Los 40 abogados que presentaron ayer un escrito ante la Fiscalía Superior de Canarias solicitando que actuase ante la manifestación del 6 de julio en las islas, por constituir sus objetivos y lemas un posible delito de manifestación ilícita en relación con el delito de odio del artículo 510 del Código Penal, han conocido hoy con sorpresa y a través de los medios de comunicación, la respuesta del Ministerio Fiscal en la que afirman que autorizar o suspender una Manifestación no es de su competencia, lo cual que corresponde a la Delegación del Gobierno de Canarias.
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Los juristas han presentado hoy miércoles otro escrito de respuesta ante la Fiscalía General de Canarias, en el que muestran su sorpresa: «toda vez que lo que se le ha solicitado es que ejercite las acciones legales y medidas oportunas y que actúe conforme al artículo 773.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que le obliga a que cuando el Ministerio Fiscal tenga conocimiento de un hecho aparentemente delictivo, bien directamente o a raíz de una denuncia o atestado, practicará el mismo u ordenará a la policía judicial que practique las diligencias que estime pertinentes para la comprobación del hecho o de la responsabilidad de los partícipes en el mismo».
Consideran los juristas que a la vista de los hechos y con las pruebas y documentos gráficos que los convocantes de estas manifestaciones han divulgado a través de las redes sociales, se observa que las mismas pueden ser constitutivas de los delitos antes indicados.
La abogada Inés Miranda, portavoz de los juristas denunciantes, ha indicado en radio San Borondón que la Fiscalía debe actuar como le corresponde y cumplir con la legalidad: «no se puede poner de perfil ante estos graves hechos. Debe trasladarlo al juzgado para que prohíba dichas manifestaciones».