Un numeroso grupo de personas convocadas por colectivos, sindicatos y asociaciones se concentraron a las 12 horas de este sábado 6 de diciembre, Día de la Constitución, en la capital grancanaria, para protestar contra el fallo condenatorio anunciado por el Tribunal Supremo contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.
MANIFIESTO
6 de diciembre de 2025 – Ciudad de la Justicia de Las Palmas de Gran Canaria
NI ACATAMOS NI RESPETAMOS LA CONDENA SIN SENTENCIA AL FISCAL GENERAL DEL ESTADO
Ciudadanas y ciudadanos de Canarias:
Nos concentramos hoy, día de la Constitución, frente a la Ciudad de la Justicia no para celebrar, sino para denunciar. Lo que la Sala Segunda del Tribunal Supremo consumó el 20 de noviembre no fue justicia: fue un golpe judicial que vulnera el Estado de derecho.
Han transcurrido más de quince días desde que el Tribunal publicó un fallo condenatorio contra Álvaro García Ortiz. Quince días sin sentencia, sin hechos probados, sin fundamentos jurídicos, sin razones que justifiquen su inhabilitación de dos años, la multa y la indemnización.
El propio Tribunal Supremo admitió que «la sentencia, pendiente de redacción, surtirá efectos». Esta frase encierra una contradicción jurídica insostenible: una sentencia pendiente de redacción no existe, y lo que no existe no puede surtir efectos. Un proyecto no es el acto jurídico final.
Una sentencia penal, según el artículo 142 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y el 248.3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, debe contener tres elementos: hechos probados, fundamentos de derecho y parte dispositiva. Sin estos tres elementos redactados, firmados y completos, no hay sentencia. Lo que el Tribunal publicó el 20 de noviembre es únicamente el tercer elemento —el fallo— sin los dos primeros. Un fallo sin hechos ni fundamentos no es sentencia válida: es un acto de voluntad carente de motivación, una conclusión sin razonamiento.
Esto no es irregularidad formal: es vulneración directa del artículo 120.3 de la Constitución, que establece que «las sentencias serán siempre motivadas». La motivación no es requisito burocrático que se añade después: es garantía constitucional esencial del derecho a tutela judicial efectiva. Sin motivación, la sentencia es un acto de poder arbitrario.
Las anomalías no terminan aquí. Tres de los cinco magistrados que votaron condena —Andrés Martínez Arrieta, Antonio del Moral y Juan Ramón Berdugo— cobraron del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid mientras deliberaban. El ICAM no era neutral: era acusación popular, el primero en presentar querella y pedía cuatro años de prisión. Los tres impartieron clases remuneradas en un curso del ICAM los días 17, 18 y 19 de noviembre, mientras deliberaban. El fallo se hizo público el 20 de noviembre.
Pero la relación entre estos magistrados y las acusaciones es más profunda. Antonio del Moral codirigió durante años las tesis doctorales de dos abogados de las acusaciones. La dirección de una tesis implica años de encuentros periódicos, mentoría y vínculos académicos duraderos. Del Moral formó a quienes luego presentarían acusaciones ante él, educándolos en técnicas procesales y argumentos jurídicos que emplearían como acusadores. Y el 31 de enero de 2025, Del Moral recibió el VII Premio Altodo en una ceremonia en el ICAM, presidida por Eugenio Ribón, decano de ese mismo colegio que había presentado la primera querella contra García Ortiz apenas diez meses antes.
Hay más. El 18 de noviembre, durante el curso del ICAM, el magistrado Andrés Martínez Arrieta —presidente de la Sala y ponente— declaró ante testigos: «Acabo porque tengo que poner la sentencia del fiscal general del Estado». Esta frase revela información protegida por el secreto de deliberación del artículo 233 de la LOPJ: que las deliberaciones ya tenían estructura decisoria y el sentido del fallo era condenatorio. El magistrado que condenó por «revelación de datos reservados» reveló públicamente secretos de deliberación. Por eso ha sido querellado por el mismo delito.
Esta acumulación no es casual: es evidencia de lawfare —uso instrumental del derecho como arma política— para desplazar al Fiscal General mediante un proceso viciado. Un fallo sin sentencia que emplea términos que no aparecen en el tipo penal. Magistrados que cobran de las acusaciones durante las deliberaciones. Magistrados que dirigen tesis de los acusadores y reciben premios de las acusaciones. Un presidente de tribunal que revela secretos de deliberación. Y todo ello sin que exista, quince días después, la sentencia que debe justificar la condena.
Esta Sala Segunda no ofrece las garantías de apariencia de imparcialidad objetiva que exige el artículo 24.2 de la Constitución. No tiene apariencia de imparcialidad, ni credibilidad institucional, ni merece el respeto ciudadano. Porque la justicia no solo debe hacerse: también debe parecerse. Un tribunal cuyos miembros cobran de las acusaciones, revelan secretos y condenan sin sentencia no es imparcial: es brazo ejecutor de una estrategia política.
Por eso decimos hoy, frente a la Ciudad de la Justicia: NI ACATAMOS NI RESPETAMOS ESTA CONDENA.
No la acatamos porque una condena sin sentencia no es válida. Es vulneración del artículo 120.3 que estos magistrados juran defender.
