Por: José Manuel Rivero
Mientras el debate público en España se extravía, fundamentalmente, en asuntos banales y de farándula politiquera, frente a Dakar se desarrolla un episodio que desvela hasta qué punto la guerra híbrida ya no reconoce fronteras. El petrolero Mersin, escorado y con 39.000 toneladas de diésel a bordo, no es un accidente aislado: es la manifestación de un conflicto que ha descendido hacia el sur y que ahora roza las líneas marítimas que determinan nuestra seguridad energética y ecológica.
El informe de African Security Analysis: https://www.africansecurityanalysis.com/updates/senegal-critical-maritime-emergency-tanker-mersin-listing-off-dakar-with-39-000-tonnes-of-diesel, desmiente la placidez de los comunicados oficiales. La naviera Besiktas Shipping ha confirmado cuatro explosiones externas contra el buque mientras estaba fondeado. Cuatro impactos precisos, ejecutados con la técnica característica de los drones navales, atribuidos a Ucrania, utilizados en ataques recientes en el Mar Negro. La compañía insiste en que cumplía estrictamente con los regímenes internacionales de sanciones, incluidos los establecidos por el G7 y la Unión Europea. Es precisamente esa insistencia la que ilumina el problema central: la legalidad ya no protege a nadie cuando las potencias emplean el mar como campo silencioso de su disputa estratégica. En ese escenario, un buque que transporta combustible de origen ruso, aunque esté operado dentro de todas las normas, puede ser tratado como objetivo útil del bloque atlantista que patrocina al régimen corrupto de Kiev, dentro de operaciones destinadas a encarecer, interrumpir o desviar los flujos energéticos globales.
La pregunta decisiva nunca es “qué ha pasado”, sino a quién favorece lo ocurrido. El patrón del ataque se ajusta a la lógica de quienes buscan golpear la logística vinculada a Rusia en cualquier punto de su proyección internacional, ampliando la guerra más allá de su geografía original. Esa es la realidad material de un conflicto donde cada actor pretende imponer sus intereses expandiendo el teatro de operaciones al océano, y donde los daños colaterales se descargan sobre regiones que no participan en la disputa y que no tienen capacidad de defensa.
La situación del Mersin es alarmante. La escora aumenta, el casco ya está parcialmente sumergido y el trasvase del combustible se improvisa con medios insuficientes. Los análisis técnicos hablan de una posible ruptura estructural. Si se produce un vertido, 39.000 toneladas de diésel devastarían la bahía de Dakar, destruirían pesquerías esenciales para la soberanía alimentaria de África Occidental y podrían alcanzar nuestras aguas arrastradas por las corrientes atlánticas.
Pero lo más grave, en términos políticos, es el silencio en Canarias. Ninguna institución ha exigido explicaciones. No se han activado protocolos. No se ha anunciado cooperación con los países de la región. Nuestro Archipiélago parece resignado a contemplar cómo el Atlántico que lo rodea se convierte en un corredor sujeto a operaciones encubiertas sin que nadie asuma responsabilidad. La indiferencia institucional se ha convertido en una forma de consentimiento frente al riesgo.
Si algo demuestra este episodio es que las guerras del siglo XXI ya no se libran solo en tierra, sino en los circuitos que sostienen la vida de los pueblos. Y quienes deberían proteger esos circuitos guardan un silencio que raya la renuncia.
El Mersin es un aviso. Si Canarias continúa inmóvil, cuando el siguiente ataque o sabotaje afecte directamente a nuestras aguas, no habrá excusa posible.
La historia no absuelve a los que callan ante el peligro.