POR: INTERSINDICAL CANARIA
«Esther Monzón, un auténtico “florero” al frente de la Consejería de sanidad, acude al Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, alineándose con las posiciones más regresivas de la derecha española, que históricamente han supuesto un retroceso en los derechos laborales del conjunto de los trabajadores del sistema sanitario público. Este doble discurso, si tenemos en cuenta el apoyo que dice prestar a determinados colectivos laborales en las islas, no solo es incoherente, sino profundamente desleal con los profesionales a los que dice “representar” en Madrid y a los cuales desprecia en el día a día, imponiéndoles unas condiciones laborales y salariales insufribles, fruto de su nefasta gestión.
Nos encontramos, por tanto, ante una política del gobierno y su consejera sanitaria basada en el escaparatismo institucional, con la mirada de la centrada en las aspiraciones para nuevos cargos políticos, donde la imagen pública prima sobre la adopción de medidas estructurales que realmente mejoren las condiciones de trabajo y la calidad asistencial. Un modelo que se agota en la apariencia y que no responde a las necesidades reales del sistema sanitario ni de sus profesionales.
A esta situación se suma un hecho especialmente grave en el ámbito canario: la vulneración sistemática de la negociación colectiva en el Servicio Canario de la Salud. La Mesa Sectorial permanece, en la práctica, secuestrada, sin un funcionamiento ordinario, transparente y garantista, impidiendo el debate real sobre las condiciones laborales y asistenciales del personal.
Lejos de promover espacios de diálogo sinceros y efectivos, la Consejería opta por la convocatoria de sesiones extraordinarias puntuales, diseñadas estratégicamente para limitar la capacidad de las organizaciones sindicales de fiscalizar la gestión, denunciar las deficiencias del sistema y exigir responsabilidades. Esta práctica supone un claro intento de evitar el control democrático y sindical y ciudadano.
Ejemplo especialmente grave del maltrato sistemático que esta Consejera dispensa a las trabajadoras y trabajadores del Servicio Canario de Salud lo encontramos en la política retributiva que viene aplicando.
Por un lado, resulta inaceptable el hurto continuado en el abono de incentivos, a pesar de la existencia de pronunciamientos judiciales que reconocen derechos económicos al personal. Lejos de corregir esta situación, la Administración persiste en prácticas que vulneran derechos consolidados, obligando a los profesionales a recurrir constantemente a la vía judicial para percibir lo que legítimamente les corresponde.
Pero aún más sangrante es el mantenimiento del recorte del 35% de la paga extra, que desde el año 2012 se viene aplicando de forma sistemática en las nóminas de toda la plantilla del SCS. Este recorte, que debía tener carácter excepcional y temporal, se ha consolidado como una medida estructural, perpetuando una merma económica injustificada sobre miles de profesionales sanitarios.
Resulta profundamente incoherente que quien alardea públicamente de defender a los profesionales sanitarios mantenga, en la práctica, un modelo que cronifica la precariedad laboral y económica de sus propias trabajadoras y trabajadores, situación que no solo supone un agravio económico, sino también un claro desprecio hacia quienes sostienen día a día el sistema sanitario público con su esfuerzo, compromiso y profesionalidad.
Resulta profundamente incoherente que quien alardea públicamente de defender a los profesionales sanitarios mantenga, en la práctica, un modelo que cronifica la precariedad laboral y económica de sus propias trabajadoras y trabajadores.
Desde esta organización sindical exigimos:
- La restitución inmediata de la negociación colectiva real y efectiva en la Mesa Sectorial.
- Un posicionamiento claro y coherente en el ámbito estatal, que defienda sin ambigüedades los derechos del personal del Sistema Nacional de Salud sin distinciones de las diferentes categorías.
- El abandono de las políticas de maquillaje y propaganda, sustituyéndolas por medidas concretas, negociadas y evaluables.
- El reconocimiento efectivo de todos los colectivos profesionales en el nuevo Estatuto Marco, en condiciones de equidad y justicia, sin el desprecio que en la actualidad se hace, también desde la comunidad autónoma como responsable, hacia las diferentes categorías tanto sanitarias como no sanitarias del SCS.
- La verdadera defensa de los derechos laborales y de un sistema sanitario público digno exige coherencia, transparencia y compromiso real, no discursos vacíos»