Por: José Manuel Rivero. Abogado-Analista político
Los días 23 y 24 de julio, el Consejo de la Unión Europea rubricó su vigésimo primer paquete de sanciones contra la Federación Rusa. Entre el voluminoso articulado de estas medidas, una enmienda pasó casi inadvertida para la opinión pública general, si bien representa una deriva tan peligrosa como escasamente debatida: la autorización expresa a los Estados miembros para interceptar, confiscar y vender en el mercado internacional el petróleo crudo y las mercancías transportadas por la denominada shadow fleet o “flota en la sombra”. Hasta el momento, el régimen sancionador se limitaba a prohibir la compra y la importación, dejando en un limbo jurídico la suerte de los cargamentos retenidos. La nueva normativa, publicada en el Diario Oficial de la UE, allana el camino para que las potencias europeas liquiden los productos incautados ante terceros compradores y se apropien de los ingresos sin transferir un solo euro a sus legítimos propietarios rusos. Lo que se presenta como una medida técnica de presión económica es, en puridad, la institucionalización del expolio en alta mar.
Conviene despojar a esta decisión del eufemismo diplomático con que Bruselas la reviste y llamar a las cosas por su nombre: no estamos ante un mecanismo sancionador novedoso, sino ante el retorno explícito y premeditado del pillaje y la piratería de Estado. Es la vieja pulsión colonial y extractivista que ha marcado la historia europea durante siglos, aquella que legitimaba el corso contra flotas indígenas y el saqueo de territorios allende los océanos. Hoy, ante la incapacidad de sostener sus ambiciones geopolíticas por la vía militar o diplomática, la Unión recurre al robo amparado en una normativa propia que viola de manera flagrante el derecho marítimo internacional. La Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (UNCLOS), ratificada por todos los Estados miembros, establece que en alta mar los buques mercantes están sometidos a la jurisdicción exclusiva del Estado de su pabellón. Solo autoriza la interceptación y el apresamiento en supuestos tasados y excepcionales: la represión de la piratería clásica —entendida como la cometida por actores no estatales—, la trata de esclavos o las emisiones radiofónicas no autorizadas. En ningún caso contempla la confiscación de cargamentos por motivos políticos o sancionadores ejercida por un gobierno contra otro. Al arrogarse esa potestad, la Unión Europea vulnera el principio de jurisdicción exclusiva, sienta un precedente gravísimo que erosiona los cimientos del orden jurídico marítimo y abre la puerta a que cualquier potencia, con igual o menor pudor, justifique el decomiso unilateral de bienes ajenos en función de sus intereses geopolíticos.
Paralelamente, la maquinaria propagandística atlantista se ha apresurado a construir la narrativa de un supuesto repliegue o debilidad naval rusa, con el fin de presentar este asalto institucional como una respuesta necesaria ante un vacío de poder. El pasado 26 de junio, un funcionario de la OTAN declaraba a Newsweek, bajo condición de anonimato, que los dos últimos buques militares rusos habían abandonado el Mediterráneo, dejando a Rusia, por primera vez desde 2016, sin presencia naval en la región, y atribuía este hecho al «intenso esfuerzo bélico» de Moscú en Ucrania. Sin embargo, como ha señalado certeramente el analista militar ruso Andrei Martyanov, semejante relato no es sino el delirio de unos perdedores que se aferran a nimiedades: «Este “funcionario anónimo” es algún charlatán que no tiene ni idea, o quizás un empleado del medio inventando una tontería». La explicación, en realidad, es trivial y operativa: la Armada rusa participa activamente en operaciones de escolta para sus petroleros y transita el Mediterráneo de manera constante, precisamente porque los europeos solo se atreven a desafiar a buques civiles. Frente a la imagen de una Rusia exhausta que la OTAN se empeña en difundir, la realidad es bien distinta: la flota rusa mantiene un despliegue dinámico, reactivando su misión histórica de proteger sus mercantes frente a la piratería, sea esta de origen yihadista o, como ahora, de factura estatal. La OTAN, revelada en su praxis como un tigre de papel incapaz de ofrecer una respuesta coherente a los desafíos estratégicos reales, se aferra al abordaje de petroleros civiles porque es la única forma de confrontación que sus miembros se atreven a ejecutar sin asumir el riesgo de una escalada simétrica. Es una guerra de baja intensidad, pero con alto contenido simbólico: la de los corsarios modernos que, en vez de patente de corso, esgrimen un reglamento comunitario.
