Por: José Manuel Rivero
La reciente macrooperación de la Guardia Civil en el asentamiento de Bahía de Formas, donde sobreviven cientos de familias y hasta un millar de personas en unas 200 construcciones precarias, no es un hecho aislado ni una anécdota urbanística. Es, en realidad, el retrato más descarnado de un fracaso colectivo: el de las políticas de vivienda en Canarias.
Resulta obsceno que, mientras el Estado y la Comunidad Autónoma reconocen la existencia de más de 200 000 viviendas vacías en las islas, seres humanos se vean obligados a habitar chabolas, caravanas o estructuras improvisadas, sin servicios, en insalubridad y al margen del derecho. El artículo 47 de la Constitución Española consagra el derecho a una vivienda digna; los poderes públicos deben garantizarlo.
Los datos son escalofriantes: en Santa Cruz de Tenerife, el 17,3 % del parque inmobiliario está vacío; en Las Palmas de Gran Canaria, un 14,3 %. Aun así, el precio del alquiler aumentó un 17 % en 2024, lo que condena a muchos jóvenes a destinar hasta el 40 % de su salario a una habitación. La contradicción es brutal: sobra ladrillo, pero falta techo. Se legisla mucho y se actúa poco. Mientras tanto, la inacción institucional y la especulación expulsan a los más vulnerables.
El Cabildo de Gran Canaria anuncia 1 000 viviendas públicas; Mogán proyecta 254 viviendas asequibles. Sin embargo, estas cifras palidecen ante la existencia de cientos de miles de inmuebles vacíos. Faltan medidas contundentes de movilización del parque vacío, mecanismos sancionadores reales, y políticas de alquiler social contundentes.
Desde una perspectiva jurídica, lo ocurrido en Bahía de Formas ejemplifica la transformación del derecho en ilegalidad. Las familias allí presentes no han ocupado por capricho, sino por desesperación. Aunque la Constitución reconoce la vivienda como derecho fundamental de carácter prestacional, la práctica institucional la ha mercantilizado sin garantizar eficacia real.
No está en la llamada “ocupación” el verdadero problema, por más que haya sido magnificada por una aterradora propaganda propietarista, alimentada incluso por escuadras de inspiración nazi-fascista que han creado “empresas desocupas”, actuando impunemente sin que el Estado democrático haya tenido la fuerza de ilegalizarlas. El verdadero problema radica en el acaparamiento y la especulación: en los grandes propietarios que mantienen cerradas viviendas, en la inversión salvaje que convierte hogares en activos financieros, y en el mercado que antepone el beneficio al derecho humano.
El caso Bahía de Formas interpela a nuestras instituciones: la dignidad humana debe imponerse sobre la especulación inmobiliaria. El Estado de Derecho no debe limitarse al desalojo, sino garantizar alternativas habitacionales previas. Su inacción vacía de contenido el artículo 47 CE y degrada el principio de Estado social y democrático de Derecho del artículo 1.1 CE.
La crisis de Bahía de Formas no es un accidente; es el resultado de años de omisión política, mientras el turismo devoraba el suelo y el mercado expulsaba a los más débiles. El fracaso de las políticas de vivienda en Canarias se mide no solo en cifras, sino en vidas destruidas, personas tratadas como ilegales en su propia tierra. La pregunta, en clave jurídica y política, es inevitable: ¿están nuestras instituciones y, en especial, el poder judicial, dispuestas a tomar y ejecutar decisiones en favor de los derechos de las personas a acceder a una vivienda digna y a no ser desalojadas hasta tener una alternativa habitacional, o seguirán gobernando para las élites propietaristas, que exigen inconstitucionalmente una protección absoluta del derecho a la propiedad privada, en especial de la vivienda?