Por: José Manuel Rivero
El genocidio en Gaza ha sido reconocido como tal por instancias clave del derecho internacional. La Corte Internacional de Justicia (CIJ), mediante sus medidas provisionales del 26 de enero de 2024, exigió a Israel abstenerse de actos que pudieran constituir genocidio. La Comisión Internacional Independiente de la ONU, en su informe del 16 de septiembre de 2025, concluyó que Israel ha perpetrado cuatro de los cinco actos genocidas tipificados en la Convención de 1948: asesinato, lesiones graves físicas o mentales, imposición de condiciones de vida destinadas a la destrucción del grupo palestino, e impedimento de nacimientos. Estos no son juicios retóricos, sino determinaciones jurídicas de la más alta instancia normativa internacional.
Las cifras corroboran la magnitud de la barbarie: más de 65.000 muertos en Gaza desde octubre de 2023, entre ellos más de 20.000 niños; unos 165.700 heridos; más de 470.000 personas al borde de la hambruna en un territorio sometido a un bloqueo ilegal. Israel ha lanzado más de 70.000 toneladas de explosivos sobre Gaza, superando la devastación de Dresde o Londres en la Segunda Guerra Mundial. Son datos que no admiten interpretación neutral: documentan un genocidio en curso.
Ante esta evidencia, los grandes medios privados españoles —Mediaset y Atresmedia— no se han limitado a informar, sino que han actuado como verdaderos aparatos ideológicos en sentido gramsciano: dispositivos que fabrican consenso y moldean el “sentido común”. Como advirtió Gramsci, la hegemonía se construye no solo mediante coerción, sino también mediante la producción cultural que normaliza lo inaceptable. La televisión, con su poder de penetración en millones de hogares, es hoy el escenario privilegiado de esa lucha por la hegemonía.
Los ejemplos de septiembre de 2025 lo muestran con claridad. El 16 de septiembre, en Al Rojo Vivo (La Sexta), los objetivos declarados por el gobierno israelí se reprodujeron sin contraste, con frases como “Israel busca acabar con la amenaza definitiva de Hamás”, mientras se omitían las medidas de la CIJ y el informe de la ONU. El 17 de septiembre, en Noticias Cuatro, el desplazamiento forzado de miles de gazatíes fue reducido a “nuevo éxodo en Gaza”, sin mencionar matanzas masivas o hambruna inducida. El 18 de septiembre, Antena 3 Noticias abrió con declaraciones de Netanyahu, describiendo la invasión terrestre como “avance estratégico hacia el fin de la guerra”, con mapas y vídeos proporcionados por el propio ejército israelí. El 19 de septiembre, en El Programa de Ana Rosa, el político Antonio Maíllo denunció el genocidio, pero la presentadora desvió la crítica hacia la polémica personal, reduciendo lo que debía ser una denuncia jurídica a un espectáculo de confrontación. El 26 de septiembre, Noticias Cuatro informó de la devastación de Gaza con 70.000 toneladas de bombas, pero la discusión fue banalizada en un intercambio de opiniones, sin marco jurídico alguno.
La flotilla humanitaria que zarpó hacia Gaza en esas mismas fechas fue otro ejemplo revelador. En Antena 3 Noticias se sugirió que “podría ser utilizada por Hamás” para introducir material, sin prueba alguna. En Cuatro al día se habló de la “temeridad” de los activistas europeos, como si el problema fuese su osadía y no el bloqueo ilegal. En La Sexta, un tertuliano redujo la acción a “puro gesto propagandístico”. Así, lo que es un acto legítimo de desobediencia civil frente al sitio genocida se despojó de su sentido jurídico y político, quedando marcado por la sospecha mediática.
En este panorama, la figura de Antonio Maíllo resulta especialmente significativa. Nacido en Lucena (Córdoba) en 1966, filólogo clásico, profesor de latín y actual coordinador general de Izquierda Unida, Maíllo ha sido una de las voces políticas más claras en la denuncia del genocidio palestino. En septiembre de 2025, en la II Marcha Columna de los 8.000 en Badajoz, denunció: “Vivimos un momento donde asistimos a un genocidio televisado”. También afirmó: “La matanza indiscriminada de civiles indefensos en Gaza ya sucedió en España en 1936”. Su intervención en El Programa de Ana Rosa marcó un punto álgido: “Es una vergüenza el cinismo ante un gobierno criminal que está asolando una población y asesinando a 65.000 personas, 18.000 de ellas niños. Ustedes son los colaboracionistas que justifican la acción de Israel, que es un Estado genocida… Esto es Auschwitz en 2025”.
La respuesta mediática fue inmediata: Ana Rosa Quintana replicó “¿pero quiénes somos los colaboracionistas?” y relativizó la denuncia diciendo que “aquí se ha creado un debate con una palabra”. Isabel San Sebastián, tertuliana del programa, llegó a calificar a Maíllo de estar “mal de la cabeza” por hablar de genocidio. El efecto fue el típico mecanismo de neutralización: transformar una denuncia fundada en derecho internacional en una controversia personal, diluyendo la acusación en un falso equilibrio de opiniones.
Este episodio televisivo, con sus transcripciones hoy disponibles en la prensa y en vídeos accesibles, constituye un apéndice documental que prueba cómo operan los aparatos ideológicos: Maíllo introduce cifras, acusaciones directas y marcos jurídicos; el medio responde con desvíos retóricos, relativizaciones y ataques ad hominem. Lo que debería ser un debate sobre la responsabilidad penal internacional de un Estado se convierte en una polémica de plató, en la que el genocidio se reduce a “una palabra” más.
El patrón es claro: falsa simetría entre un Estado con ejército nuclearizado y una organización irregular; minimización de la evidencia, reducida a cifras sin contexto; vaciamiento del derecho internacional, que se omite o se presenta como irrelevante; primacía del espectáculo, que convierte la masacre en un show. Son mecanismos que configuran una hegemonía cultural donde la barbarie es normalizada, la solidaridad es sospechosa y la justicia internacional es silenciada.
Desde una lectura gramsciana, estos medios no son meros observadores: son parte activa en la construcción del consenso que blinda la impunidad de los responsables. Al presentar un genocidio como conflicto, al deslegitimar iniciativas humanitarias como la flotilla, al transformar las denuncias en polémica, la televisión privada española actúa como aparato de consentimiento, consolidando el sentido común dominante que trivializa la tragedia palestina.
La tarea del periodismo no puede ser otra que la contraria: nombrar genocidio donde hay genocidio, incorporar de manera central los pronunciamientos de la CIJ y la ONU, poner en primer plano las cifras verificadas, requerir a la comunidad internacional que convierta al Estado de Israel como un Estado paria -un Estado paria es aquel que, por sus acciones o políticas, se encuentra al margen de la aceptación y cooperación internacional, enfrentando aislamiento y sanciones como resultado – mientras continúe perpetrando crímenes de lesa humanidad; exigir responsabilidades penales internacionales, justicia y reparación. Lo demás es reproducir, bajo formas espectaculares, el silencio cómplice de la hegemonía.