Para el archipiélago canario, este escenario de guerra corsaria en el Atlántico medio encierra un peligro directo e inminente que las instituciones locales y la prensa oficialista se empeñan en minimizar. Canarias se asienta en el corazón de las rutas marítimas que conectan el Atlántico Sur con los mercados globales; es el corredor natural que utilizan las flotas mercantes para sortear el bloqueo angloestadounidense y el paso obligado de esa “flota en la sombra” que transporta crudo y derivados hacia mercados no alineados con las directrices de Washington y Bruselas. Convertir nuestras aguas jurisdiccionales y los espacios adyacentes en un teatro de abordajes, intercepciones navales y escoltas armadas eleva de forma crítica el riesgo de incidentes militares, de provocaciones en alta mar que pueden degenerar en fuego real, y de eventuales catástrofes ecológicas en nuestras costas a causa de maniobras forzadas o daños estructurales en buques tanque. Un accidente en la ruta de aproximación a los puertos de Santa Cruz o Las Palmas bastaría para dejar nuestros ecosistemas marinos —ya frágiles y sometidos a una presión turística insostenible— heridos de muerte durante décadas.
Esta escalada no es un hecho aislado, sino que se engarza directamente con los dictados de rearme aprobados en las recientes cumbres de la OTAN (Ankara, la última) y con la intensificación de la presencia militar en el flanco sur de la Alianza. La necesidad de monitorear, interceptar y asaltar buques en nuestra fachada atlántica es precisamente el argumento que esgrimen el Pentágono y Bruselas para acelerar la militarización de nuestro suelo: la conversión del Aeródromo de Lanzarote en enclave de lanzamiento y control de drones de guerra y el asentamiento en Tenerife de corporaciones del complejo militar-industrial como Arquimea, con su negocio de sistemas no tripulados y sensores de vigilancia. Canarias está siendo transformada, en silencio y con la complicidad de las autoridades autonómicas, en la plataforma logística e industrial que sostiene la acción militar y la guerra económica europea contra Rusia pero también contra cualquier país que ose comerciar al margen del orden unipolar que quiere imponer los Estados Unidos, sin dejar de lado el contexto de derrocar los gobiernos soberanistas del Sahel: Níger, Mali y Burkina Faso. Nos convierten en un portaaviones anclado, en una base corsaria desde la que se lanzan las incursiones de decomiso, y al hacerlo nos arrastran a un conflicto que no es el nuestro y que amenaza nuestra seguridad, nuestra economía y nuestra paz social.
No es casualidad, por tanto, que desde hace tiempo la prensa local hegemónica venga prodigándose con filtraciones e informaciones de estricta matriz otánica sobre la amenazante presencia de esta «flota en la sombra» merodeando aguas cercanas al archipiélago. Se trata de un bombardeo mediático perfectamente orquestado, que alterna el alarmismo con el tecnicismo militar, y que sugiere con sutil insistencia la necesidad de una intervención activa de la Armada española para «proteger» nuestras costas y nuestra zona económica exclusiva. En realidad, esta intoxicación persigue anestesiar la conciencia crítica del pueblo canario, fabricando la excusa perfecta para legitimar el patrullaje de guerra y la conversión de nuestro territorio en una base operativa avanzada, todo ello envuelto en una retórica de defensa humanitaria y seguridad marítima que no engaña a quien conoce la historia del colonialismo naval. Se nos presenta la amenaza para justificar el remedio, pero el remedio es peor que la enfermedad, porque no viene a proteger nuestras aguas, sino a instrumentalizarlas en beneficio de intereses ajenos.
Frente al pillaje institucionalizado de la UE y al papel de portaaviones sumiso que la OTAN nos asigna en sus planes estratégicos, el pueblo canario está llamado a reaccionar con la misma dignidad que lo hizo contra la OTAN, ante el urbanismo depredador, ante las prospecciones petrolíferas o ante la criminalización de la inmigración. Es urgente exigir el cese inmediato de la militarización creciente, el respeto escrupuloso al derecho internacional —incluida la neutralidad de las aguas y el libre tránsito de buques mercantes— y, sobre todo, la proclamación de un Estatuto de Neutralidad para Canarias que nos blinde como territorio no beligerante y nos impida ser cómplices, ni activa ni pasivamente, del corsarismo imperialista que hoy se escribe con letras de molde en el Diario Oficial de la Unión. No pedimos privilegios, sino coherencia: que nuestras islas, históricamente encrucijada de culturas y puente entre continentes, no se conviertan en el arsenal de una guerra que no nos pertenece y que solo traerá ruina, miedo y contaminación a nuestro futuro. Porque si la UE ha decidido tornar sus sanciones en piratería, Canarias no debe pagar las consecuencias de esta vileza jurídica. Nuestra soberanía, nuestra seguridad y nuestro mar no están en venta, ni siquiera bajo el manto de una normativa europea.