No la respetamos porque carece de imparcialidad, rigor jurídico y sometimiento a la ley. Tiene fallo sin sentencia, magistrados que cobran de las acusaciones, revelación de secretos de deliberación y quince días de silencio mientras construyen a posteriori los argumentos que justifiquen lo ya decidido.
Exigimos la publicación inmediata de la sentencia completa. Queremos conocer los hechos probados y los fundamentos jurídicos que sustentan la condena. Queremos saber por qué el fallo emplea «datos reservados» cuando el artículo 417.1 del Código Penal exige «secretos» o «informaciones que no deban ser divulgadas». Queremos saber qué norma establecía el deber de reserva sobre la nota de la Fiscalía Provincial de Madrid del 14 de marzo de 2024, pues el tipo penal exige que la información «no deba ser divulgada» por norma previa. Exigimos respeto al derecho fundamental a sentencia motivada, porque sin motivación no hay sentencia, y sin sentencia no hay condena válida.
Exigimos la recusación de los cinco magistrados que votaron condena por pérdida de imparcialidad objetiva y revelación pública de secretos de deliberación. Exigimos repetición del juicio con tribunal diferente, como corresponde cuando la imparcialidad queda comprometida. Porque el ordenamiento prevé estos mecanismos precisamente para estas situaciones.
Lo que está en juego no es solo la condena del Fiscal General. Está en juego la supervivencia del Estado de derecho. Si aceptamos condenar sin sentencia, que magistrados cobren de las acusaciones, que se revelen secretos de deliberación, que todo esto se haga contra el máximo responsable del Ministerio Fiscal sin consecuencias, aceptamos que el Poder Judicial actúe al margen de las garantías constitucionales cuando lo considere políticamente oportuno. Eso no es Estado de derecho: es un poder judicial convertido en político sin control democrático.
Hoy se conmemora el día en que el pueblo español refrendó la Constitución de 1978. Pero nosotros no estamos aquí para celebrar. No hay nada que celebrar. Estamos para constatar que esa Constitución es papel mojado, vulnerada sistemáticamente por quienes juran defenderla.
Una Constitución cuyas políticas sociales fueron derogadas con la reforma exprés del artículo 135 en 2011, sin consulta popular, para subordinar derechos sociales al pago de la deuda. Una Constitución que nombró rey a Juan Carlos I, quien huyó del país acosado por escándalos de corrupción sin que ningún tribunal se atreviera a juzgarlo. Y ahora, una Constitución cuyo artículo 120.3 —sentencias siempre motivadas— es violado abiertamente por la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, que condena primero y promete redactar la motivación después, si es que algún día la redacta.
Esta Constitución no nos protege, no vincula al poder y es el marco en que el poder judicial actúa como poder político sin control democrático. Hoy estamos aquí para constatar su fracaso y exigir un proceso constituyente que permita dotarse de un marco jurídico que garantice realmente los derechos, que someta a todos los poderes a la ley, que impida que un tribunal condene sin sentencia o que un rey huya de la justicia. Todos los poderes tienen que emanar materialmente del pueblo.
La paradoja de hoy es insoportable: el día que se conmemora esta Constitución, nos toca concentrarnos para denunciar que el Tribunal Supremo la vulnera sin consecuencias. Pero esa paradoja confirma que esta Constitución ha dejado de ser marco de convivencia democrática para convertirse en coartada del poder arbitrario. Por eso decimos: no hay nada que conmemorar. Hay mucho que cambiar. Exigimos un proceso constituyente que ponga fin a esta farsa y devuelva la soberanía al pueblo.
Esta no es defensa corporativa del Fiscal General. Es defensa de los derechos fundamentales de cualquiera que comparece ante un tribunal. Del derecho a saber por qué te condenan. Del derecho a ser juzgado por un tribunal imparcial, sin vínculos económicos, académicos e institucionales con quienes te acusan. Del derecho a no ser condenado sin sentencia. Del derecho a que la justicia funcione conforme a la Constitución y las leyes, no a intereses políticos disfrazados de jurisdicción.
Por eso decimos, ahora, sin rodeos: NI ACATAMOS NI RESPETAMOS ESTA CONDENA, NI LA SENTENCIA QUE REDACTE LA MAYORÍA QUE CONDENÓ AL FISCAL GENERAL DEL ESTADO.
Porque acatar lo inadmisible es legitimarlo. Y respetar lo ilegítimo es convertirnos en cómplices.
La historia no perdona a quienes, pudiendo defender la justicia, prefieren el silencio. Hoy, en Canarias, en el Día de la Constitución, frente a la Ciudad de la Justicia, alzamos la voz para decir que la justicia sin imparcialidad no es justicia: es poder arbitrario. Y el poder arbitrario no merece respeto: merece resistencia.
Que lo sepan los magistrados de la Sala Segunda: mientras no publiquen la sentencia completa, mientras no justifiquen jurídicamente su decisión, mientras no respondan por sus vínculos con las acusaciones, mientras no se sometan al escrutinio democrático, esta condena sin sentencia no tendrá legitimidad ni respeto.
Ni acatamos ni respetamos la condena sin sentencia.
Exigimos repetición del juicio con tribunal imparcial.
Exigimos sentencia motivada.
Exigimos una Constitución que sea algo más que papel mojado.
Defendemos el Estado social y democrático de derecho frente al golpe judicial.
Las Palmas de Gran Canaria, 6 de diciembre de 2025
Sindicatos, partidos políticos, organizaciones sociales y ciudadanía democrática de Canarias