Por: Santiago Pérez
Todo ha ido a más y más.
Se pasaron día tras día calificando los graves acontecimientos del Procés de “Golpe de Estado”. Y lo que estamos presenciando ¿qué es?.
Todo esto empezó hace tiempo: desde que la derecha de verdad, la del poder económico, se recompuso para actuar en las Instituciones con el PP de Aznar (váyase Sr. González, cosas veredes Sancho) después de la desaparición de Franco y el “advenimiento” de la democracia. Desde entonces hasta hoy todo ha ido “a peor la mejoría”. Ya no aceptan ningún Gobierno que no responda a sus intereses.
De modo que el Gobierno constitucionalmente legítimo es un Gobierno/okupa contra el que todo vale, a menos que sea un Gobierno PP con sus correspondientes socios parlamentarios. Que si son fascistas o diabólicos indepes da lo mismo: se proclama la “Prioridad Criminal” contra las personas migrantes, o se habla catalán en la intimidad y se inicia la cesión del IRPF o lo que haga falta…Ya se sabe: España siempre es y sólo es lo que les conviene.
Confieso que me aterra todo el partenariado de esta estrategia.
En el Poder judicial, después de largos años secuestrando el Consejo General en claro fraude constitucional, ya tienen el juez idóneo en los tribunales y procedimientos oportunos: García-Castellón, Hurtado, Peinado…y el que, dicen por ahí, que controla todo desde atrás. Lo de estos días ha sido de traca: la jueza Teresa Palacios de cancerbera estricta de cualquier pregunta que pudiera tocar a M. Rajoy, a Cospedal y a la cúpula del PP (y del Gobierno) en el caso Kitchen reafirmando o las “líneas rojas” de la instrucción, por llamarla de algún modo, de García-Castellón. Todo para preservar a quienes autorizaron la utilización de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para destruir las pruebas de la corrupción del PP que enarbolaba Bárcenas. Y para perjudicar a Podemos, a los independentistas y demás adversarios políticos. O dicho de otra forma: a cualesquiera potenciales aliados parlamentarios del PSOE.
No hay herramienta contra el Gobierno que no utilicen: todo lo que conlleve margen de discrecionalidad judicial y, por tanto, de difícil revocación en vía de recurso lo emplean a fondo:
Valoración de testigos. A mí me ha impactado cómo Marchena condenó a Alberto Rodríguez sobre la declaración de un único testigo, que era el propio polícía denunciante, y cómo han desechado en la investigación y juicio del ex fiscal General todos los testimonios que diluían la revelación de un secreto que tantos conocían de antemano.
Prisión o libertad provisional: Ábalos al trullo y Montoro tan campante, como si hubiera menos riesgo de que se fugue el Ministro-fundador de Equipo Económico, el despacho que cobraba por amoldar el contenido de normas tributarias a los intereses de determinadas empresas.
Manejo de los tiempos procesales…todo, lo que se dice todo, en plena ofensiva contra un Gobierno progresista. Como diría mi padre, con lo largo que es el año (o los años desde que se inició la investigación de Kitchen) para ajustar el calendario y que coincidan en los mismos días, semanas y mes el juicio oral de Kitchen y el Caso Ábalos. Y eso por no mencionar la “programación” de resoluciones contrarias a la izquierda antes de las elecciones. Y si son contrarias a la derecha, “pa´dispués”. Y “a la viceversa”: si favorecen a la izquierda, después. Si a la derecha, antes. De las elecciones, claro.
A mí me tiene particularmente asombrado en lo que han ido convirtiendo la Fiscalía Anticorrupción, al mando de Luzón, Romeral y Cía. La sanción a la fiscala que ha venido actuando en el “Caso Montoro” porque intentó que se vaciara judicialmente el correo a.romero@minhap.es, el correo B de Cristóbal Montoro. La excarcelación del omnipresente Aldama por “colaborar” con la Justicia en un caso diferente al que había determinado su prisión provisional. Por decisión de Luzón y del fiscal del caso, Luis Pastor, que desempeñó diversos cargos en sucesivos gobiernos del PP. Y todo sin consultar siquiera al Fiscal General del Estado…Ahora ya sabemos para qué Anticorrupción le soltó las riendas, perdón retiró la solicitud de prisión provisional, que determinó el juez instructor se viera obligado a excarcelar a Aldama, hoy rutilante estrella judicial, con la benevolencia del presidente del Tribunal, Martínez Arrieta, y televisiva.
Y qué me dicen de la UCO, a las órdenes de Balas. Celeridad vertiginosa y exhaustividad investigadora “a sigún” qué asuntos. Indolencia y arrastradera de piernas en otros. ¿Se imaginan en qué casos circulan en primera y en cuáles en quinta? ¿O hace falta que les haga una relación?
No hay ningún mecanismo ni garantía del Estado de Derecho que resista una quiebra del pluralismo informativo, como la que estamos viviendo, en la que existe un oligopolio en manos de influyentes (e insaciables) poderes económicos y al servicio de sus gorgoritos políticos. Ni tampoco la degradación de los principios de independencia judicial y de su único sometimiento al imperio de la Ley (117.1 de la Constitución), que tan paciente como alevosamente han ido preparando durante años mediante la política de nombramientos y ascensos “discrecionales” por parte de un Consejo General del Poder Judicial secuestrado de hecho por el conservadurismo hispano. Que no es cualquier conservadurismo. Y a la Historia de esta España nuestra me remito.
Y si encima las actividades de auxilio judicial a cargo de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad también cojean del pié derecho, pobre democracia. Pobre España. Menos mal que existen policías dignos, y espero que muchos más, como el inspector-jefe Marocho.