientras tanto la Fiscalía “Anticorrupción” (perdón por el entrecomillado) bajo la égida de Luzón oponiéndose como gato panza arriba al prometedor vaciado judicial del correo B de Montoro en el Ministerio de Hacienda, solicitado por la fiscala del caso…hasta acabar sancionando ¡a la propia fiscala!.
Las contorsiones argumentativas de la Sala II en su insubordinación contra la Ley de Amnistía, retorciendo el concepto y la jurisprudencia del delito de malversación o calificando a los líderes del Procés como “golpistas” (¿les suena?),a pesar de que la propia Sala les condenó por sedición y no por rebelión/golpe de estado.
Bueno bueno bueno: la inédita condena por la revelación del “secreto” del quironesco noviodeayuso, que ya conocía un montón de gente, que podría habría efectuado alguna persona “del entorno” del Fiscal General…un retroceso al Medioevo, respecto al concepto de la responsabilidad penal individual.
O el estiramiento, tipo chicle bazooka joe, del concepto de autoría en materia de prevaricación para condenar a David Sánchez como coautor-por-cooperación -necesaria de una prevaricación.
La campaña promocional de la delación, inaugurada con la impunidad del corruptor Aldama, es simplemente tenebrosa. Les apuesto triple contra sencillo que florecerán delaciones contra investigados o acusados de izquierda; porque la derecha tiene sobrados mecanismos “extrajudiciales” para aflojarles la piernas a los aspirantes a delator. Y si no, miren cómo ha ido ocurriendo en el asunto de la Kitchen. Todo el mundo calladita la boca. Y vaya que este ha podido ser un campo fecundo para confesiones y delaciones interesadas.
Y prefiero no insistir, porque ya lo he contado (aunque uno tiene que insistir porque los lawfaradores persisten día tras día y a peor la mejoría) en el manejo de la inferencias, es decir de las suposiciones en ausencia de pruebas: siempre contra los acusados de izquierda, nunca contra los de la derecha: el “no podía no saberlo” contra Manolo Chaves en el Caso EREs o, anteayer mismo, contra el presidente de la Diputación de Badajoz contrastan desvergonzadamente con el “no está acreditado” que Aguirre conociera la maraña de corrupción (sistémica, que se dice ahora) del Gobierno y del PP de Madrid, de los que era lideresa por aquel entonces…o sin que sepamos todavía quién era el misterioso “M. Rajoy” de los sobresueldos en negro de los papeles de Bárcenas.
Por estas y taaantas otras razones, aunque no me preguntaron como encuestado, yo también comparto la opinión del 65%.
Y creo que la gravedad de la situación ya es inempeorable.