Desde Derecho al Techo denuncia y exige la nulidad del Decreto del Registro de Demandantes de Vivienda Protegida y del nuevo sistema de adjudicación, aprobado por el Consejo de Gobierno de Canarias el 23 de diciembre de 2025 y ampliado el 9 de marzo de 2026, que establece que las personas solicitantes deben acreditar doce años de residencia continuada en las Islas Canarias para poder acceder a una vivienda pública.
Consideran que este decreto es ilegal y jurídicamente impugnable, ya que vulnera normas de rango superior como el artículo 22 del Estatuto de Autonomía de Canarias y el artículo 47 de la Constitución Española.
«Un decreto es una norma reglamentaria subordinada a la ley y a la Constitución. Por tanto, no puede restringir, limitar ni reinterpretar derechos reconocidos en una ley orgánica ni en la propia Constitución. Cuando lo hace, incurre en nulidad de pleno derecho o, como mínimo, en causa de anulación», afirman.
Desde el colectivo indican que el requisito de doce años de residencia contradice y vacía de contenido el artículo 22 del Estatuto de Autonomía de Canarias, que reconoce el derecho a una vivienda digna y adecuada. Asimismo, puede vulnerar el artículo 47 de la Constitución Española, que reconoce el derecho de todas las personas a disfrutar de una vivienda digna y adecuada y obliga a los poderes públicos a hacerlo efectivo.
A esto añaden que, además, el Gobierno de Canarias ha comenzado a “repartir” y anunciar adjudicaciones de viviendas públicas que en realidad no existen, en una maniobra claramente electoralista que busca ganar titulares mientras la población sigue sin acceso real a vivienda digna y adecuada. Esta estrategia no soluciona el problema estructural de escasez de vivienda pública, sino que convierte un derecho fundamental en un instrumento de propaganda política. Y que imponer doce años de residencia no protege a la población canaria, no aumenta el parque público de vivienda y no frena la especulación ni el uso turístico de la vivienda.
Para Derecho al Techo, este decreto es desvía el problema de la escasez estructural de vivienda pública hacia los sectores más vulnerables, fomentando la exclusión y la desigualdad.
El derecho a la vivienda no se defiende levantando barreras administrativas, sino cumpliendo el Estatuto de Autonomía, respetando la Constitución, aumentando el parque público de vivienda, regulando el mercado y poniendo límites reales a la especulación.
Por todo ello, Derecho al Techo exige la retirada inmediata y la nulidad de este decreto, así como la puesta en marcha de políticas públicas valientes que garanticen el derecho a la vivienda para todas las personas que viven en Canarias.
«La vivienda es un derecho, no un privilegio ni un instrumento de exclusión», concluyen.