Por: José Manuel Rivero. Abogado, analista político.
La reciente Sentencia 418/2026 de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, dictada el 22 de junio de 2026 en la Causa Especial 20775/2020, constituye un hito de extraordinaria gravedad que no puede despacharse bajo el cómodo lenguaje de la neutralidad técnica. Reducir este pronunciamiento a un mero pasaje de la dogmática sobre las atenuantes por confesión o colaboración es una ceguera voluntaria. Lo que oculta es la profunda mutación que experimentan las estructuras del Estado cuando los sectores más reaccionarios del bloque de poder se repliegan en sus bastiones corporativos para librar una guerra judicial contra el poder democrático. El trato de favor concedido a Víctor de Aldama —a quien se aplica una atenuante muy cualificada que desmorona la proporcionalidad de la pena y vacía las responsabilidades civiles— no es un exceso puntual, sino la institucionalización de una doctrina excepcional, que parece estar diseñada para alterar el mapa del poder político mediante la demolición controlada de los principios más elementales del garantismo penal clásico.
El garantismo procesal penal, construido históricamente como un escudo frente a la arbitrariedad del poder punitivo —y conquistado como defensa de las clases subalternas frente al aparato represor del Estado— exige que la declaración de quien confiesa o delata esté sometida a un riguroso tamiz de corroboración periférica, objetiva e incuestionable. La doctrina constitucional y la jurisprudencia consolidada del propio Tribunal Supremo condicionan la validez probatoria de la palabra del computado a la existencia de datos externos que la confirmen de manera verosímil. Sin embargo, en esta resolución asistimos a una inquietante inversión de la carga de la prueba. El testimonio interesado de quien ha actuado como un engranaje del capitalismo corruptor —y que negocia activamente su impunidad— adquiere un valor casi sagrado, no por su consistencia empírica, sino por su utilidad estratégica en un momento político preciso. Al rebajar los estándares de exigencia probatoria para premiar una delación huérfana de contraste documental sólido, el tribunal desnaturaliza los fines del proceso penal: la búsqueda de la verdad material cede su lugar a una lógica transaccional, donde la pena se compra y se vende en un mercado de relatos. El objetivo real no es ya averiguar lo ocurrido, sino obtener una narración preconcebida que alimente la hoguera política de las terminales mediáticas y parlamentarias de la derecha y la extrema derecha.
Esta instrumentalización del aparato punitivo revela el modo en que opera la judicatura cuando fracciones muy concretas de la magistratura asumen el papel de trinchera ideológica al servicio de los intereses económicos y políticos que representan. En un escenario de crisis institucional prolongada, donde las bases materiales de la hegemonía tradicional se resquebrajan, el Derecho penal abandona cualquier pretensión de universalidad y se convierte en un mecanismo coercitivo de reordenación de fuerzas. La superestructura jurídica, lejos de operar como instancia neutral de resolución de conflictos, muestra su verdadera naturaleza de aparato de dominación que se activa selectivamente cuando el poder económico ve amenazada su posición preeminente. Al validar procesalmente las afirmaciones sin base sólida de un imputado que busca salvar su patrimonio y su libertad, el tribunal no está haciendo justicia: está legitimando una operación de acoso gubernamental que ya se desarrolla en paralelo desde otros frentes judiciales y mediáticos. La verdad judicial resultante se fabrica a la medida de los intereses de un bloque de poder tradicional, que utiliza los juzgados como una aduana política por la que debe pasar —y en la que debe ser desgastado— todo proyecto que cuestione las relaciones de producción y distribución heredadas.
La economía política de este nuevo modelo procesal introduce la figura del delator mercenario: un sujeto que permuta declaraciones incriminatorias contra terceros a cambio de una reducción drástica de su propia condena y de la inmunidad frente a las consecuencias civiles de sus actos. Esta figura no es anecdótica; representa la cristalización jurídica de la lógica del capital en su fase de acumulación más depredadora, donde todo —incluida la verdad judicial— se convierte en mercancía susceptible de ser intercambiada en un mercado regulado por relaciones de fuerza. El peligro de este precedente trasciende con mucho la coyuntura del caso concreto. Se trata de un ensayo jurisprudencial rigurosamente calculado para su posterior despliegue a gran escala. La meta a corto y medio plazo no es secreta: establecer una pasarela jurídica que permita, en fases sucesivas, armar causas penales contra figuras de máxima relevancia política que hayan representado proyectos de reformismo social, singularmente contra el ex presidente José Luis Rodríguez Zapatero. El diseño está listo para operar en las coordenadas precisas del presente: en un momento de aguda ofensiva político-judicial contra el Gobierno de coalición, bastará con incentivar a cualquier implicado en una trama económica —por periférica que sea su vinculación con los hechos— para que, a cambio de un generoso alivio punitivo, señale hacia miembros del Ejecutivo o de su entorno inmediato, proporcionando así la coartada procesal que permita abrir nuevas causas o reavivar las ya existentes con el único fin de erosionar la legitimidad y la capacidad de acción del poder democrático vigente actual y sepultar su reedición por un tiempo. Así se validará la apertura de causas generales que, en un Estado de Derecho legítimo, serían inadmisibles de plano por carecer de los indicios objetivos mínimos que exige la ley procesal.
Este fenómeno es indisociable de la ofensiva global que sacude el panorama institucional español, ofensiva que hunde sus raíces en la resistencia de las viejas y nuevas oligarquías a la redistribución del poder político y a los cambios económicos operados en las últimas décadas. En él conviven la reactivación de medidas cautelares insólitas contra Begoña Gómez, esposa del Presidente del Gobierno y el sostenimiento artificial de imputaciones sin base indiciaria real, prolongadas durante años con fines puramente estigmatizantes. La función de estas causas no es condenar —a menudo la condena es inviable— sino desgastar, deslegitimar y erosionar la autoridad moral de quienes ocupan posiciones de poder democrático, creando un estado de excepción judicial permanente que actúa como dique de contención frente a cualquier avance reformista. El motor que dinamiza este engranaje es la perfecta simbiosis entre una vanguardia de choque procesal —encarnada por acusaciones populares de la derecha y la ultraderecha española donde convergen el Partido Popular, Vox y organizaciones como Manos Limpias, Hazte Oir— y determinados sectores judiciales dispuestos a acoger cualquier libelo revestido de formalidad jurídica. La acción popular, concebida originalmente como un canal democrático de participación ciudadana en la administración de justicia, ha sido completamente vaciada de su espíritu constitucional. Convertida ya en ariete de una auténtica dictadura togada, pretende corregir en los tribunales lo que la ciudadanía decidió en las urnas. Cuando la sentencia penal se transmuta en mercancía de cambio político, la justicia fenece. Y cuando la justicia fenece, lo que queda es el ejercicio desnudo de la coacción al servicio de quienes nunca aceptaron que la soberanía popular pudiera disputarles el control real del Estado.